Las madres perseguidas

María Salmerón entrará en prisión el próximo 20 de julio para cumplir una sentencia de cuatro meses de reclusión. María Salmerón está condenada por un delito grave: haberse negado a permitir que su hija cumpla el régimen de visitas de su padre, impuesto por orden judicial. El marido de María es un maltratador condenado por sentencia firme, que no cumplió ni un día de cárcel y que según reiterada jurisprudencia, amparada por la permisividad de la ley, puede seguir teniendo relación con su hija. Una hija ya de 12 años que se niega reiteradamente a convivir con su padre.

Como en la cultura islámica, en la que se castiga a la violada en vez de a los violadores por haber demostrado falta de pudor, en España se pena a las madres que protegen a sus hijas e hijos de padres maltratadores, abusadores sexuales y tantas veces asesinos. Exactamente eso es lo que sucedió a Ángela González.

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado a España por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación. La mujer, Ángela González, había denunciado a su exmarido en 30 ocasiones por amenazas y agresiones y se había opuesto a que viera sin supervisión a la niña. Pese a ello, el hombre mató a la pequeña Andrea y después se suicidó.

El CEDAW, que se ocupa del cumplimiento del tratado que prohíbe la discriminación de la mujer —que España ha firmado y ratificado—, ha emitido un dictamen vinculante en el que indica que la Administración española debe indemnizar “de manera proporcional” a Ángela y expone que el Estado español actuó de manera negligente: no las protegió ni a ella ni a su hija; tampoco la indemnizaron por el daño irreparable sufrido. Es la primera vez que un organismo internacional falla contra España por un caso de violencia de género. Y el dictamen ha sido unánime: los 36 miembros del comité han estado de acuerdo. “La condena es contundente. El CEDAW dice claramente que las negligencias de la Administración de Justicia llevaron a la muerte de Andrea; también que la Administración maltrató a Ángela al no reconocer la negligencia cometida”, apunta Viviana Waisman, directora de Women’s Link Worldwide, la organización que ha llevado el caso hasta la ONU.

Ángela González había huido de su casa en 1999 con su hija de tres años. Llevaba sufriendo malos tratos desde que se quedó embarazada, cuando denunció por primera vez a su marido. Pese a irse, las agresiones siguieron. En el proceso de divorcio, el juez concedió al padre un régimen de visitas tutelado. Pero dos años después, sin atender la recomendación del equipo de servicios sociales que supervisaba esos encuentros, el juez aceptó un recurso del hombre y permitió que viera a la niña a solas. Una docena de visitas más tarde, el hombre la mató de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid).

Tras lo ocurrido, Ángela denunció que la Administración, a la que había alertado, no había protegido a su hija. Perdió en todas las instancias. Entonces, ella y sus abogadas decidieron acudir al CEDAW. Con la conformidad habitual, y en defensa de una ley, la de Violencia de Género completamente ineficaz, la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, admitió que “no se dio la protección que hubiese podido prevenir esta muerte”, pero que desde entonces España “ha evolucionado mucho”, sobre todo gracias a la Ley contra la Violencia de Género de 2004.

Pues bien, ni con la Ley ni con la evolución que con tanta satisfacción invoca la directora del Instituto de la Mujer, se han prevenido los asesinatos de niños entregados a la custodia o visita del padre. Y desde que se dictó esa sentencia por la CEDAW la Administración de Justicia española no ha abierto procedimiento alguno sobre el caso como le reclama la ONU ni ha difundido el dictamen “a todos los públicos relevantes” como le reclama el fallo ni Ángela ha sido indemnizada.

La resolución, además, recomienda a España que todos los jueces y personal judicial sigan cursos para evitar los estereotipos de género. Estos, indica Waisman, más la idea de que para los niños siempre es mejor conservar la relación con el padre, aunque sea un maltratador, provocan situaciones como la de Ángela. Esa indicación, en la que se le dice a España que debe proporcionar formación especializada a todo el personal especializado (jueces, trabajadores sociales, abogados de oficio...), es uno de los puntos fundamentales del dictamen del CEDAW.

Según el Consejo General del Poder Judicial, los jueces solo dictaminan la suspensión del régimen de visitas en el 3% de los casos de violencia de género. “Esto demuestra que en la práctica persisten los estereotipos y la misma falta de credibilidad en la madre que propiciaron aquel crimen. Hay que derribar la idea de que un maltratador no es obligatoriamente un mal padre: lo es desde el momento que hace daño a la madre. Y acabar también con la idea de que las madres utilizan las denuncias por violencia para sacar beneficios en los divorcios o quitar la custodia a los padres”, subraya Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Desde el caso de Ángela, varias decenas de menores han sido asesinados por un padre maltratador, cuyos antecedentes de violencia le constaban claramente a la justicia. Los asesinos machistas han matado a 44 hijos e hijas en la última década. Niños y niñas desde los cuatro meses de edad hasta los 16 años, ahogados, acuchillados, tiroteados... Todos murieron a manos de su padre, pero más de la mitad, 26, estaba a solas con él durante la visita o la custodia compartida o fue el objetivo de la agresión física aun con la madre presente. A pesar de la Ley de Violencia de Género y de la evolución del país.

Este terrible peligro es el que lleva a María Salmerón a negarse a entregarle su hija al padre. Este supuesto y el mucho más cierto de que la hija va a sufrir el maltrato de tener que convivir los fines de semana con un hombre que ha maltratado a su madre. María, como madre coraje lleva varios años resistiéndose a cumplir la sentencia que la obliga a ello, y en consecuencia debe purgar ser valiente, no ser sumisa y ser buena madre.

Varios cientos de madres más, conocemos también el caso de Susana Guerrero, se encuentran en el riesgo de ser multadas y encarceladas por defender a sus hijos e hijas, mientras los maltratadores no cumplen las condenas.

Si el juzgado no suspende el ingreso en prisión de María hasta que se resuelva el indulto que ha solicitado su abogado, sólo nos queda acompañarla el día 20 de julio. A las 10,30 de la mañana, allí, en la puerta de los juzgados de Sevilla, para dar testimonio de nuestra solidaridad y de nuestra indignación ante la arbitrariedad de una justicia que se practica en un país que se cree civilizado.