Tras los atentados yihadistas en Francia, los principales países occidentales, entre los que se encuentra España, han reaccionando planteándose nuevas medidas para combatir este terrorismo a costa de recortar libertades individuales.

Legislar en caliente casi nunca suele ser el mejor camino en un Estado de Derecho consolidado, sobre todo cuando se sacrifican indiscriminadamente libertades en aras de una mayor seguridad.

No me parece que seguir la estela de EEUU tras el 11-M, con la aprobación de Patriot Act, sea el camino más aconsejable. Con la excusa de mejorar la capacidad de las agencias de seguridad para combatir el terrorismo, se restringieron seriamente las libertades y las garantías constitucionales a americanos y extranjeros.

Guantánamo, un campo de concentración en toda regla bajo el amparo de esta Ley Patriótica, no es la solución para combatir la barbarie que representa el islamismo yihadista.

Si ha servido para algo, ha sido para igualarnos, por momentos, en monstruosidad a los asesinos. Y, como ocurrió con las guerras en Iraq y Afganistán, representa un reclamo permanente para que jóvenes de medio mundo engrosen en este ejército de descerebrados.

En esta lucha contra este fanatismo, los países occidentales tienen que afinar todo lo que puedan y más para no rebasar las líneas rojas que separan los regímenes democráticos de los totalitarios.

Quizá antes de recortar más libertades se debiera hacer algo más de autocrítica. ¿Pudieron hacer algo más los todopoderosos servicios secretos norteamericanos para impedir el 11-S? ¿Por qué el CNI no calibró mejor el peligro real que representaba para España el islamismo yihadista? ¿Por qué la policía francesa no extremó la vigilancia sobre uno de los terroristas que participó en la masacre de Charlie Hebdo, si había estado encarcelado por captación de yihadistas?

Quizá si las periferias de grandes ciudades europeas como París no fueran auténticos guetos, el caldo de cultivo ideal para que florezcan nuevos retoños de maldad, no necesitaríamos nuevos recortes de libertad.

Quizá si EEUU y la UE hubieran sacado adelante hace años el Estado palestino independiente, el volcán de odio de Oriente Próximo se hubiera desactivado y los yihadistas se hubieran quedado sin una de sus grandes excusas para extender su guerra santa.

En esencia, a los yihadistas hay que combatirlos sin cuartel, pero sin excesos legislativos que supongan una derrota de nuestras libertades. Los terroristas ganan cuando siembran el terror, pero sobre todo cuando merman nuestro Estado de Derecho.

Eso también hay que combatirlo. En España, sin legislar en caliente, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende extender a cualquier tipo de delito la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones, que la Constitución solo recoge para bandas armadas o terrorismo.

Afortunadamente, el CGPJ se opone a esta peligrosa deriva, que permitiría al propio ministro del Interior o al secretario de Estado de Seguridad ordenar pinchazos telefónicos en casos considerados “de especial gravedad” sin autorización judicial previa. Vete tú a saber.

Por cierto, no sé muy bien si la detención de 12 abogados de ETA, que supuestamente formaban el ‘frente de las cárceles’, es una operación antiterrorista en toda regla o un golpe de efecto político para acallar el malestar de algunas asociaciones de víctimas contra el Gobierno, a raíz de la salida masiva de etarras de la cárcel tras la derogación de la doctrina Parot.

De entrada, si nos atenemos a otros procesos de desmantelamiento de bandas terroristas en el mundo, sobre todo la del IRA, la política penitenciaria siempre resultó un instrumento clave para lograr la bajada definitiva de persianas, que es de lo que se trata finalmente y para lo que se le paga al ministro del Interior.

En este caso, con esta operación policial, parece que se opta por sacrificarla. Y el rechazo del Supremo a la acumulación de penas para la excarcelación es la guinda. En fin.