El uso de la tecnología mejora el acceso a la justicia para todos, especialmente para las mujeres en situación de violencia

La tecnología es nuestra mejor aliada. Esta es una enseñanza del covid-19 que el sistema judicial ha de aprender. El uso de las plataformas digitales permite proteger la salud de las personas y reducir el riesgo de contagio; al mismo tiempo, permite respuestas judiciales más rápidas y eficaces y este es un factor que, sin duda, ayuda a superar las crisis cíclicas que sufren las sociedades.

Tenemos experiencia. En la crisis económica 2008 se dictaron importantes sentencias judiciales en orden a la restitución de los derechos individuales de la persona y protección de las más vulnerables. Decisiones que, sin duda, contribuyeron a fortalecer las instituciones y la confianza de la ciudadanía en la democracia. Entonces se impidieron injustos desahucios de viviendas familiares y se frenó el empobrecimiento de miles de familias por cobros abusivos de intereses bancarios

El uso de medios telemáticos debe ser la regla y no la excepción en el ámbito judicial

En esta crisis global, en la que existe riesgo real y grave para la salud de las personas, ya encontramos una enseñanza: el uso de los medios telemáticos debe ser la regla y no la excepción. Entraron en el sistema judicial de manera tímida y escasa y así han seguido durante años. Ahora es un reto y una necesidad su efectiva implantación.

Con ellos será más fácil adoptar decisiones rápidas en relación a despidos improcedentes, reclamaciones de cantidad, subvenciones o ayudas, que permitan aliviar la crisis económica. Pero, al mismo tiempo, se han demostrado especialmente útiles para eliminar las barreras en el acceso a la justicia, que se levantan para las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad. Es el caso de mujeres que padecen violencia de género.

El confinamiento ha supuesto una disminución de las denuncias y un aumento de las llamadas de auxilio al 016

La medida de “quedarse en casa” durante el Estado de Alarma ha sido eficaz frente al contagio; pero también ha confirmado algo que sabíamos, que la “casa” es lugar de peligro para estas mujeres. Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, durante el confinamiento han disminuido las denuncias en los Juzgados, pero han subido un 60% las llamadas de auxilio al teléfono 016, durante el mes de abril de este año respecto a ese mismo mes de 2019.

Para aquellas que piden ayuda les transmitiría seguridad y sentimiento de protección saber que se utilizarán medios telemáticos para evitar riesgo de contagio del virus. Una audiencia o declaración por videollamada o por otro medio telemático, practicada con todas las garantías y con la necesaria cobertura legal, garantiza el distanciamiento personal de la denunciante y evita posibles contagios. Al mismo tiempo, y esto es decisivo, transmite al juez o jueza los indicios necesarios para acordar una medida de protección, incluyendo la orden de alejamiento y consiguiente salida de la casa del agresor.

El detonante de la crisis es un virus de graves consecuencias para la salud y desde el sistema judicial debemos contribuir a paliar su impacto en los derechos de las personas. La tecnología es una buena aliada para una justicia más rápida y eficaz. Nota: una orden de protección dada a tiempo puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de la mujer que acudió al sistema judicial.

FIRMANTES DEL BLOG

• Inmaculada Montalbán. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Presidenta Observatorio Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial

• Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

• Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

• Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

• Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

• José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

• Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

• Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

• Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

• Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

• Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

• Aurelio Duque Valencia. Médico de Familia y Comunitaria y representante sindical. Ha sido presidente de la Sociedad Científica de Medicina Familiar en la Comunitat Valenciana.

• Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar. Ilustradora del Blog Coronavirus en positivo.

• Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.