Preferentes, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, préstamos en divisas, IRPH… La lista de abusos de la banca que han acabado en los tribunales es larga. La de los que no han llegado a ellos, probablemente aún más. Las víctimas de esos abusos se cuentan por millones y no todas han recuperado su dinero. Algunas incluso han tenido que recurrir a Estrasburgo, dadas las reticencias de la justicia española a darles la razón, en particular el Supremo. ¿Quién no recuerda el bochornoso espectáculo de los magistrados tirándose los trastos de la cabeza a propósito del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados? Al final tuvo que intervenir el Gobierno para endosárselo por ley, como es de sentido común, a los prestamistas de los créditos destinados a la compra de vivienda.

Ahora, lo que se está ventilando es si el IRPH (o sea, el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios), inventado avispadamente por la banca como alternativa al euríbor, se ajusta a derecho y fue comercializado bajo estrictos criterios de transparencia. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (algo parecido a un fiscal) ha dado una de cal y otra de arena en su informe de esta semana. Viene a decir en él que el uso del IRPH no fue ni adecuado ni inadecuado, sino todo lo contrario, y que allá se las arreglen los jueces locales cuando les toque pronunciarse caso por caso. Vamos, que se ha lavado las manos en un asunto que incumbe nada menos que a un millón de titulares de préstamos hipotecarios.

El informe del abogado general no es vinculante, pero el tribunal suele tenerlo en cuenta a la hora de dictar sentencia. Hay, por lo tanto, bastantes posibilidades de que esto acabe con una resolución que no aclare demasiado. Y es que debe de dar mucho vértigo condenar a la banca española a la devolución de los 25.000 millones de euros que sus clientes se habrían ahorrado en caso de aplicarse el euríbor en vez del IRPH para calcular el tipo de interés de sus préstamos. Una cifra equivalente, por cierto, al agujero que Rodrigo Rato dejó en Bankia y que Mariano Rajoy decidió cubrir con fondos públicos para evitar que la entidad entrara en quiebra.

Es verdad que Estrasburgo se ha posicionado otras veces al lado de los consumidores, por muy elevado que fuera el coste de sus decisiones para la banca, cosa que no puede decir siempre el Supremo de sí mismo. Ahí está como ejemplo el caso de las cláusulas suelo, en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tuvo empacho en enmendarle la plana al nuestro. Pero no hay garantía ninguna de que eso vuelva a ser así; no porque los jueces sean impresionables, sino porque ni siquiera ellos están libres de tentaciones, sobre todo cuando hay tantísimo dinero en juego.

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