Aun sin ningún tipo de prueba que demuestre enriquecimiento personal, o de haberse servido de su cargo como presidente de Brasil para obtener beneficios personales, aun regresando al mismo apartamento de la periferia obrera de São Paulo de donde salió para ser el presidente de más éxito y prestigio en la historia del país —aun con todo ello, Lula tiene que ser acusado, procesado, considerado culpable y condenado—.

En el caso de que esto no sucediera, tras la persecución judicial, policial y del Congreso, ya no será posible decir que todos los políticos son inmorales, que todo líder popular conquista el apoyo del pueblo en base a fraudes. No será posible justificar que se instale en Brasil un gobierno de corruptos, de ladrones y de golpistas sin ningún apoyo popular, como si el país estuviera condenado a ser manipulado por esa manga de mafiosos que ha asaltado el poder por medio de un golpe.

Si Lula fuera candidato de nuevo y el pueblo volviera a reconocer, una vez más, su capacidad de liderazgo indiscutible, no será posible decir que el contacto con el Estado corrompe a todos, que los gobiernos sirve para enriquecer a los políticos, sino que es, por contra, posible promover los derechos de todos, incluyendo también a los más pobres en la esfera de los derechos esenciales garantizados por el Estado.

Si Lula no es condenado, aun con pruebas manipuladas por jueces que representan los peores intereses de la élite brasileña, responsables de mantener a este país en en mapa del hambre, entonces se probará que un presidente puede atender a los intereses de todos, que no es necesario gobernar para los ricos y contra los pobres. Quedaría comprobado que Brasil no necesita someterse a los designios del mercado, del capital especulativo, del FMI. Que Brasil puede y debe retomar el desarrollo económico con distribución de renta, el modelo escogido por el pueblo brasileño en elecciones directas cuatro veces consecutivas.

Si Lula no se ha enriquecido como presidente, si no ha traicionado los intereses del pueblo, si es el único político que mantiene un inmenso apoyo popular y la confianza del pueblo, con más razón necesita ser condenado, porque esa imagen es insoportable para las élites tradicionales brasileñas. Porque éstas necesitan recuperar el control del Estado y volver a gobernar para ellas mismas y en contra de los derechos conquistados por el pueblo brasileño en este siglo.

Para impedir que de nuevo un gobierno democrático, popular y soberano se instale en Brasil, es necesario sacar a Lula de la vida política, no importa el modo. No sirve fabricar encuestas en las que Lula aparecería con gran rechazo. Si creyeran en esas encuestas, no necesitarían sacarlo de la vida política. Bastaría derrotarlo en una disputa democrática, a través del voto popular. No habría peor derrota para Lula ni victoria más grande para la derecha brasileña.

Pero la derecha, que ha perdido con Jose Serra dos veces, con Alckmin, con Aecio, con Marina, va a perder de nuevo, con cualquiera de ellos o con algún invento nuevo. Por ello necesitan fabricar una condena de Lula y para ello cuentan con el sistema judicial y el Congreso, dispuestos a pasar a la historia como marionetas de las minorías dominantes.

Un fantasma recorre las mentes de las élites dominantes, de su políticos, de los dueños de los medios, de los jueces, de los policías —el fantasma de Lula, que es necesario condenar, frente a la imposibilidad de derrotarlo si la democracia se restablece en Brasil.