Y en la de todas las personas de buena voluntad. Porque no podemos consentir que una vez más se ponga en peligro la vida, la salud y el bienestar de unos niños, entregándolos a la insania de un padre maltratador.

Este 8 de agosto todos y todas debemos manifestarnos en la puerta de los juzgados, allí donde estemos, exigiendo que Juana pueda vivir con sus hijos en paz. Porque ese día la jueza –y una mujer tenía que ser- del número 3 de Granada ha impuesto a la madre que hoy debe entregar a su exmarido, condenado por maltrato, sus dos hijos -de 3 y 10 años. Como es ciudadano italiano se los llevará a su país. Y todo este drama mientras el Tribunal Supremo todavía no se ha posicionado sobre el caso tras el recurso de Juana, y suponiendo que se ha aprobado un pacto de Estado donde se prohíbe entregar la custodia de menores al padre que sea maltratador.

La jueza ha señalado la entrega de los dos menores para las 16.30 horas del día 8 en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, al que deberán ser llevados por la madre a fin de que el padre los recoja y traslade a Italia, donde tiene su «residencia habitual».

Porque el Patriarcado está triunfante en esta nueva ofensiva de los machistas. Los tribunales se llenan de casos en los que jueces y juezas se niegan a proteger a los menores de padres violentos, abusadores sexuales e incluso homicidas.

Veintiséis niños han sido asesinados por su padre cuando convivían con él cumpliendo el régimen de visitas impuesto por algún juzgado. Ángela González Carreño presentó 51 denuncias antes de que el padre asesinara a la hija de 8 años, en la tarde de visita que impuso el juez.

José Bretón quemó vivos a sus dos hijos, Ruth y José, en su finca de Córdoba cuando se los llevó la tarde de visita que impuso el juez.

Daniel Ubiel Renedo asesinó hace dos años a sus dos hijas, Amaia y Candela con una radial y un cuchillo, después de haberles proporcionado unos calmantes, que en el caso de la mayor de 9 años no tuvieron efecto, ya que hubo señales de lucha cuando intentó librarse de la cinta adhesiva con que la había atado. Ubiel había llamado previamente a la madre para decirle que pensaba matar a las hijas para vengarse de ella.

La serie de asesinatos de niños y niñas perpetrados con absoluta crueldad por sus propios padres a fin de hacerle daño a la madre excede de la crónica de un siglo XXI. Solamente en los ritos satánicos y las sectas fanáticas de la Edad Media encontramos hechos semejantes.

Y sin embargo, en el primer tercio del siglo XXI las mujeres seguimos teniendo que defendernos de los ataques de agresores machistas, jueces y juezas formados en los más reaccionarios principios patriarcales que, amparándose en su libertad de criterio, dictan resoluciones que dejan en la indefensión a las madres y a los niños, fiscales que no cumplen con su mandato de proteger a los débiles y legisladores que no piensan modificar las normas legales vigentes, ni aún para garantizar la seguridad de los menores.

Las feministas no sabíamos que los avances conseguidos, tan largas y penosas luchas, durante el siglo XX, para reconocer a las mujeres como ciudadanas con igualdad de derechos con los hombres, podrían revertirse de forma tan cruel y desaforada. Como dice Susan Faludi, la reacción de los sectores machistas de la sociedad no se ha hecho esperar.

Si algún reconocimiento se otorgó a las mujeres en tiempos bien difíciles como los de la dictadura fue el de que indiscutiblemente eran buenas madres y en los procesos de separación se les entregaba la custodia de los menores sin vacilaciones. Ha sido alcanzar la legalización de la igualdad cuya implantación en la sociedad se supone, por eso incluso tuvimos un ministerio de Igualdad y una ley que la garantiza, para que a las mujeres se les achacaran toda clase de maldades, a través de perversas campañas de difusión de la más atrasada ideología patriarcal.

A partir del momento en que se difunde la consigna de que la igualdad se ha instalado en nuestra sociedad, se hace más aguda la discriminación social respecto a los hombres. Ya no basta con que los salarios sean el 30% más bajos que los de los hombres, ni que apenas tengan poder político ni económico, que las violaciones se hayan multiplicado y que la mayoría sufran explotación laboral y acoso sexual, ahora hay que convertirlas en sujetos detestables.

Se ha difundido la especie de que las mujeres presentan denuncias falsas de maltrato; se las acusa de influir malévolamente en los hijos para separarlos de su padre, según un delirante diagnóstico de padecer el SAP, que ninguna autoridad médica ha reconocido, y se les imponen multas y penas de cárcel si no cumplen las órdenes judiciales de entregar sus hijos a un padre violento y peligroso que puede acabar con su vida. Y cuando obediente y mansamente las más sumisas cumplen lo ordenado por el juzgado y el progenitor los asesina, nadie es responsable del incumplimiento del deber de protección que tiene el Estado, según nuestros preceptos constitucionales.

La tutela judicial efectiva que tan pomposamente impone la Constitución es una declaración vacía para los 500 niños que han quedado huérfanos porque el padre mató a la madre, para los más de 60 que han sido asesinados por su propio padre, para las 1.200 víctimas de feminicidio que hemos contado en los últimos diez años.

Como en un remedo de los tiempos siniestros de la persecución de las brujas, las mujeres están siendo víctimas, cada vez en mayor número, de la insania de maltratadores y asesinos, de jueces y fiscales que se complacen en perseguirlas y castigarlas, de funcionarios y médicos y trabajadores sociales que creen que su labor consiste en investigar la maldad de las mujeres en vez de protegerlas, de legisladores que mantienen las normas patriarcales.

Y se cometen cada vez más frecuentemente infanticidios ante la indiferencia de los responsables de proteger a nuestros niños.