Guillermo Vázquez

Profesor de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del blog econoNuestra

Para Italia, el saldo de la entrada en el euro arroja un crecimiento económico trimestral promedio del 0,11%, 23 trimestres de crecimiento económico negativo (aproximadamente una tercera parte del total) y hasta un total de cinco recesiones (a precios constantes de 2010 y a partir de datos de Eurostat). Más cerca en el tiempo, desde 2007 habría sufrido 17 trimestres de crecimiento económico negativo y una tasa de crecimiento promedio negativa del -0,11%. Ahora, si bien el tercer trimestre de 2014 marca la salida de la recesión económica, la tasa de crecimiento promedio entre 2015 (año de inicio de las reformas más drásticas) y 2017 es de 0,31%. Siendo además las previsiones de crecimiento para 2018 del 0,8%, según el FMI.

Resumiendo, parece que Italia no acaba de ver el final del túnel. Es cierto que las dos principales fuerzas políticas han aunado esfuerzos para dar forma a ambas cámaras. Sin embargo, este hecho no es suficiente para enfrentar los enormes problemas que el país presenta en materia económica y social. ¿Qué explica este contexto tan adverso? Evidentemente las razones son muchas, pero las podemos agrupar del siguiente modo.

En el ámbito demográfico, Italia es un país poblado de ancianos sin suficientes jóvenes para regenerar el tejido social y cubrir el gasto en pensiones. Según el Instituto de estadística italiano (Istat), la cifra de ancianos con más de 65 años se sitúa en torno al 22% del total de la población, mientras que los menores de 15 años suponen apenas un 14%. El coste de esta crisis demográfica es enorme, y de acuerdo con un informe de 2015 de la OCDE, los ancianos cuestan al Estado italiano el 16% de su PIB, uno de los porcentajes más altos del mundo.

Paralelamente, Italia ha recibido en los últimos cuatro años unos 600.000 inmigrantes. No obstante, el 90% son inmigrantes económicos sin derecho de asilo y no pueden ser incluidos en el programa de reparto de la Unión Europea. Ahora, el impacto de la inmigración parece no ser tan negativo como argumentan algunos bloques políticos, y según la organización Open Migration de la Coalición Italiana para las libertades y los derechos civiles (CILD), los inmigrantes son responsables de la creación de una de cada cinco nuevas empresas italianas, contribuyeron en 2014 a la creación de riqueza nacional con el equivalente al 8,1% del PIB y sus cotizaciones sociales están sosteniendo unas 600.000 pensiones anuales.

En el ámbito productivo, Italia se ha tenido que enfrentar al final del proceso de desarrollismo industrial que dio forma a las grandes corporaciones que marcaron su economía durante décadas: Fiat, Olivetti, Pirelli, Ferrari, Ghella, Ferrero… La piedra angular del actual tejido industrial italiano está conformado por un elevado número de pequeñas y medianas empresas (pymes) familiares que funcionan como motor interno de la economía, y que convive con un conjunto de empresas internacionales que, a pesar de no tener la presencia ni el tamaño de las grandes corporaciones, conforma la espina dorsal del sector exterior de la economía italiana. Han sido estas empresas, junto con las familias, las que más han sufrido la crisis y las que han tenido un rol más determinante a la hora de potenciar la morosidad en el sector bancario y lastrar el crecimiento económico y las posibilidades de expansión exportadora.

Relacionado con las posibilidades de expansión de la inversión privada, nos encontramos con que el sector bancario italiano está muy fragmentado, presenta unos elevados ratios de morosidad y su rentabilidad es la más baja de toda la Unión Europea. Italia tiene más de 600 bancos con una red de 52 oficinas por cada 100.000 habitantes, la mayor de toda la OCDE. Ahora, está totalmente concentrado en dos entidades, Unicredit e Intesa Sanpaolo, que acaparaban en 2016 el 47% del sector, y que comparten mercado con un grupo reducido de entidades importantes que controla otro 25% (entre ellas Banca Monte dei Paschi di Siena hasta su rescate público y venta a Intesa Sanpaolo).

En consecuencia, el 28% restante se concreta en unas 500 pequeñas entidades que tienen altos ratios de morosidad, pero que se encuentran fuera de la órbita europea y nacional ante posibles rescates, ya que al operar a nivel regional y fundamentalmente local no suponen un problema de riesgo sistémico. Ahora, son las que estimulan en gran medida la demanda interior, operando con unos márgenes de rentabilidad muy reducidos como herramienta de competitividad. Por ello, han sido estas entidades las que de manera más fuerte han sufrido los problemas de insolvencia de las familias y del amplio tejido empresarial que conforman las pymes de ámbito regional y local. Por la misma razón, ante posibles problemas severos de insolvencia será difícil que el estado italiano o la Unión Europea accedan a proporcionarlas liquidez.

Más allá, Italia tiene un serio problema con su nivel de deuda pública. Esta alcanzó en 2017 el 134%, la segunda mayor de la zona euro tras Grecia, y según el Deutche Bank, este nivel implica que el Estado deberá gastar anualmente el equivalente al 4% del PIB en cubrir el pago de intereses (el doble que el promedio de los países de la OCDE). De hecho, el FMI calcula que con cifras de crecimiento como las actuales, se espera que el nivel de deuda aumente y alcance el 140% en dos años.

Para empeorar la situación, el Banco de Italia considera que la banca nacional posee el equivalente al 20% del soporte total de la deuda del país en bonos soberanos. Ante la expectativa de reducción de la financiación por parte del Banco Central Europeo, y ante el previsible incremento de los tipos de interés nominales frente a las expectativas de crecimiento económico, si los mercados pierden la confianza en la capacidad del estado italiano para enfrentar sus obligaciones en el pago de la deuda, los problemas financieros y bancarios serían dramáticos.

Para concluir, la clase política italiana presenta un serio problema de credibilidad social. Según los datos que ofrece el informe anual Gli italiani e lo Stato de 2016, los partidos políticos y el Parlamento son las instituciones que menos confianza despiertan entre los italianos, y un 48% de los encuestados considera que la democracia podría funcionar sin partidos políticos. Pocas personas se han sorprendido al ver los resultados de las últimas elecciones, donde claramente se han hundido los grupos políticos tradicionales.

Este último problema tiene mucho que ver con la reforma laboral y la política de recortes en servicios públicos básicos iniciada por Matteo Renzi. Tanto el Istat como el Banco de Italia alertaban en 2016 sobre la ralentización de la economía y señalaban que la reforma laboral no estaba teniendo el efecto deseado. Según Eurostat, la tasa de desempleo general no ha parado de crecer y se sitúa en torno al 11,3%, muy por encima del 8,4% registrado en 2010, y la correspondiente al desempleo juvenil se acerca al 40%. Ahora, tener un empleo no es indicativo de un bienestar mínimo en Italia, pues también ha crecido el número de trabajadores pobres, que en 2016 ya suponían el 11,8%. No sorprende que el resto de variables también haya empeorado, y así el porcentaje de trabajadores que tiene contrato temporal se sitúa en el 18,5%, y el de trabajadores que tiene contrato a tiempo parcial en el 10,9%.

Por su parte, los recortes en servicios públicos básicos han dejado al país a la cola de Europa en inversión en sanidad y educación, con un gasto equivalente al 7% y al 3,9% del PIB en 2016, respectivamente. A ello debemos añadir la existencia de un sistema fiscal ineficiente que permite cifras de evasión fiscal de aproximadamente un 7% del PIB anual, y que se ve incapaz de frenar al crimen organizado, cuya actividad genera rentas anuales de entre el 6% y el 10% del PIB; evidentemente de manera ilícita y fuera del circuito legal y fiscal. En resumen, problemas de eficiencia a la hora de ingresar y recortes en el gasto con objeto de alcanzar las exigencias de equilibrio presupuestario.

Todas estas cuestiones han generado un contexto de fractura social que, según el Istat, se ha llevado por delante un 12% de la renta desde el inicio de la crisis, ha permitido que ocho de cada diez familias se sienta más pobre que antes de la crisis y ha ocasionado que el número de italianos en situación de pobreza o exclusión social haya pasado del 25% al 30% en pocos años. Además, la desigualdad y la concentración de la renta han seguido una senda similar. El índice de Gini ha pasado de 31,7 en 2010 a 33,1 en 2016, y la desigualdad, medida como la relación entre el 20% más rico y más pobre, ha aumentado desde el 5,4 de 2010 hasta el 6,3 de 2016.

No sorprende que entre 2008 y 2016 saliesen de Italia unas 792.000 personas (aproximadamente la mitad no tenía nacionalidad italiana, es decir, eran inmigrantes que no veían a Italia como destino óptimo). De hecho, el Istat considera que los italianos cualificados que emigran hacia el norte de Europa cobran entre un 29% y un 48% más de sueldo que sus compatriotas nacionales. La fuga de cerebros en Italia es una evidencia.

Por lo tanto, Italia necesita reformas urgentes que dinamicen la economía y reviertan el contexto de precariedad laboral, desigualdad de renta y fractura social. Paralelamente, será necesario iniciar un debate sincero y arriesgado con Bruselas que siente las bases de una relación generadora de desarrollo económico y social inclusivo.

Italia necesita el apoyo de Bruselas para afianzar su economía y ganarse la confianza de los mercados de cara a la refinanciación de la deuda. Sin embargo, la relación no puede partir de posiciones desequilibradas. La Unión Europea debe aprender de lo ocurrido en Grecia. Debido a que en términos reales Italia tiene un PIB ocho veces y media mayor que el de la economía helena, si tenemos en cuenta los problemas que este país ocasionó a la moneda única, una crisis en Italia podría ser definitiva para el proyecto europeo.

En este escenario, las opciones del partido que gobierne se incrementan de cara a una posible negociación y de cara a la puesta en práctica de políticas de inversión pública. Ahora, a pesar de que la sociedad italiana tiene una percepción negativa en relación a la entrada de Italia en la moneda única, la mayoría de los italianos se posiciona en contra de una posible salida del país de la zona euro.

Esta idea debe permanecer en la mente de los partidos que se han alzado con el mayor porcentaje de los votos en los pasados comicios. Bruselas necesita a una Italia fuerte y estable políticamente, y la salida de Italia del euro no parece un escenario óptimo. Bruselas no se puede permitir perder a Italia e Italia necesita salir del túnel y revertir el contexto de fractura social dinamizando su economía a partir de parámetros inclusivos a nivel social. No sólo hace falta crecer. Hay que crecer con equidad y desarrollo social. Gobierne quien gobierne finalmente, queda mucho trabajo por hacer, mucho que negociar con Bruselas y muchas decisiones que tomar.