Fernando Luengo, economista

Blog “Otra economía”: https://fernandoluengo.wordpress.com

@fluengoe

El debate europeo ha pasado por diferentes fases en los últimos años. Durante la mayor parte del tiempo ha ocupado, en la práctica, un lugar insignificante en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea (UE). El mensaje trasladado a la ciudadanía, que ha parasitado y condicionado ese debate, era inequívoco: había que cumplir a rajatabla las exigencias en materia de deuda y déficits públicos, objetivos contenidos en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento (PEC). Como mucho, aquí estaba una parte importante de las izquierdas, había que intentar aprovechar y forzar las rendijas legales e institucionales con el objeto de flexibilizar esas normas.

A pesar de la rigidez de las mismas y del negativo impacto de los ajustes presupuestarios, sobre todo en los países con economías más débiles (el continuo aumento de la desigualdad y la progresiva precarización de la sanidad y la educación públicas que estamos padeciendo no han caído del cielo), los gobiernos de uno y otro signo no han dejado de izar la bandera de un europeísmo incondicional; todavía con más determinación si cabe tras la decisión por parte del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE). Cierre de filas alrededor del denominado proyecto europeo, que, se nos decía, avanzaba contra viento y marea.

Llegó la pandemia y con ella una crisis económica y social sin precedentes en tiempo de paz que ha obligado a todos los países europeos a implementar medidas extraordinarias destinadas, sobre todo, a paliar y frenar la expansión de la enfermedad. Muy pronto quedó claro la insuficiencia de las mismas, además de la descoordinación y hasta la colisión de las diferentes iniciativas puestas en marcha. Las instituciones comunitarias tenían que entrar en escena, esa era la exigencia de los gobiernos y la esperanza de los pueblos.

Esa respuesta llegó. La medida estrella que, teóricamente al menos, marca un punto y aparte con respecto a las propuestas desarrolladas con anterioridad ha sido la aprobación por parte de la Comisión Europea y del Consejo Europeo de un fondo de recuperación (en inglés, Next Generation European Unión, NGEU) dotado con 750 mil millones de euros.

Por primera vez en su historia la Comisión Europea acudirá a los mercados de capital para tomar un préstamo por esa cantidad, con cargo al presupuesto comunitario, que será reembolsado entre 2028 y 2058; con este préstamo se habilitará un fondo especial, Mecanismo Europeo de Resiliencia, dotado con 672,5 mil millones de euros, puesto a disposición de los gobiernos en forma de créditos a bajo tipo de interés (el 53,5%) y de transferencias (el 43,5%). En este caso, al tratarse de subvenciones a fondo perdido, los dineros no tendrán que devolverse, ni supondrán una carga adicional sobre las muy deterioradas finanzas públicas.

De los recursos movilizados por la Comisión Europea, España recibirá 140 mil millones de euros, siendo la mitad transferencias. Añadamos a todo esto que la aplicación del PEC -que, como antes he señalado, suponía una verdadera camisa de fuerza para los gobiernos- ha sido temporalmente suspendido, por lo que el margen presupuestario de los países para enfrentar la pandemia y la crisis económica se amplía considerablemente. No me detengo en otras medidas, como las llevadas a cabo por el Banco Central Europeo (BCE), que apuntan en la misma dirección: movilizar una cantidad sustancial de recursos financieros, como exige esta situación excepcional.

Una vez que el Consejo Europeo ha dado luz verde al NGEU y se han puesto en marcha las diferentes iniciativas que acabo de esquematizar, el grueso de los medios de comunicación y de la clase política han hecho piña para lanzar a los cuatro vientos el mensaje de que, a pesar de las tensiones que han atravesado las negociaciones, pese a que en algunos momentos parecía que podían descarrilar, las políticas comunitarias finalmente aprobadas suponen un esfuerzo inédito, sin precedentes, generoso y solidario; Europa habría estado a la altura de esta coyuntura histórica. Argumentos todos ellos para dar oxígeno a un europeísmo que estaba en horas bajas.

Así pues, tan sólo hay que esperar a que la “lluvia de millones” llegue a nuestro país para encajarla en los presupuestos expansivos que está preparando el gobierno de coalición. Si una imagen vale más que mil palabras, me quedo con la de Pedro Sánchez, recibido como un héroe a la vuelta de las negociaciones en Bruselas, con aplausos unánimes en el consejo de ministros. Con esta visión triunfalista y acrítica se cierra el debate sobre la postura de la UE ante la pandemia, más necesario que nunca.

Nadie puede negar que las instituciones comunitarias, ante una crisis que coloca la construcción europea al borde del abismo, con unas economías en caída libre, ha traspasado algunas de los principios que han dominado su actuación, dogmas de fe ideológicos que, durante demasiado tiempo, se han querido presentar como verdades económicas irrefutables. Y no es menos cierto que las medidas adoptadas contribuyen a paliar la crítica situación que viven las economías y las poblaciones.

Me parece, en todo caso, que esta valoración ignora o infravalora aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta. La intervención de las instituciones comunitarias revela los límites estructurales de la Europa realmente existente, que, en realidad, no ha estado a la altura de la encrucijada histórica que estamos viviendo. Desde esta óptica, en absoluto reconforta que se hayan superado las líneas rojas a las que acabo de hacer referencia o que se hayan movilizado recursos con nuevos instrumentos, que hasta hace poco eran abiertamente rechazados.

Los recursos canalizados por las instituciones comunitarias resultan a todas luces insuficientes para acometer los retos que tenemos por delante, que no sólo consisten en reactivar la actividad económica, sino en poner las bases de otra economía sostenida en la igualdad y la transición ecológica, objetivos que de ninguna manera se pueden postergar y hacerlos depender de un retorno al crecimiento o de las mejoras tecnológicas; a pesar de que, actualmente, los gobiernos no están obligados a aplicar las políticas de ajuste presupuestario marcadas en el PEC, la lógica de la condicionalidad macroeconómica y estructural -en materia salarial, reformas laborales, salarios, privatizaciones, pensiones públicas…- se mantiene intacta y se hará particularmente evidente con la presentación de los planes de reforma que se deben inscribir en la lógica del Semestre Europeo y a los que Bruselas tiene que dar el visto bueno; los denominados países frugales han condicionado de manera decisiva las negociaciones, rebajando sustancialmente las pretensiones de los países del Sur y de los más afectados por la pandemia, y han conseguido conservar y ampliar sus privilegios, con el falaz argumento de que aportan al presupuesto comunitario más de lo que reciben; la industria financiera y la deuda continúan desempeñando un papel protagonista, representando un pasivo para las cuentas públicas que terminará condicionando la actuación de los gobiernos (a pesar de que una parte de los dineros se les hará llegar en forma de transferencias y de que los tipos de interés están muy bajos); las políticas llevadas a cabo por el BCE, claves para aminorar la prima de riesgo de la deuda pública, al proporcionar financiación en condiciones muy privilegiadas a los grandes bancos y corporaciones contribuyen de manera decisiva al aumento de la desigualdad y a la especulación financiera e inmobiliaria; esta institución, con la excusa de que su carta fundacional lo prohíbe, ha renunciado a una intervención decisiva en los mercados primarios de bonos para reducir la deuda pública de los gobiernos; casi nada se ha avanzado, salvo los buenos y retóricos propósitos de siempre, en materia de progresividad tributaria (impuesto sobre las transacciones financieras, las grandes fortunas y patrimonios, beneficios de las grandes corporaciones); el leve aumento del presupuesto comunitario y la tibieza con que se plantea la posibilidad de ampliar la base de recursos propios revelan las carencias de la política redistributiva de la UE y el sometimiento de la misma a la lógica de los mercados financieros.

Meter en el cajón del olvido estos y otros asuntos relevantes es un imperativo de las derechas, muy comprensible por los intereses que defienden. Pero es un grave error si lo hacen las fuerzas que se reclaman de izquierdas. Con el argumento tramposo y parcial de que se ha llegado en las negociaciones hasta donde se ha podido y de que la correlación de fuerzas no daba para más, se legitiman una actuación comunitaria muy discutible y se saca del debate un ámbito que influye de manera decisiva en la política económica y social del gobierno de la nación. Era y es necesaria, además de urgente, Otra Europa, porque la que existe continúa atrapada en el entramado oligárquico financiero y productivo todopoderoso de siempre.