"La ley de seguridad ciudadana no protege más que a los políticos"

No es el de Manuela Carmena (Madrid, 1944) un perfil común en el mundo de la Judicatura. Probablemente, no lo era ya cuando se licenció en Derecho en 1965; ni cuando participó en la fundación del Despacho Laboralista de Atocha en el que un ataque ultraderechista, en 1977, mató a tres compañeros; ni cuando impulsó la asociación Jueces para la Democracia... Tampoco ahora es una jubilada al uso, dispuesta a aprovechar tanta experiencia para reformar una Justicia que, dice, se aleja cada vez más de la mayoría de la sociedad.

Texto: Juan Luis Gallego.

La ley es igual para todos, pero ¿somos todos iguales ante la Justicia?

No, y se está viendo ahora, con la cantidad de elementos que condicionan que unos tengan más posibilidades para obtener una mejor justicia y otros no. Y el tema de las tasas, el encarecimiento de los gastos judiciales, empeora esta situación. Pero, además, la Justicia está poco acoplada para la vida cotidiana, para lo que yo llamo las grandes mayorías. Seguimos teniendo una estructura de la Justicia de los siglos pasados, cuando solamente litigaban las personas que tenían propiedades, una minoría. Hoy, las grandes mayorías pretenden tener acceso a la Justicia para hacer valer sus derechos y se encuentran con muchas dificultades objetivas.

Como ex jueza de vigilancia penitenciaria, ¿qué opinas de la situación de las cárceles, cada vez con más presos? ¿Hay muchos que no deberían estar encerrados?

Claro. Lo esencial es que las personas que han cometido un delito puedan rectificar su conducta y, dentro del conjunto de penas que hoy existen, hay muchas posibilidades que no son exclusivamente estar presos: los terceros grados, los regímenes semiabiertos…, son alternativas muy interesantes. Pero no se desarrollan porque no se ha atrevido a plantear debidamente que el objetivo no es recluir a las personas, sino conseguir que cambien su conducta.

¿Qué explicación tiene entonces el endurecimiento de las penas cada vez que se acomete una reforma del Código Penal, como la que ahora está en marcha?

Tiene una lógica muy perniciosa. La política juega de una forma deshonesta con la demanda de Justicia que tienen los ciudadanos, que es absolutamente legítima, y a la que la política ofrece siempre una serie de soluciones que son inciertas. Hay un crimen, la gente se queda consternada y se dice que la única manera de que no se repita es meter muchos años en la cárcel a sus autores. Pero es mentira. Como el discurso desde la política es absolutamente romo y deliberadamente incierto, pues cada vez se genera más insatisfacción y una mayor distorsión entre el sentimiento de Justicia de los ciudadanos y en lo que se plasma en la realidad.

En ese análisis encaja la apuesta del Gobierno por la cadena perpetua revisable, que no tiene en cuenta que el Código Penal contempla ya penas de hasta 40 años.

Sí, es exactamente eso. Cuando la gente se queda espantada ante un delito, hay que analizar, buscar soluciones desde el punto de vista de la medicina, de la sociología, de la pedagogía…, y buscar los castigos adecuados. Y, en lugar de eso, lo único que se dice es más cárcel, cuando ya sabemos que no ha dado el resultado que se preveía, no cambia, en general, las actitudes de las personas.

Pero eso lo saben los políticos...

Sí, lo saben. Pero tampoco creo que los políticos tengan una formación social importante. Es una pena. Pero así como para ser médico hay que estudiar Medicina, para decidir los destinos de una sociedad, no se exige estudiar nada. Por lo que poco a poco nos vamos enterando, parece que lo que se exige es formar parte de una especie de cárteles de los que uno se siente abochornado.

¿Son necesarios cambios legales para castigar mejor la corrupción?

Más que nuevos delitos, hay que crear nuevos programas contra la corrupción, en la línea de la Convención contra la Corrupción de 2005 de Naciones Unidas, que tiene cuatro o cinco puntos claves. Uno de ellos es que hay que ‘desjustificar’ la corrupción, que la sociedad piense no solo que vivir sin corrupción es mejor, sino que la única manera de que no pueda haber un despilfarro económico y una sangría de los derechos sociales de las grandes mayorías es que no haya corrupción. Son programas nacionales que hay que hacer desde los gobiernos, desde los municipios, comprometiendo a los medios de comunicación, a todo el mundo. También es importante que, dado que la corrupción siempre se da en el seno de procesos administrativos o judiciales, ahí es donde hay que dar el gran vuelco para acabar con la escritura como instrumento de resolución y hay que ir a la oralidad, la grabación y la transparencia absoluta. No puede ser que haya miles de intereses en los resquicios de los papeles. Eso ayudaría muchísimo a oxigenar los procedimientos, que son como los rincones en los que la corrupción se esconde.

Eres partidaria de que la imputación judicial debiera hacer dimitir a un político. ¿No le deja demasiado expuesto, dado que una imputación es relativamente fácil y no tanto la rehabilitación del dimitido?

Los políticos tienen la obligación de decir la verdad a los ciudadanos. Así que, objetivamente, hay una contradicción inevitable cuando está imputado, dado que está en su derecho a no decirla, porque la ley permite que uno no tenga que confesarse culpable. Esa contradicción indica que la situación objetiva en que se encuentra una persona imputada no le permite continuar adelante con su actividad política. Otra cosa es que cuando haya imputaciones equivocadas o fruto de mala praxis judicial habrá también que dirimir la responsabilidad de las personas que hayan actuado indebidamente.

¿Qué opinas de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana?

La primera pregunta que hay que hacer a quien propone una ley es por qué quiere hacerla y, en este caso, a qué se refiere usted cuando dice seguridad, a quién o qué quiere proteger. Lo escandaloso de esta ley es que no se quiere proteger nada más que a los políticos, porque no quieren que la gente vaya a las casas a hacer los escraches o que rodeen el Congreso. Es una ley pensada para evitar manifestaciones de los ciudadanos, la crítica y la desaprobación de la actividad de los políticos. El objetivo define en sí mismo la perversidad del hecho legislativo.

¿Y del aborto?

Es un paso atrás tremendo, una limitación de los derechos de las mujeres muy vinculada a los sectores más integristas de la Iglesia que, además, en este momento están quedándose en minoría.

¿Qué reflexión le merece el escándalo de las preferentes?

Ahí nos encontramos con ese problema de lo poco accesible que es la Justicia. Ya desde hace mucho debería haber habido una sentencia aplicable a todos los casos de las preferentes, en la que se anularan los contratos llevados a cabo en las condiciones que se han llevado. Lo que es terrible es que tenga que ser uno a uno, con la gente gastándose dinero... No hay manera de defenderse así.

¿Son los jueces mayoritariamente conservadores?

Lo que pasa en la carrera judicial tiene bastante que ver con lo que pasa en la sociedad. Justo después de la Transición, hubo un momento en el que los jueces jóvenes tenían actitudes más abiertas, próximas al centro izquierda. Y en la época de las grandes mayorías del PP, la gente joven estaba más vinculada a la derecha, y yo creo que han ido ganando ese tipo de perfiles. Pero más que el perfil ideológico, que a veces solo determina el voto, es más importante la actitud ante la vida. La judicatura en general, por la formación que se la exige, por los procesos de selección, arroja en general unos perfiles más bien conservadores en lo vital, en lo cotidiano, con poca empatía, con poca capacidad de comunicación… Da un perfil muy especial.

¿Y eso cómo se puede cambiar?

Sobre todo, hay que saber qué tipo de jueces queremos y luego elegir las personas que respondan a ese tipo. Para ser juez se exige fundamentalmente, igual ahora que en 1920, memorizar las leyes nada más. Como no se estudian ni los efectos que producen las leyes, ni sociología, ni psicología..., el perfil que dan los jueces es ‘estudioso del derecho’. Es un gran desenfoque, no tenemos claro el tipo de juez que necesita la sociedad actual.

¿Cómo va el juego sobre la Justicia, “Playtos”, que estás preparando?

Está a puntito. Le hemos dado otra vuelta, porque como hay tantos cambios en la ley… Pero espero que en dos o tres semanas esté ya en la calle (a mediados de enero).

LOS ASTROS, CONTRA GARZÓN

Dos años después de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, preguntamos a Manuela Carmena si se ha hecho una idea de las razones últimas. “Es de esas veces en que se juntan todos los astros. Había un elemento determinante, y es que en una Judicatura no muy proclive a apoyar actitudes singulares Garzón siempre fue muy criticado por su manera de hacer las cosas. A eso se unió el ‘caso Gürtel’, en el que había implicadas personas que se sentían muy seguras. Y entonces los abogados se aliaron con el mundo que reprochaba a Garzón sus actos. La consecuencia fue una grandísima injusticia, un disparate. Primero porque todo lo relativo a las escuchas telefónicas está muy mal desarrollado en la ley. Y segundo porque en un tanto por ciento muy grande de procedimientos en los que ha habido escuchas los tribunales superiores las han anulado y han reprochado a los magistrados que tomaron esa decisión, pero nunca, nunca, nunca, nadie ha sido sancionado por ese motivo”.

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