Esteban Cruz Hidalgo

Licenciado en Economía y Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas.

¿Qué implicaciones éticas, morales y políticas tiene una identidad concreta para exigir un marco institucional particular que distorsione la igualdad de oportunidades? ¿Hasta qué punto la libertad como capacidad queda limitada por el poder que los demás tienen sobre uno?

La tradición ética que se erige sobre los principios de justicia social y progreso, integra brillantes mentes de diversas disciplinas como el economista Amartya Sen, la filósofa Martha Nussbaum, o el historiador Eric Hobsbawm. Estos autores, pueden enmarcarse dentro de la corriente política del republicanismo, definido como el compromiso de los individuos con unas instituciones de las que conscientemente forman parte, y de las que se sienten responsables para que operen como instrumento de justicia en la sociedad, desmarcándose así del nacionalismo.

Martha Nussbaum advirtió de la distorsión de los objetivos de la izquierda que se denomina nacionalista, que supedita a los individuos a determinadas esencias o cualidades que transcienden a ellos mismos, con las siguientes palabras: “este énfasis en el orgullo patriótico es moralmente peligroso y que, en última instancia, subvierte alguno de los objetivos más dignos que el patriotismo pretende alcanzar: por ejemplo, el de la unidad nacional en la lealtad a los ideales morales de justicia e igualdad”(Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía mundial”, 1999).

Si bien, sería injusto e insolente tratar a todos los nacionalismos igual. Se debe ser consciente de las diferentes realidades que habitan en los modernos nacionalismos que proliferan en el seno de naciones desarrolladas, con los que florecen en regiones cuya realidad social hacen de la reivindicación de justicia y la igualdad su razón de ser. Este es el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación tal como es reflejado en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta cara de la identidad cultural en la acción política, como manifestación de la situación de desventaja sufrida por grupos minoritarios que reclaman poder vivir su cultura con los mismos derechos sociales y políticos que el resto, es totalmente diferente de aquella que, a través de un exceso de importancia a unos determinados factores culturales, puede suponer una amenaza para las libertades individuales.

La capacidad de lograr algo, la libertad efectiva de conseguirlo y no solo el tener permiso para ello, es lo que se encuentra en el corazón del enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que vincula la calidad de vida y el bienestar con la libertad. Según señala: “el funcionamiento es algo que se logra, mientras que la capacidad es la facultad de lograr. Los funcionamientos están, de alguna manera, más directamente relacionados con las condiciones de vida, puesto que son diferentes aspectos de las mismas. Las capacidades, por el contrario, son una noción referente a la libertad en un sentido positivo: qué oportunidades reales se tienen en relación con la vida que uno podría llevar” (Sobre ética y economía, 1989).

Para explicar la libertad del sujeto de poder vivir de una u otra forma, de alcanzar o decidirse por unos u otros objetivos, hay que considerar todo el repertorio de funcionamientos a su alcance, los cuales dependen en última estancia del marco institucional existente. Se trata pues, de que las personas tengan las oportunidades de elegir la vida que ellos quieren llevar, sin limitarse a la concepción de libertad tan insuficiente de quienes no se preocupan en absoluto de si algunas personas disfrutan de las oportunidades o son sistemáticamente privadas de ellas.

Pero, ¿Cómo pueden los nacionalismos restringir las oportunidades reales de los individuos?

Atendiendo al marco institucional vigente, bajo dominio claramente neoliberal, las capacidades de la gran mayoría de la población dependen en buena parte de los servicios públicos a los que pueden acceder, como sanidad, educación, transporte e incluso vivienda. Con la imposición política de una restricción a los presupuestos públicos, la política fiscal queda condicionada a la capacidad de recaudar impuestos o de emitir deuda pública.

Como las personas tienen diferentes circunstancias y situaciones, que inciden en sus capacidades, unas necesitaran mayores recursos que otras para lograr las mismas oportunidades. De no tomar en consideración tales disparidades, hay quienes se verán empujados a tomar decisiones en un cuadro de posibilidades muy restringido, diseñado por las decisiones de otras personas que han tenido un abanico de opciones más amplio. Evidentemente, el horizonte que se abre no es ilimitado, pero sí que se puede hacer mucho por ampliarlo y salvar ciertas circunstancias perniciosas, y la mejor herramienta para ello es el gasto público.

Esta forma de proceder es lo que denominamos justicia social, la creación de un marco institucional que atenúe las desiguales condiciones y situaciones en las que los individuos, de manera arbitraria, nos vemos abocados en alguna etapa de nuestras vidas.

Centrándonos en los territorios, existen factores naturales e históricos que afectan a su desarrollo, tales como guerras, recursos, condiciones ambientales, etc. Pese a todo, no hay nada que las instituciones no puedan compensar, mediante las herramientas adecuadas, revirtiendo una dinámica histórica adversa. El progreso no tiene nada de natural, y bien gestionado, tiende a la integración de la humanidad mediante un proceso de convergencia que, no sin obstáculos o resistencias, tiende a equiparar las condiciones de vida y oportunidades, tanto de clase como territoriales. Tal dinámica lleva a la alteración de las relaciones de poder, alertando a quienes ven peligrar su posición dominante y desencadenando reacciones por su parte. Tal proceder es algo que, de una forma u otra, ha caracterizado la evolución de la civilización.

En el caso que nos ocupa, un proceso de convergencia regional modificaría la situación de ciertos grupos de poder. Modificaría su posición frente a la negociación y localización de todo tipo de inversiones, tanto privadas como públicas, así como el manejo de otras tareas relacionadas con los asuntos públicos. Una distribución más beneficiosa del presupuesto total significaría un mayor espacio fiscal para gastar, blindándose mediante la reafirmación de los valores nacionales, y promoviendo artificios de diferenciación con respecto al resto de la sociedad, fundamentalmente históricos, que ocupan un lugar importante en todos los sistemas conocidos de educación pública. Hobsbawm denunció tales maniobras apuntando que la historia es: “la materia prima que se transforma en propaganda y mitología […] Las cosechas que cultivamos en nuestros campos pueden acabar convertidas en alguna versión del opio del pueblo” (Sobre la historia, 1998). A su vez, la convergencia con el resto de regiones sería obstaculizada, pues no se estaría distribuyendo el presupuesto en función de criterios de justicia social, sino por la jerarquía de una determinada identidad, quedando las oportunidades que se den en el resto de territorios, sometidas a sus relaciones.

La consecuencia inevitable del desarrollo desigual sería una balanza comercial positiva de la región desarrollada, por su dedicación a actividades de mayor valor añadido, a consecuencia del resto. En cuanto el mecanismo de encaje de tal superávit comercial dentro de los balances, que son las transferencias interregionales, no obedezca a criterios contables, la propia producción de la región más desarrollada se verá afectada, pues no el resto de regiones no tendrán los recursos para absorber sus excesos de capacidad productiva, aumentando el desempleo interior y disminuyendo la riqueza total.

En fin, aún por mucho que sean interiorizadas como suyas por las masas las estrategias nacionalistas, éstas no sirven más que para mantener una posición de poder respecto a otros, en perjuicio del bienestar del conjunto. La izquierda no puede arroparse con propaganda nacionalista y abandonar el discurso de la igualdad de oportunidades, aceptando una natural disparidad de capacidades, cayendo en el fragoroso debate de los sentimientos y las identidades. La bandera de los progresistas no debe ser otra que la justicia social, que represente a todas y a todos aún seamos muy diferentes, independientemente de cómo nos sintamos. Una sociedad plural no necesita fronteras, sino integración y convivencia en un marco institucional común que nos permita desarrollar nuestras capacidades, sin resquebrajar la libertad individual, que se ve afectada en cuanto las decisiones se toman en función de determinados aspectos que transcienden a las personas. ¿O es que pretendemos cambiar jerarquías de clase por identitarias? Los progresistas deben dar un paso al frente y romper con este sinsentido.