Lo que se juzga a partir de hoy en la Audiencia de Sevilla no es la arbitrariedad en el reparto de 850 millones de euros en ayudas a empresas en crisis y trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo a lo largo de más de diez años. El proceso va más allá de establecer responsabilidades en Chaves, Griñán y 20 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el procedimiento para repartir fondos sin publicidad, sin requisitos previos y sin control. Se juzga a un cortijo.

El fregado no estaba inventariado en unos papeles manuscritos ni en unos discos duros porque era imposible. Era la trama del cuñado del cuñado, del concejal y de su hijo, del chófer y la suegra del director general, del primo del consejero, del militante de Riotinto y su familia, del sobrino del sindicalista y del compadre del presidente de la Diputación. Era el contubernio de los favores, el régimen del amiguismo, el sistema clientelar que ha permitido al socialismo andaluz gobernar ininterrumpidamente Andalucía sin alternancia, la telaraña que ha extendido sus redes sobre cualquier agrupación, asociación, ONG, club de fans, cooperativas o centros culturales.

Lo que se sienta en el banquillo es un modelo de relación política que transformó los derechos de los ciudadanos en concesiones graciosas que exigían perpetuos agradecimientos. Es la versión actualizada del “Juan, colócame” que se imploraba en los cafelitos del hermano de Guerra en el despacho de la Delegación de Gobierno en Andalucía y, a mayor escala, del PER y los subsidios agrarios que permitieron al PSOE conservar un poder casi omnímodo en los pequeños núcleos rurales. Es una estructura de genuflexión y miedo, que explica, por ejemplo, por qué la sultana y madre de Andalucía, Susana Díaz, obtuviera más avales que votos en las primarias de su partido.

No es verdad que los ERE fueron un desfalco colosal de fondos públicos, aunque otras causas judiciales tendrán que determinar si hubo sobrecomisiones de intermediarios, subvenciones fraudulentas y falsas prejubilaciones. Habrán de castigarse las pequeñas corruptelas que hicieron posible que un exconsejero consiguiera prejubilarse en una empresa como trabajador en activo desde el día de su nacimiento, que por arte de magia administrativos se prejubilaran como mineros para cobrar más, que cargos públicos –también del PP- colaran a sus familiares en los expedientes, o que exjugadores de futbol recibieran cuantiosas subvenciones por impartir cursos de prevención de riesgos laborales. Miles de despedidos, en cambio, recibieron ayudas para aliviar su situación, que no pueden ser puestas en cuestión por el hecho de que los golfos de turno y los compadres de rigor se lucraran por el camino.

Serán los jueces los que tendrán que determinar si sobre los expresidentes andaluces Chaves y Griñán han de recaer responsabilidades penales, si bien es cierto que a ninguno de los dos se les ha podido demostrar enriquecimiento alguno. Las políticas están claras. Pusieron en pie y mantuvieron un entramado que, con la excusa de esquivar la burocracia, hizo norma de la discrecionalidad, de la que se aprovecharon empresas, sindicatos y vividores. Lo hicieron por la costumbre, porque era la manera tradicional de hacer las cosas, porque los beneficiarios debían de tener presente la mano que les daba de comer para besarla cuando la ocasión lo requiriera. Nadie, ni contables ni interventores, iban a darles lecciones de transparencia, concurrencia o fiscalización. Nadie iba a enseñarles cómo había que gobernar el cortijo.