Cuando escribí mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país (de la Editorial Anagrama, ampliamente distribuido al ser galardonado con el Premio Anagrama de Ensayo 2002), en el que cuestionaba la visión de la Transición de la dictadura a la democracia como “modélica”, recibí una avalancha de críticas hostiles por parte de varios autores, como Santos Juliá y Javier Pradera, de El País, que habían promovido desde las páginas de tal rotativo esta visión idealizada de la Transición, muy extendida en los establishments políticos y mediáticos del país. A partir de entonces, El País decidió suspender mis colaboraciones, pasando a ser persona non grata, estatus que se ha extendido a otros medios con los cuales colaboraba con cierta periodicidad. Con menos agresividad, pero igual contundencia, recibí comentarios de personas de izquierdas que desaprobaban la tesis que había sostenido en mi libro de que la Transición había sido “inmodélica”. En realidad, me costó la pérdida o distanciamiento de la amistad que tenía con personas que habían tenido un rol importante en tal transición y que estaban, muy justificadamente, orgullosos de aquel proceso y de su intervención en él, lo cual lamenté, pues no era mi intención infravalorar la manera en cómo se hizo dicho proceso (en el momento en el que escribí el libro ya había indicado que no veía otra manera de hacerla), sino la manera de presentarla, idealizándola con el término “modélica”, pues asumía que aquella transición había producido un sistema democrático homologable a cualquier otro existente en la Europa Occidental, lo cual era difícil de sostener, al menos para aquellas personas, como era mi caso, conocedoras de otros sistemas democráticos europeos como consecuencia de haber vivido en ellos durante mis largos años de exilio (obligatorio primero y voluntario después). Es más, un estudio detallado del nuevo sistema democrático español producto de aquella transición (como intentaba serlo mi libro) mostraba claramente que las fuerzas conservadoras, que habían dominado la dictadura, continuaban teniendo una enorme influencia (cuando no control) en los aparatos del Estado, lo cual explicaba tanto el subdesarrollo social de España como el carácter uninacional del Estado (es decir, su insensibilidad hacia su plurinacionalidad). En realidad, lo que está ocurriendo ahora en España –tanto en el ámbito social como en el territorial– es un claro ejemplo de ello. Hoy existe, por un lado, una enorme crisis social, que entre otros indicadores queda reflejada en el hecho de que la juventud en España no vivirá mejor que sus padres, y por otro lado hay otra crisis del Estado en la que las tensiones entre ese Estado y el movimiento independentista catalán han alcanzado unas dimensiones desconocidas durante el período democrático.

La olvidada dimensión social de la Constitución

Ni que decir tiene que durante la Transición se consiguieron muchos avances, en gran parte debido a la presión realizada por la gran movilización popular en contra de la dictadura. Y la famosa y tan citada Constitución (el punto de referencia más importante para sintetizar aquel período) muestra claros ejemplos de la influencia que las fuerzas progresistas tuvieron en su redactado, tales como sus capítulos dedicados a derechos laborales, sociales, civiles y políticos, así como su reconocimiento, cuando habla de la propiedad, de que esta debe estar supeditada (incluso los grandes medios de producción) al bien común, aspecto que muchos autores de izquierdas han presentado, con razón, como ejemplo de la modernidad, además de la ejemplaridad, de tal documento. Así, la Constitución incluye entre sus artículos el derecho a la educación (artículo 27), al “[trabajo con] una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” (artículo 35), a la “asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo” (artículo 41) “a la protección de la salud” (artículo 43), a “disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (artículo 47) o a “la suficiencia económica (…) durante la tercera edad” (artículo 50), todos ellos grandes conquistas de las fuerzas democráticas progresistas. No hay duda de ello. Como también es enormemente positivo que la Carta Magna, en la sección Economía y Hacienda (artículo 129), determine que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en las empresas y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas [y] establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

Esta dimensión social de la Constitución está olvidada: el cinismo de las derechas

La enorme utilización de la Constitución por parte de quienes se presentan como sus grandes defensores, las derechas españolas (Vox, PP y C’s), muestra el grado de cinismo del que son capaces, pues, debido a la enorme influencia que tienen aún hoy las derechas sobre el Estado, los únicos artículos que interpretan y defienden son los que se refieren a la visión uninacional del Estado y al derecho a la propiedad privada –también de los medios de producción– (artículo 33), que anteponen a todos los demás. La evidencia de que ello es así es abrumadora, como intenté mostrar en mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias (Anagrama, 2006). Y un reflejo de su enorme poder sobre los aparatos del Estado, y en particular sobre su sistema judicial, son los únicos artículos que parecen tener carácter vinculante. Ni que decir tiene que cualquier gobierno con vocación transformadora, como es el que acaba de ser escogido en las Cortes, tendrá que cambiar el orden de prioridades y la interpretación y aplicación de la Constitución. Su credibilidad dependerá de que ello ocurra. Y para que ello suceda será muy necesario hacer cambios sustanciales en los aparatos del Estado.

El enorme control de las fuerzas conservadoras sobre los aparatos del Estado

Las tres ramas de cualquier Estado democrático son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El primero refleja la voluntad soberana que reside en la ciudadanía, y que se expresa a través de los representantes escogidos de acuerdo con el sistema electoral. El segundo es el ejecutivo, responsable de aplicar y desarrollar lo que la ciudadanía ha determinado que se tiene que hacer, a través del legislativo. Y el tercero es el que garantiza que la ley (síntesis de lo que la soberanía decide) se cumpla. El análisis de cada uno de estos poderes en España muestra su sesgo profundamente conservador. Se ha documentado extensamente tal sesgo en la ley electoral, que es la que determina la composición de las Cortes Españolas, y que ha beneficiado claramente a las derechas españolas, discriminando a las izquierdas (véase mi artículo “De lo que no se habla sobre la democracia española”, Público, 13.01.20). Ello queda reflejado en la prepotencia de los gobiernos de las derechas y la gran moderación de los gobiernos de las izquierdas, moderación responsable del gran retraso social de España, causa de que sea uno de los países más desiguales que hay en la UE. El gasto público social continúa siendo de los más bajos de la Europa Occidental.

Pero donde el dominio de las derechas ha sido casi completo es en el poder judicial. La gran mayoría del personal profesional es profundamente conservador (muy de derechas). Según Joaquín Urías, profesor de derecho constitucional y ex-letrado del Tribunal Constitucional, bien conocedor del sistema judicial, “la inmensa mayoría de jueces son ultraderechistas. Los moderados defienden el ala dura del PP, y el resto a Vox” (“Está empezando una fase de guerra judicial”, entrevista a J. Urías, Cuarto Poder, 11.01.20). Hay múltiples indicadores de ello. El más llamativo ha sido la oposición de las instancias superiores del sistema judicial a juzgar el franquismo, y ello a pesar de que, como ha señalado Paul Preston, no hay equivalencia en Europa Occidental de unas prácticas tan represivas, duraderas e intensas en el siglo XX, sin que haya habido ninguna penalización a los muchos responsables de tanta barbarie. Y tales instancias expulsaron al único juez que intentó juzgar dichas prácticas: Baltasar Garzón. La justificación que constantemente utilizan las derechas es que no es bueno para el país reabrir las heridas, lo cual es profundamente ofensivo para las víctimas de tanta represión, pues asumen que sus heridas han sido ya cerradas.

Otro indicador de la gran derechización del sistema judicial es su sesgo a favor de los grandes intereses económicos y financieros como la banca, que ha alcanzado tales niveles que incluso ha merecido la recriminación de la justicia europea en múltiples ocasiones, como es el caso de las cláusulas suelo que protegían a la banca en detrimento del consumidor. Y todavía otro indicador de esa derechización es la sanción enormemente desproporcionada que se ha impuesto a los dirigentes independentistas, con un claro acento represivo.

Es importante aprender de los errores de la Transición

Es cierto que se han ido produciendo cambios en el ámbito legislativo y ejecutivo, cambios generados por las protestas sociales, que alcanzaron su máxima expresión con el movimiento 15-M, que denunciaba la escasa representatividad de los gobiernos, que estaban aplicando políticas públicas carentes de mandato popular. Su “no nos representan” lo decía todo. Un ejemplo de estos cambios es que tan solo seis años después de su aparición en el panorama político, Podemos y sus confluencias –En Comú Podem y Galicia En Común– junto con IU, están cogobernando hoy el país.

Es esencial, sin embargo, que se aprenda de lo que ocurrió en la Transición, cuando las izquierdas, al llevar a cabo su necesaria integración en las instituciones del Estado, abandonaron las movilizaciones sociales que habían sido, como indiqué al principio, la principal causa de que se terminara el período dictatorial. Tal movilización es necesaria para presionar a fin de que se aplique el programa de gobierno ya pactado, el cual representa una apertura a un cambio que es muy urgente y necesario, rompiendo con la imagen que los grandes medios conservadores están promocionando de que hoy las dos Españas (la conservadora y la progresista) están muy igualadas entre sí, asumiendo erróneamente que la distribución de escaños en las Cortes refleja el sentir de la ciudadanía española. Los datos muestran que la gran mayoría de las clases populares (que constituyen la mayoría de la población) de los distintos pueblos y naciones de España están deseosas de estos cambios propuestos por el programa del gobierno de coalición.

Los cambios en el poder legislativo (con la desaparición del bipartidismo) y en el ejecutivo (con el primer gobierno de coalición de izquierdas desde 1939) han puesto a las derechas a la defensiva, mostrándose agresivas y hostilmente opuestas al gobierno de coalición de izquierdas, e intentando utilizar su abusivo control del estamento judicial para hacer caer al gobierno mediante un golpe de Estado utilizando no los medios militares como en 1936, sino los judiciales. Hoy, la estrategia de las derechas es expandir la judicialización de la política a todas las principales áreas de intervención gubernamental, trasladando la judicialización de los temas territoriales también a los temas sociales. Con su agresividad intentarán, conjuntamente con las cloacas del Estado (que permanecen inalteradas) y en colaboración con el periodismo basura (que continúa visible en los grandes medios), destruir los sectores y personajes más progresistas del gobierno de coalición. Lo han estado haciendo y lo seguirán haciendo. Así es la derecha española, que es continuadora de la derecha de siempre.