De las circunstancias aludidas por el Gobierno para justificar el arbitraje obligatorio en el conflicto del aeropuerto del Prat la más llamativa es, sin duda, la de la reputación. El ministro ha explicado que la huelga de los empleados de seguridad no sólo representa un perjuicio para la economía nacional sino que deteriora mucho la Marca España, que ya se sabe que aquí nunca hemos dado que hablar y no podemos consentir que un paro nos empañe el prestigio como el vaho de una ducha caliente lo haría con el espejo del baño. A la Marca España, tan caprichosa, le importa un pimiento la degradación de las condiciones laborales y el recorte de los sueldos, pero las huelgas son muy malas para su espalda. Si alguien tiene que sufrir, que sean los trabajadores y en silencio.

Para los Gobiernos la huelga es un derecho que ha de ejercerse en la intimidad. Sobrepasado este ámbito, la Administración dispone de todos los instrumentos para desactivarlo. Quienes se llenan la boca exigiendo la ley que prevé la Constitución para regular su ejercicio deberían saber que no hay nada más pautado en el país. De ello se ocupa un decreto preconstitucional de 1977, avalado cuatro años después por el Tribunal Constitucional, y una extensa jurisprudencia posterior.

Así, existe una exhaustiva relación de cuáles son los servicios esenciales a preservar en caso de huelga, desde la sanidad a los transportes, pasando por las comunicaciones, la producción eléctrica, el agua o la higiene pública. En caso de desacuerdo, es el Ejecutivo el encargado de fijar los servicios mínimos en un porcentaje normalmente abusivo, como años después se encargan de reflejar los tribunales ya que su tutela siempre es a posteriori. Y por si esto fuera poco se dispone de este instrumento del arbitraje obligatorio o, a mayores, de la declaración del estado de alarma para militarizar la actividad, a la que por cierto recurrió el Gobierno del PSOE en 2010 para acabar con la huelga de controladores.

Pese a ello, los intentos de aprobar una ley de huelga han sido constantes, especialmente en momentos de gran conflictividad, que es cuando truena y se piensa inevitablemente en Santa Bárbara. Quiso hacerlo la UCD ya en 1980, pero el anteproyecto jamás fue remitido a las Cortes. También en el PSOE en 1987, con fuertes restricciones y una dura respuesta sindical. Cuatro años más tarde, los socialistas volvieron a la carga y elaboraron un proyecto con un catálogo de servicios cuyo mantenimiento se consideraba esencial para garantizar a los ciudadanos el ejercicio y disfrute de derechos y bienes constitucionalmente protegidos.

Tras años de considerar que la mejor ley de huelga era la que no existía, en aquella ocasión los sindicatos cambiaron de estrategia y presentaron un código de autorregulación para encajarlo en un proyecto de ley que llegó muy lejos. De hecho, recibió luz verde en el Congreso y en el Senado pero la disolución de las Cámaras impidió su aprobación definitiva en la Cámara Baja.

El texto contenía una novedad fundamental: obligaba a detallar en el plazo de un año, bien a través de acuerdos pactados, bien mediante laudos, los servicios mínimos aplicables a cada sector y hasta las fechas en las que las huelgas no podrían ser convocadas por los trastornos que se derivarían para la ciudadanía y a la propia economía nacional.

Lo que, en principio, podía parecer un retroceso hubiera representado para las grandes centrales una bendición. Habría sido como sindicatos más representativos –aquellos con más de un 10% de presencia en cada uno de los sectores- los encargados de negociar cómo y cuándo se podía convocar la huelga sabiendo de antemano los servicios mínimos que les serían aplicados. Ello hubiera desactivado a sindicatos profesionales como el SEPLA, que están en el origen de la debilidad de los llamados sindicatos de clase a los que han privado de la afiliación de los colectivos que mayor presión pueden ejercer en un conflicto laboral. E impediría que unos servicios mínimos abusivos conviertan el derecho de huelga en algo puramente folclórico.

Desde entonces el debate se ha reproducido de manera guadianesca, es decir, cuando las huelgas tenían la dimensión suficiente para quitar el sueño a los gobernantes o fastidiarles las vacaciones, tal es el caso actual. El tiempo ha demostrado que la ausencia de una ley perjudica a los trabajadores, que quedan a expensas de la arbitrariedad del poder de turno en un momento, además, en el que la negociación colectiva ha sido desarbolada por la última reforma laboral. La izquierda y los sindicatos deberían darle una pensada al asunto si encuentran un hueco, claro está.