De no tener toda la apariencia de ser una gigantesca pantomima, el anuncio de la presidenta de la suites de lujo y de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que ha iniciado una investigación interna para esclarecer lo ocurrido en las residencias durante la pandemia sería encomiable. Tan interna debe de ser la investigación que sus socios de Ciudadanos se enteraron ayer mismo de su existencia, mientras Ayuso desplegaba teatralmente un listado de papel continuo tipo pergamino con las supuestas medidas adoptadas para evitar que los ancianos cayeran como moscas. Sufre esta mujer una maldición parecida a la del rey Midas: a falta de oro, todo lo que toca lo convierte en surrealista.

Todo suena a farsa, empezando por el objeto mismo de la supuesta investigación, ya que lo ocurrido con estos centros es de dominio público. ¿Por qué no se les prestó atención médica suficiente? Pues porque el colapso hospitalario, que las autoridades madrileñas siempre negaron, lo hizo imposible, y ello obligó a seleccionar a quienes se consideró que tenían mayores posibilidades de supervivencia. A la cola de esta lista estaban ancianos y dependientes con distintas patologías, sobre los que se ensañaron los protocolos de triaje. No se encontraron soluciones sanitarias sino paliativas: a falta de respiradores y UCI, solo disponibles para 921 mayores de 70 años desde el inicio de la crisis, lo que se les dispensó fue morfina.

Fue lo que la propia Ayuso vino ayer a reconocer cuando dijo que se había hecho “lo humanamente y técnicamente posible con lo que se tenía, con lo que se conocía en esas noches de altísima tensión, donde en los hospitales, donde las urgencias también estaban colapsadas”, cuando el virus “entró como una ola, como una exhalación”. Sin duda, hay motivos para cuestionar éticamente estas decisiones, pero quienes se rasgan las vestiduras deberían atreverse también a responder a otras preguntas terribles: ¿Habría cambiado algo si miles de estos ancianos hubieran sido derivados a los hospitales en plena catástrofe asistencial? ¿Se habrían podido salvar más vidas o se hubiera producido justamente lo contrario?

No se trata, por tanto, de investigar el qué sino el por qué, y eso es lo que no se hará porque las responsabilidades políticas de quienes han gestionado la Sanidad y la atención asistencial de mayores y dependientes son mayúsculas. Esa investigación pondría al descubierto los recortes en atención primaria, que han sido la causa principal del desastre, y la especulación insoportable con las residencias, que se entregaron al capital privado como si fueran terrenos urbanizables. En resumen, pondría de manifiesto que la liberalización de un derecho básico como es la salud ha causado una debacle humana con la pérdida de miles de vidas.

Es urgente investigar el por qué y también el cómo, más allá de la espantosa criba a la que el sistema se vio obligado para no entrar él mismo en coma. Tan ofensivos como los intentos de sacudirse la responsabilidad de lo acontecido con la mentira de que las competencias habían sido asumidas por el Gobierno, han sido los intentos de convertir la tragedia en un trampolín propagandístico de la señora presidenta, en cuyo vértice está el hospital de campaña de Ifema, un éxito clamoroso porque sólo atendió a los pacientes más leves del virus y en el que se volcaron los escasos recursos que no existían para medicalizar los geriátricos.

En todo momento la Comunidad ha mantenido las atribuciones sanitarias, entre las que, a mayores, se encontraba la gestión con un mando único de los recursos de la sanidad pública y privada. De ahí que sea intolerable la confirmación de que la atención hospitalaria que se negaba a la mayoría fuera posible para aquellos ancianos que disponían de un seguro médico privado. Ese triaje por renta sí que es inmoral por no decir delictivo. Sobre todo esto debería centrarse la investigación-farsa que anuncia la presidenta de unos madrileños que siguen preguntándose qué han hecho para merecer este castigo.