Traducción de Antoni Aguiló

El referéndum de Catalunya del próximo domingo formará parte de la historia de Europa y ciertamente por las peores razones. No voy a abordar aquí las cuestiones de fondo que, según las diferentes perspectivas, pueden leerse como cuestión histórica, cuestión territorial, cuestión de colonialismo interno o como una cuestión más amplia de autodeterminación. Son las cuestiones más importantes sin las cuales no se comprenden los problemas actuales. Sobre ellas tengo una modesta opinión. Es una opinión que muchos considerarán irrelevante porque, siendo portugués, tengo tendencia a tener una solidaridad especial con Catalunya. En el mismo año en que Portugal se liberó de los Felipes, 1640, Catalunya fracasó en los mismos intentos. Por supuesto que Portugal era un caso muy diferente, un país independiente hace más de cuatro siglos y con un imperio que se extendía por todos los continentes. Pero, a pesar de ello, había cierta afinidad en los objetivos y, además, la victoria de Portugal y el fracaso de Catalunya están más relacionados de lo que se puede pensar. Tal vez sea bueno recordar que la Corona española solo reconoció la “declaración unilateral de independencia” de Portugal veintiséis años después.

Sucede que, siendo estas las cuestiones más importantes, lamentablemente en este momento no son las más urgentes. Las cuestiones más urgentes son las cuestiones de la legalidad y la democracia. Me ocupo aquí de ellas por ser del interés de todos los demócratas de Europa y del mundo. Tal como fue decretado, el referéndum es ilegal a la luz de la Constitución vigente del Estado español y, como tal, en una democracia, no puede tener ningún efecto jurídico. Por sí mismo no puede decidir si el futuro de Catalunya está dentro o fuera España. Podemos tiene razón al declarar que no acepta una declaración unilateral de independencia. Pero la complejidad emerge cuando se reduce la relación entre lo jurídico y lo político a esta interpretación.

En las sociedades capitalistas y profundamente asimétricas en que vivimos, siempre hay más de una lectura posible de las relaciones entre lo jurídico y lo político. La oposición entre ellas es lo que distingue una posición de izquierda de una posición de derecha frente a la declaración unilateral de independencia. Una posición de izquierda sobre las relaciones entre lo jurídico y lo político, entre la ley y la democracia, se basa en los siguientes supuestos. Primero: la relación entre ley y democracia es dialéctica y no mecánica. Mucho de lo que consideramos legalidad democrática en un determinado momento histórico empezó por ser ilegalidad como aspiración a una mejor y más amplia democracia. Hay, pues, que dar mucha atención a los procesos políticos en toda su dinámica y amplitud y nunca reducirlos a su coincidencia con la ley del momento.

Segundo: los gobiernos de derecha, sobretodo de la derecha neoliberal, no tienen ninguna legitimidad democrática para declararse defensores de la ley, dado que sus prácticas se asientan en violaciones sistemáticas de la ley. No hablo de la corrupción endémica. Hablo, por ejemplo, de la Ley de Memoria Histórica, de los Estatutos de autonomía en lo que se refiere a la financiación e inversión pactada con las Comunidades Autónomas, del cumplimiento fáctico de derechos reconocidos constitucionalmente, como el derecho a la vivienda, del recurso a políticas de excepción sin previa declaración constitucional. En estas condiciones la apelación del gobierno neoliberal al Estado de derecho es siempre una apelación disfrazada a un Estado de derechas. La izquierda debe cuidarse de no tener la menor complicidad con esta concepción oportunista de la ley.

Tercero: la desobediencia civil y política es un patrimonio inalienable de la izquierda. Sin ella, por ejemplo, no habría sido posible hace unos años el movimiento de los indignados y las perturbaciones que causó en el orden público. Desde la izquierda, la desobediencia debe ser igualmente juzgada dialécticamente, no por lo que es ahora, sino como una inversión en un futuro mejor. Este juicio sobre el futuro debe ser hecho no solamente por los que desobedecen (normalmente pagan un precio alto por ello), sino también por todos los que podrán beneficiarse de ese futuro mejor. O sea, la pregunta es si del acto de desobediencia se puede deducir con gran probabilidad que su dinámica es conducir a una comunidad política más democrática y más justa en su conjunto y no solamente para los que desobedecen.

Cuarto: el referéndum de Catalunya configura un acto de desobediencia civil y política y, como tal, no puede tener directamente los efectos políticos que se propone. Pero esto no quiere decir que no pueda tener otros efectos políticos legítimos e incluso que pueda ser la condición sine qua non para que los efectos políticos pretendidos se obtengan en el futuro mediante futuras mediaciones políticas y jurídicas. El movimiento de los indignados no logró realizar sus propósitos de “¡democracia real ya!”, pero no cabe duda de que, gracias a él, España es hoy un país más democrático. La emergencia de Podemos, de otros partidos de izquierda autonómica y de las mareas ciudadanas son, entre otras, prueba de eso mismo.

A partir de estos presupuestos, una posición de izquierda sobre el referéndum de Catalunya podría consistir en lo siguiente. En primer lugar, declarar inequívocamente que el referéndum es ilegal y que no puede producir los efectos que se propone (declaración hecha). En segundo lugar, declarar que ello no impide que el referéndum sea un acto legítimo de desobediencia y que, aun sin tener efectos jurídicos, el pueblo de Catalunya tiene todo el derecho a manifestarse libremente en el referéndum (declaración omitida). Y que esta manifestación constituye en sí misma un acto político democrático de gran transcendencia en las actuales circunstancias.

La segunda declaración sería la que realmente distingue una posición de izquierda de una posición de derecha. Y tendría las siguientes implicaciones. La izquierda denunciaría al Gobierno español en las instancias europeas y lo demandaría judicialmente ante los tribunales europeos por violar la Constitución al aplicar medidas de estado de excepción sin pasar por su declaración legal. La izquierda sabe que la complicidad de Bruselas con el Gobierno español se debe exclusivamente al hecho de que España está gobernada en estos momentos por un gobierno de derecha neoliberal. Y también sabe que defender la ley sin más es moralista y sin ningún efecto, pues, como afirmé arriba, bien sabemos que la derecha neoliberal (como la que está ahora en el poder en España) solo respeta la ley (y la democracia) cuando sirve a sus intereses. La izquierda social y política se organizaría para viajar en masa y desde todas las regiones del Estado español a Catalunya el domingo para apoyar presencialmente en las calles y plazas a los catalanes en el ejercicio pacífico de su referéndum y ser testigo presencial de la eventual violencia represiva del Gobierno español. Buscaría la solidaridad de todos los partidos de izquierda de Europa, invitándolos a viajar a Barcelona y a ser observadores informales del referéndum y de la violencia, en caso de que esta se produjera. Se manifestaría pacífica e indignadamente (repito, indignadamente) por el derecho de los catalanes a un acto público pacífico y democrático. Documentaría minuciosamente y presentaría queja judicial de todos los actos de violencia represiva. Si el referéndum resultara violentamente impedido, quedaría claro que lo habría sido sin ninguna complicidad de la izquierda.

Al día siguiente del referéndum, cualquiera que fuera el resultado, la izquierda estaría en una posición privilegiada para tener un papel único en la discusión política que se seguiría. ¿Independencia? ¿Más autonomía? ¿Estado federal plurinacional? ¿Estado libre asociado distinto de la caricatura que trágicamente representa Puerto Rico? Todas las posiciones estarían sobre la mesa y los catalanes sabrían que no necesitarían las fuerzas de derecha locales, que históricamente siempre se coludieron con el gobierno central contra las clases populares de Catalunya, para hacer valer la posición que la mayoría entendiera ser mejor. Es decir, los catalanes, los europeos y los demócratas del mundo conocerían entonces una nueva posibilidad de ser de izquierda en una sociedad democrática plurinacional. Sería una contribución de los pueblos y naciones de España a la democratización de la democracia en todo el mundo.