Mariano Rajoy ha actuado –y lo sigue haciendo– de forma temeraria para el futuro de las pensiones públicas. Hay quienes sostienen que lo hace premeditadamente, con el objetivo último de justificar una progresiva privatización del sistema. Yo no estoy en condiciones de asegurarlo, aunque debo reconocer que su contumacia resulta ya demasiado sospechosa.

Nada más llegar a la Moncloa hace cuatro años, dobló la apuesta por las políticas de austeridad que José Luis Rodríguez Zapatero había emprendido en mayo de 2010 para desdicha suya y de la inmensa mayoría de los españoles. Como consecuencia de ello, el número de parados escaló con Rajoy hasta la cota más alta de la historia: 6.278.200 en el primer trimestre de 2013.

Ese lamentable récord habría sido más difícil de alcanzar sin la impagable ayuda de la tristemente célebre reforma laboral de febrero de 2012, una auténtica trituradora de empleo, que abarató los despidos colectivos. En enero del año siguiente, la afiliación a la Seguridad Social tocó suelo con sólo 16.083.000 cotizantes, un millón menos de los que había al comienzo de la legislatura.

El miedo a engrosar las filas del paro y el menoscabo del poder de los sindicatos inducido por la reforma laboral facilitaron un cambio profundo en el mercado de trabajo: la sustitución en masa de empleo de calidad por empleo precario. Más del 95% de las nuevas contrataciones fueron a partir de entonces de carácter temporal, muchas veces por horas y siempre con sueldos peores.

El efecto sobre las cotizaciones no se hizo esperar, y las bonificaciones ofrecidas por el Gobierno a los empresarios sólo han servido para empeorar las cosas. La última prueba de ello data de noviembre de 2015: hasta ese mes, la recaudación de la Seguridad Social apenas subió un 1,33%, a pesar de que el aumento de la afiliación había sido del 3,15%; es decir, casi dos puntos más.

Como la pensión media continúa subiendo (de 924 a 1.030 euros mensuales a lo largo de la legislatura) porque los nuevos jubilados cotizaron más durante su vida activa, en estas condiciones las cuentas son imposibles de cuadrar. Y de ahí los sucesivos hachazos que Rajoy le ha dado a la hucha de las pensiones y que han reducido a la mitad la cuantía con que estaba dotada al cierre de 2011.

Por si todo esto no fuera suficientemente peligroso, el presidente en funciones anunció en la campaña electoral previa al 20-D algunas medidas que contribuirán a echar leña al fuego. Me refiero a la exención de cotizar a la Seguridad Social por los primeros 500 euros de salario en los nuevos contratos indefinidos, que se ha hecho extensiva a la conversión de los temporales en fijos, y al complemento de pensión para las madres con dos o más hijos.

Su impacto presupuestario no parece que vaya a ser excesivo, pero ambas decisiones muestran hasta qué punto Rajoy no parece consciente de los graves riesgos que afronta el sistema. O sí lo es –como sostienen los mal pensados– e intenta llevar las cosas al extremo que le permita justificar otra vuelta de tuerca a las pensiones públicas, que anime a la gente a suscribir planes privados.

Para el sector financiero, desde luego, sería una magnífica noticia, porque se trata de un negocio que puede darle todavía mucho dinero. Pero, bueno, puede que eso sea una simple suposición sin ningún fundamento. Al fin y al cabo, aquí a los grandes poderes económicos nunca se les regala nada…

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