El 14 de marzo de 2021 nuestras vidas cambiaron: desde entonces la Sanidad y la Economía han estado omnipresentes, la primera con un trágico balance de muertos y, la segunda, con un aumento de la desigualdad creciente y ambas afectando a las personas más vulnerables de la sociedad. La pandemia sí entiende de clases sociales.

Los profesionales sanitarios han respondido de manera encomiable al desafío al que se enfrentaban y a la realidad de un sistema sanitario público lastrado por las múltiples carencias arrastradas desde la crisis de 2008.

Las sucesivas olas pandémicas han obligado a los Gobiernos de las comunidades autónomas a tirar de manual de urgencias y a practicar el ensayo-error para enfrentarse a una situación no conocida, al menos desde la mal llamada gripe española.

Hemos pasado de una situación sanitaria casi controlada, la vacunación a buen ritmo y la mascarilla parte del tiempo en el bolsillo al temor a una quinta ola. La perplejidad se ha instalado en nuestras vidas.

La tregua desde la cuarta ola ha permitido vacunar a un 42% de la población con la pauta completa, ¿conseguiremos la inmunidad de grupo a finales de julio, tal y como estaba previsto? No parece posible. Nuevamente las cosas no salen como estaban previstas, la variante Delta se ha adelantado y ya parece que la inmunidad de grupo no se alcanzará con un 70% de la población vacunada.

La tregua también ha permitido a algunas comunidades empezar a replantearse cambios en un sistema sanitario público que necesita, a todas luces, ser transformado y reforzado. La pandemia ha demostrado que solo un sistema sanitario público y universal, como el de nuestro país, es capaz de afrontar con garantía, aún en condiciones precarias, una pandemia de la magnitud que hemos sufrido. Este debería ser el punto de partida.

El País Valencià hizo frente a la pandemia, planteó una buena estrategia de vacunación y ha sido de las primeras comunidades en reducir las alarmantes tasas de contagio, todo ello fruto de una adecuada estrategia político-sanitaria. Sin embargo, fueron otras decisiones sanitarias, como el intento de crear una empresa pública sanitaria (EPS), las que pusieron en guardia a diferentes colectivos sociales y profesionales.

Los sucesivos gobiernos del PP en el País Valencià privatizaron la gestión sanitaria que afectaba a un 20% de la población bajo la fórmula de concesiones sanitarias y también el servicio de resonancias magnéticas. Paralelamente descapitalizaron el sistema sanitario público a todos los niveles: infraestructuras, tecnología y personal.

El Gobierno del Botánico promete revertir ambas situaciones y lleva a cabo la reversión de Alzira no llegando a tiempo de recuperar, para el sistema público en la fecha prevista, el servicio de resonancias magnéticas que continúa concertando con la empresa adjudicataria con un sobrecoste de 21 millones de euros en un solo año tal y como se ha publicado en la memoria de la EPS.

Llegado a este punto se produce un cambio en el instrumento y en el relato. La solución a la reversión de la concesión del Hospital de Torrevieja y a la recuperación de las resonancias contaba con una nueva fórmula: la creación de una empresa pública sanitaria. Ya tenemos el instrumento. Instrumento que no convence a los socios de gobierno -Unidas Podemos- a movimientos cívicos, agentes sociales ni a la mayoría de profesionales Es cierto que la EPS no es un fin en sí misma, pero de cómo se utilice dependerán los resultados, hay suficientes ejemplos de ello en empresas públicas de la Comunitat y no salen muy bien paradas. Tras las movilizaciones, y la falta de acuerdo entre los socios del Botánico, el Presidente Puig decide abandonar el proyecto de creación de la EPS.

Puede parecer que esa decisión ha terminado con el problema, pero desafortunadamente no es así. Se ha paralizado no por convencimiento, sino por la presión política, social y profesional. Una vez más el compromiso de las y los ciudadanos con los asuntos públicos que les afectan han cambiado el rumbo de una decisión que facilitaría la privatización sanitaria en un futuro cambio de ciclo político.

Se ha echado en falta un análisis y la construcción de un relato sólido sobre la EPS pero sobre todo de otro instrumento: la gestión directa. Mimbres había, el éxito de la reversión de Alzira y el despilfarro en el concierto de la resonancia magnéticas habrían permitido hacer bandera de un pacto de gobierno y del cumplimiento de una promesa electoral. Se ha perdido una oportunidad y se ha instalado la desconfianza, mala noticia para la política, más aún cuando las nuevas caras de la derecha valenciana pisan platós y gozan del apoyo de gran parte de los medios. En política no se vive de rentas, se vive del día a día, de pisar la calle, de conocer, compartir y tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos.

Aún resuena el clamor por una Sanidad pública y universal bien financiada. Pero esta necesita de una transformación, un cambio cultural, organizativo y también legislativo capaz de responder a las necesidades de las personas y no a los intereses de los partidos políticos.

"Cuanto más expuesta esté la sociedad, más débil sea el Estado y más fe injustificada se ponga en el mercado, mayor será la probabilidad de un retroceso político" Toni Judt

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Firma del Post:

Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

Forman el Foro Ágora Salud:

Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

Ilustra el blog:

Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.