Yago Martínez Álvarez (Ecologistas en Acción)

La construcción del oleoducto conocido por sus siglas en inglés como DAPL -Dakota Access Pipeline- en EE UU ha atraído la atención de los medios de comunicación internacionales en los últimos meses. Este interés ha sido debido fundamentalmente a la heroica resistencia de un amplio movimiento, liderado por la tribu Sioux de Standing Rock pero apoyado por los gobiernos tribales otros 280 Pueblos Originarios y numerosas organizaciones ecologistas y por la defensa de los Derechos Humanos de todo el mundo. Se oponen frontalmente a la construcción de un tramo del oleoducto que pasaría bajo el lago Oahe y el río Missouri en Dakota del Norte.

El oleoducto divide los territorios sagrados de los Sioux así como las tierras que les fueron concedidas por tratados, y amenaza seriamente los recursos hídricos en la región. Los activistas, autodenominados los “Protectores del Agua", levantaron campamentos permanentes junto a las obras de construcción del oleoducto y fueron violentamente reprimidos por la policía y fuerzas de seguridad privadas que trabajan para las empresas constructoras del proyecto, que utilizaron material y técnicas militares para disolver las concentraciones pacificas.

En diciembre del año pasado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos denegó el permiso para perforar bajo el río Missouri en respuesta a una demanda presentada por la tribu Sioux de Standing Rock, y solicitó estudios adicionales de impacto ambiental que paralizaron de forma temporal las obras. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU ha traído consigo un duro revés para los opositores al DAPL. Trump, que hasta finales de 2015 poseía más de un millón de dólares en acciones de Energy Transfer Partners (ETP), la principal empresa promotora del DAPL, firmó una orden ejecutiva revirtiendo la paralización del proyecto días después de su toma de posesión como Presidente, lo que supuso la reanudación de los trabajos de construcción y el desalojo de los campamentos de resistencia.

A pesar de estos acontecimientos, los “Protectores del Agua” continúan luchando contra el oleoducto y reivindicando el derecho de la tribu de Standing Rock a decidir sobre el uso de sus territorios ancestrales. Y no están solos. El movimiento contra el DAPL es cada vez más fuerte a nivel internacional, como prueba el apoyo y las muestras de solidaridad que llegan desde todas las partes del mundo.

Una de las estrategias que está cosechando más éxitos en este año 2017 es la que persigue la desinversión en las empresas promotoras por parte de todo tipo de inversores públicos y privados, y la retirada de la financiación del proyecto, que corre a cargo de un consorcio formado por 17 entidades bancarias de diferentes países. Estos bancos, que financian la construcción del DAPL a través de préstamos a las compañías ETP, ETE, Sunoco, Phillips 66, Enbridge y Marathon, y entre los que figuran algunos como Citi Group, Wells Fargo, BNP Paribas, ING o BBVA, no han podido permanecer al margen de la polémica.

A partir del último trimestre de 2016 se puso en marcha una campaña internacional, con nodos en EEUU y varios países europeos, para conseguir que estos bancos abandonasen la financiación del proyecto. La campaña #DefundDAPL logró reunir más de 700.000 firmas en todo el mundo que pedían a las entidades bancarias implicadas que reconsideraran su participación en el polémico oleoducto, por contravenir principios de responsabilidad social corporativa voluntariamente adoptados por muchas de ellas, en especial el de consentimiento previo libre e informado de los Pueblos Originarios.

De entrada, la mayor parte de estos bancos respondieron alegando que los estudios de impacto ambiental y social que habían llevado a cabo previamente al desembolso de los préstamos no habían encontrado problemas legales ni éticos que desaconsejaran la financiación del DAPL, y que en todo caso los contratos firmados con las empresas constructoras no les permitían retirarse del proyecto. Sin embargo, a medida que la situación en Dakota del Norte se agravaba, con episodios de represión cada vez más violentos contra los “Protectores del Agua”, el conflicto se hacía mundialmente conocido y la presión social aumentaba, algunos bancos comenzaron a cambiar su posición.

El consorcio encargó un informe a la consultora independiente en materia de empresas y derechos humanos Foley Hoag -que aún no se ha hecho público- y algunos bancos, como el holandés ABN AMRO, emitieron declaraciones en las que decían estar muy preocupados por los acontecimientos en Dakota del Norte. Se comprometían así a presionar a las empresas promotoras para que llegaran a un acuerdo satisfactorio para la tribu de Standing Rock que respetase los Derechos Humanos y que incluyera el precepto de consentimiento previo libre e informado.

Finalmente, en el último mes, varias entidades europeas como la holandesa ING, la noruega DNB o la francesa BNP Paribas anunciaron la venta de los préstamos relacionados con el DAPL. ING y DNB han anunciado además, tras reunirse con los representantes de la tribu, la venta de sus participaciones en las empresas promotoras y el compromiso de no mantener con ellas nuevas relaciones financieras. Pero no todas los bancos han seguido el mismo camino.

Entre las entidades bancarias europeas que no se han desvinculado del polémico oleoducto está el banco de capital español BBVA. Este banco, al que fueron entregadas las firmas de la campaña #DeFundDAPL por Ecologistas en Acción el pasado mes de febrero, se ha limitado a publicar una declaración en la que afirma que su participación en el DAPL cumple todos los criterios sociales y ambientales establecidos por los convenios que ha suscrito, que se ha reunido con los Sioux de Standing Rock para conocer “de primera mano sus preocupaciones” y que seguirá manteniendo conversaciones con las empresas para analizar la cuestión.

Lejos de cuestionarse su continuidad en la financiación del proyecto, BBVA participa también en un nuevo préstamo a las empresas promotoras del DAPL emitido el pasado mes de marzo por el consorcio y del que sí se han descolgado ING, ABN AMRO, DBN y el banco italiano Intesa San Paolo.

Pese al inmovilismo de BBVA y otros bancos que continúan financiando el DAPL, la campaña por la desinversión, calificada de “terrorismo” por el director ejecutivo de Energy Transfer Partners, está consiguiendo importantes logros. Ciudades de EEUU como Seattle, San Francisco o Santa Mónica han anunciado su intención de romper sus vínculos financieros con las empresas promotoras del DAPL y los bancos que las financian. El fondo de pensiones público de California ha emitido un comunicado exhortando a los bancos estadounidenses a ejercer su influencia como acreedores para que las demandas de la tribu de Standing Rock sean tenidas en consideración. En Noruega, varios inversores privados y fondos públicos de pensiones han vendido sus participaciones en las empresas relacionadas con el proyecto.

No obstante, queda mucho por hacer, y por ello se está trabajando con inversores en todo el mundo y sensibilizando a los accionistas de bancos como Wells Fargo o Citi Group para que emitan declaraciones contrarias a la financiación del DAPL en las juntas de accionistas. En España, organizaciones como Ecologistas en Acción, y colectivos de estadounidenses residentes en nuestro país como Madrid Resistance o Women's March Barcelona, están trabajando conjuntamente para conseguir que BBVA siga el ejemplo de bancos como ING, ABN o BNP Paribas.

Aunque el objetivo a corto plazo es debilitar financieramente a este proyecto en concreto, se trata también de mandar un mensaje potente a la banca y a los inversores de cara a la evaluación de futuros proyectos. La sociedad civil es cada vez más consciente de la responsabilidad de los financiadores que están detrás de infraestructuras como el DAPL, y exige que estos apuesten por inversiones social y ambientalmente responsables.

*Yago Martínez Álvarez es co-coordinador del Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción