RAMÓN COTARELO

Catedrático de Políticas Públicas

En 1980, Ronald Reagan ganó las elecciones presidenciales con el lema El Estado no es la solución sino el problema. En 1987, Margaret Thatcher dictaminaba en una revista para mujeres que “la sociedad no existe”. Hace unos días, Esperanza Aguirre completó el cuadro de hostilidad y desprecio hacia lo colectivo y lo público al afirmar que “la corrupción es inherente a las instituciones”. No son exabruptos, sino manifestaciones de la lógica liberal y neocon: no al Estado, a la sociedad, a las instituciones. Sustituidos por la desregulación, el individualismo de rapiña, la ley del más fuerte o de quien mejor saquee las arcas públicas.

No es contradictorio que quienes demuestran tal animadversión hacia los mecanismos tradicionales de protección de los intereses generales formen partidos políticos, se presenten a las elecciones y gestionen las instituciones del Estado concebidas para proteger a la sociedad civil. Lo hacen con la finalidad de dinamitarlas para que se expandan la codicia, el muy famoso y siempre mal interpretado ¡enriqueceos! y se obtengan resultados tan óptimos como la actual crisis mundial en donde, gracias a la falta del Estado y las instituciones y al imperio de la desregulación, la inmensa mayoría se arruina y una exigua minoría se enriquece.

La idea de que la corrupción es inherente a las instituciones es un intento de desviar la responsabilidad de las fechorías de los presuntos corruptos sobre los mecanismos de que se valen, y una muestra de ignorancia y mala fe. Ignorancia porque no sabe que, siendo las instituciones puros medios o instrumentos, carecen de toda condición inherente. Y ya no digamos si, dada la flexibilidad del concepto institución, recordamos que la más característica de nuestra sociedad es la familia. Mala fe porque el matiz de que lo que importa no es que la corrupción se dé, sino si se toman o no medidas cuando se haya dado, viene a decir que carece de sentido la actividad preventiva de comportamientos ilícitos y sólo lo tiene la punitiva. O sea, la corrupción únicamente es condenable si se detecta; si no se detecta, forma parte de las reglas del juego de unos políticos que entienden su mandato como una ocasión de enriquecerse personalmente o facilitar que lo hagan los parientes y allegados.

No pueden ser corruptas las instituciones, sino los/as políticos/as que las ocupan.