José María Mella

Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de econoNuestra

En el libro en inglés titulado Inequalality. What can be done? (Harvard University Press), el autor A.B. Atkinson defiende que la lucha contra la desigualdad es posible. Afirma que es posible en contra de los argumentos para la inacción, basados en que la intervención pública perjudica el crecimiento de la economía, la globalización impide la acción de los gobiernos y la falta de financiación no permite que las políticas por una mayor equidad social puedan llevarse a cabo.

El autor explica que tales reformas son factibles. Estas medidas no necesariamente reducen el crecimiento de la economía. Por ejemplo, mayores salarios pueden motivar y comprometer a los trabajadores con los objetivos de la empresa, y aumentar la productividad del trabajo. La economía puede sustituir así progresivamente “malos puestos de trabajo” por “buenos puestos de trabajo”.

El aumento del seguro de desempleo, siendo más exigentes con los requisitos para obtenerlo (incompatibilidad con otros empleos, aceptación de ofertas de trabajo, entrenamiento profesional, búsqueda activa de empleo,…), puede incrementar el reempleo, la formación del trabajador, la economía formal sobre la informal y los incentivos para trabajar.

Un fondo de pensiones público en contraste con otro privado puede evitar la búsqueda de rentabilidad a corto plazo de este último, eludir la especulación, incrementar la inversión en empresas productivas, generar empleo y promover el crecimiento de la economía.

La competitividad en el marco de la globalización no debería llevar consigo el desmantelamiento del Estado de bienestar. Porque la reducción de la prestación pública de los servicios públicos, aumenta no sólo la provisión privada de los mismos, sino también el gasto social total. Este coste recae sobre los empresarios (mayores costes) o sobre los trabajadores y sus familias (menores ingresos), que finalmente requiere financiarse con más gasto público vía deducciones fiscales y bonificaciones. La crisis fiscal del Estado de bienestar no parece resolverse con la transferencia del gasto social del sector público al privado.

Finalmente, el autor se pregunta si los costes presupuestarios de la lucha contra la desigualdad pueden pagarse. Contesta que sí, porque una política económica más redistributiva hace más equitativa la distribución de ingresos y gastos públicos, equilibra el presupuesto, aumenta el empleo y las transferencias de renta disminuyen la desigualdad y los niveles de pobreza de modo considerable.