El primer requisito de un Estado de Derecho, el imprescindible, es la credibilidad. Se puede tener un Código Penal moderno y exhaustivo y los tribunales pueden funcionar como relojes de cuco suizos, pero si nadie se cree que la ley es igual para todos y que se imparte con absoluta independencia el resultado es este sistema nuestro de cachondeo. Es más, existe el convencimiento, avalado por la experiencia, de que no existe la separación de poderes y de que nos viste una Justicia prêt-à-porter, que no se administra sino que se arroja a la cara cuando resulta conveniente.

Los primeros escépticos sobre la salud de Montesquieu, ese pobre hombre atropellado casi a diario al cruzar un paso de cebra, son nuestros políticos, testigos privilegiados de cómo el Ejecutivo suele empeñarse en demostrar la fortaleza del Estado de Derecho a base de puñetazos en el hígado. Se han visto tantas cosas, tantas veces se han retorcido las leyes como si fueran bayetas que cuando han cantado flamenco no han faltado los palmeros que han seguido el compás.

Esos mismos políticos han reaccionado aireadamente, y con razón, por el encarcelamiento de los exmiembros del Govern que este jueves se presentaron en la Audiencia Nacional para responder de varios delitos, entre ellos el de rebelión. Las razones para considerar que la medida es desproporcionada son numerosas, desde la falta de competencia del órgano instructor, según la propia doctrina de la Audiencia Nacional, a la ausencia de violencia que exige el tipo delictivo que se pretende aplicar. No se dan, por otra parte, las condiciones básicas para decretar la prisión provisional. Es difícilmente entendible que se alerte del riesgo de fuga de quienes han viajado desde Bélgica a España para prestar declaración o que se presuma su capacidad para destruir pruebas a quienes tienen vetado el acceso a los despachos que ocupaban en las distintas consejerías.

Aquí se ha practicado a menudo y sin empacho una Justicia a la carta que ha hecho mucho daño a esa credibilidad a la que antes se aludía. La ley que se aplica al pobre que roba una tarjeta de crédito, se gasta 80 euros y acaba en prisión no es la misma que la que permite pasear libremente por la calle a quien ha desfalcado al país, viste trajes a medida y come en carísimos restaurantes. Las leyes son inflexibles cuando interesa o al gusto del consumidor si se trata de forajidos de buena familia.

Matamos a Montesquieu pero resucitamos a Kafka. Hemos sido testigos de acontecimientos increíbles, de cómo de la noche a la mañana se inventaba una doctrina para que los etarras no salieran de la cárcel porque una condena de 20 años parecía poca cosa o de cómo se aliviaba la pena a uno de ellos, De Juana, porque podía morirse en una huelga de hambre y se temía por la imagen del país. Todo ha sido posible y no sólo en domingo.

Tanto ha penetrado la política en la Justicia –de ahí que los representantes de la primera no se crean las milongas de la segunda- que en muchos casos la supuesta independencia de las togas se reduce a una fidelidad canina. Tanto han proliferado en las esferas judiciales los eternamente agradecidos a quienes les franquearon el paso que sus dictados surgen de los códigos pero regurgitados desde el estómago. La Justicia que debía ser ciega tiene la visión de un lince y sufre de gota por exceso de marisco.

Por eso, intentar explicar el procedimiento seguido contra los exconsellers catalanes como el resultado de la simple aplicación del Derecho Penal suena a chiste. En este caso ni siquiera era necesario recurrir a esas arbitrariedades tan socorridas y que suelen explicarse con aquello de que no estamos ante una ciencia exacta. Bastaba con asumir la literalidad de la ley y con que la fiscalía no actuara como un vengador de Marvel, bastaba en definitiva con que imperara el sentido común y la proporcionalidad porque castigar el delito no precisa de ensañamiento.

Ello nos hubiera ahorrado el terremoto que puede desencadenarse en Catalunya a raíz de una decisión que no es la que predeterminaban las leyes sino los justicieros. Lejos de provocar el repudio social de los supuestos delincuentes, el escarmiento caprichoso les enaltece. “Quien infringe una ley porque su conciencia la considera injusta, y acepta voluntariamente una pena de prisión, a fin de que se levante la conciencia social contra esa injusticia, hace gala, en realidad, de un respeto superior por el derecho”. Lo decía Martin Luther King en un tiempo oscuro que algunos parecen empeñados en revivir.