Los últimos días del verano han sido escenario de una pugna, bien envuelta en lenguaje tecnocrático, sobre el beneficio máximo de los empresarios eléctricos y el salario mínimo de los trabajadores. En ambas controversias se ha visto obligado a intervenir el presidente Pedro Sánchez. Bien para frenar la imparable subida de los precios de la factura de la luz, bien para negociar con las centrales sindicales el aumento del salario mínimo tras el abandono de la CEOE de la mesa de negociaciones. Dado que la llamada a la empatía social desde la Moncloa, formulada por la ministra Ribera a finales del mes de agosto, encontró oídos sordos, el Gobierno ha intervenido en la cuenta de resultados de las eléctricas y negociado el SMI únicamente con los sindicatos.

Inmediatamente, era previsible, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha llevado todas las bofetadas de los que aún sostienen que la economía necesita beneficios máximos y salarios mínimos. Agitando el fantasma del comunismo, desaparecido ya hace casi treinta años, lo proyectan sobre la figura de Yolanda Díaz, heredera de la mejor tradición del movimiento obrero español, CCOO y PCE. Su inteligente hacer, solvencia y discreción, y la reiterada política de pactos sociales que impulsa, ha generado que sea la ministra mejor valorada, incluso más que el propio presidente Sánchez, en todas las encuestas de opinión. Prácticamente nadie la cuestiona, y tanto la patronal como los sindicatos coinciden en elogiarla.

¿Qué ha sucedido? ¿Ha nacionalizado Sánchez las eléctricas o creado una empresa pública de energía? ¿Acaso, ha subido Díaz el salario mínimo más de cien euros? Detraer unos beneficios extraordinarios, mejor sería decir escandalosos, o subir alrededor de quince euros el SMI es el grave pecado mortal, típicamente socialdemócrata, del presidente del gobierno, a la vez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y de la ministra de Trabajo. Bien es cierto que Antonio Garamendi, patrón de patronos, no se sentó en la mesa de la negociación social, pero sus portavoces mediáticos saben mejor que nadie que no fueron Sánchez ni Díaz quienes le hicieron llorar incluso en público.

Como consecuencia, cada oveja política con su pareja social. Casado con las eléctricas y la CEOE, Sánchez con CCOO y UGT. No será nada fácil la primera porque la patronal está ahora más pendiente del trío Ayuso, Feijóo y Moreno Bonilla que de Génova; todo lo contrario de la segunda, donde esa correa de transmisión que es Yolanda Díaz engrasa las siempre complicadas relaciones del sindicalismo con el Gobierno. Aunque de momento, todo hay que decirlo, la factura de la luz ha fracturado la entente cordiale de la CEOE con el Gobierno de Sánchez y las centrales sindicales. Pero, por el contrario, va a contribuir mucho al reencuentro electoral de los ciudadanos con el presidente Sánchez.

No hay más que ver la incomodidad con la que el brazo político de la CEOE, el PP, y Vox, abordan la subida de la luz y el aumento del salario mínimo para entender que su propio electorado no es insensible a estas medidas, que trascienden el bloque social sobre el que se sostiene Sánchez e inciden de lleno en el que se apoya Casado. Nadie imagina que el Partido Popular vaya a enarbolar una pancarta electoral exigiendo unos beneficios al por mayor y unos salarios al por menor, pero tratándose de Casado nada es descartable si logra que finalmente la CEOE, las eléctricas y el Ibex le reconozcan como el candidato del PP y no como uno de los candidatos posibles.