El relator de la ONU para la Justicia, la Verdad, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Pablo de Greiff, ha puesto de manifiesto el importante sustrato franquista que aún existe en el PP al recoger en un reciente informe la nula predisposición del Gobierno hacia la Memoria Histórica.

Según Greiff, ante las 150.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975), varios representantes del Gobierno español le respondieron en la misma línea: “O todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes”.

Gracias a que el tardofranquismo se hizo el harakiri y la izquierda optó por la reforma en vez de por la ruptura, los españoles nos reconciliamos poco a poco en el seno de una democracia que ha supuesto la etapa más larga de libertad y prosperidad de la historia de España.

Durante este periodo, nos hemos conocido, nos hemos mezclado e incluso nos hemos acostado hasta conformar una sociedad española variopinta. Gracias a ese mestizaje social e ideológico, esa sociedad ha ido aumentando pasito a pasito su sustrato de tolerancia pese a los odios que los más radicales han vomitado sobre el camino.

Nuestros hijos -todos los nacidos a partir de 1977- han enterrado totalmente el guerracivilismo que heredamos de nuestros abuelos. Para la mayoría de ellos, la Guerra Civil y la dictadura de Franco son fundamentalmente episodios muy trágicos de nuestra historia. En esos corazones, por mucho que se empeñen en el Gobierno y el PP por vender lo contrario a la ONU o a la UE, no queda ni una pizca de odio; ni subyacente ni patente.

Sin embargo, sí queda memoria y ansias de justicia. Memoria frente a la barbarie que supuso la Guerra Civil y a la persecución hasta el exterminio de los derrotados que organizó el franquismo.

Memoria, en definitiva, para no olvidarse de los 150.000 desaparecidos durante esa larga noche que desembocaba en un alba repleto de paredones y pelotones de fusilamiento.

Y justicia no ya para que los asesinos paguen por sus crímenes, que desgraciadamente eso es casi imposible por cuestiones biológicas, sino para recuperar los cuerpos de los desaparecidos de las cunetas, de los campos, de las fosas comunes y del olvido, y enterrarlos como Dios manda o como decidan sus familias.

Porque es así de simple y no hay más, el relator de la ONU ha recomendado al Gobierno que “evalúe rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica”, que “incremente y promueva el contacto y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas de memoria histórica” y que “asigne los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Nos dice, joder, que desenterremos de una puñetera vez a nuestros muertos en el lenguaje administrativo de los probos funcionarios internacionales. Y que si hay que gastar dinero público, pues que se gaste. Bien visto, con una temporada no muy larga sin ERE fraudulentos ni Bárcenas –tampoco mucho tiempo, que a más de uno le puede dar mono de mangancia y liarla-, se financiaría holgadamente este acto de memoria y justicia.

Y paliaríamos la enorme vergüenza que supone el acto de cobardía y desmemoria que una parte de la sociedad española ha protagonizado durante más de treinta años con la coartada de no reabrir viejas heridas.

Hace dos años visité unas excavaciones que el Foro de Memoria Histórica del Campo de Gibraltar realizaba en una finca del corazón del Parque Natural Los Alcornocales, El Marrufo, en la provincia de Cádiz. Pocos momentos antes, los voluntarios que trabajaban allí habían descubierto una fosa común con un grupo de mujeres fusiladas. Una de ellas estaba aún atada por las manos. Junto a aquellos cadáveres estaban sus pertenencias personales: una peineta para recogerse el pelo, una cuchara para quitarse el hambre, que por esas tierras corría entonces a galope tendido, unas pocas monedas y un mar de lágrimas.

En aquellas tumbas y otras del alrededor estaba el último reducto republicano de la provincia. Torturados, violados y fusilados en El Marrufo después de sobrevivir una ofensiva de cuatro columnas y el bombardeo incesante de cuatro aviones del ejército franquista a finales de 1936, que masacró entre 300 y 600 personas en el Valle de La Sauceda, ellos eran la prueba de un delito de genocidio no reconocido ni castigado.

Al final, el Foro de Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y El Marrufo, no sólo exhumaron 28 cuerpos en la finca, sino que los enterraron en el cementerio de La Sauceda, rehabilitado ex profeso para acogerlos.

La verdad es que aquel acto de pura humanidad lo pagó de su bolsillo el dueño de Festina, Miguel Rodríguez, uno de los pocos empresarios de izquierdas de verdad que conozco.

El Gobierno de ZP subvencionó las prospecciones previas y la Junta se hizo la foto y ha incumplido hasta ahora su promesa de declarar todo el Valle de La Sauceda “Lugar de Memoria”. Y el Ejecutivo de Rajoy se desentendió por completo de estos desaparecidos y de los 149.972 restantes que murieron por la ley y la Constitución, dos palabras muy de moda en los tiempos que corren en el actual Consejo de Ministros.