¿Madrid Nuevo Norte o de nuevo la Operación Chamartín? (I)

Notas sobre un pésimo acuerdo para la ciudad de Madrid

Rodrigo Calvo López (@_kodrito)

Hace apenas dieciséis meses nos congratulábamos de la desestimación en el pleno del Ayuntamiento de Madrid del Plan Parcial para la “Prolongación de la Castellana” (APR.08.03), más conocido como Operación Chamartín, promovido por DCN (Distrito Castellana Norte: formada en un 75% por el BBVA y un 25% por la Constructora San José), con los votos de Ahora Madrid y PSOE.

Nos congratulábamos también de la presentación pública del nuevo plan, bautizado como Madrid Puerta Norte. Este proyecto suponía un nuevo punto de partida, mucho más favorable para los intereses generales, y un severo varapalo para el BBVA, pese a que hubiera muchos aspectos discutibles y batallas por librar.

Una negociación opaca

Tras la presentación a bombo y platillo de la alternativa municipal en mayo de 2016 se vivieron unos primeros momentos de cierta audacia y pedagogía política por parte del Ayuntamiento, en los que se anunciaron acciones inmediatas, como la necesaria urbanización de la calle Mauricio Legendre. Estas decisiones demostraban que no era necesaria la Operación Chamartín para resolver problemas concretos del entorno y revertir la deliberada degradación del mismo.

Sin embargo, pronto llegaron las dudas y titubeos ante la arremetida judicial del BBVA y sus palmeros políticos y mediáticos. Se reiteraron los llamados al diálogo y al acuerdodonde la figura de Luis Cueto tendía a desplazar al equipo del Área de Desarrollo Urbano Sostenible. Se fue cayendo en la opacidad mientras pasaban los meses, sin reuniones de la supuesta “mesa social” (la parte social estaba excluida de la llamada 'mesa técnica', a la que no podían asistir los técnicos de las asociaciones) y la única información que trascendía eran interesadas filtraciones de DCN a diferentes medios de comunicación, desmentidas con cada vez menos entusiasmo por parte del equipo de gobierno municipal . En los últimos meses se sucedían los rumores sin que prácticamente nadie en la ciudad, a excepción de un reducido grupo negociador, supiera qué estaba pasando.

Hasta apenas una semana antes del anuncio del acuerdo, el Área de DUS negaba a los representantes de la FRAVM y la Plataforma Zona Norte que el acuerdo estuviera próximo. A los concejales de los distritos afectados y al PSOE se les comunicó el acuerdo tres días antes de la presentación, y al resto de concejales de Ahora Madrid se les explicó el miércoles -un día antes-, a través de una presentación en powerpoint de la que no se repartieron copias impresas. Se daba ya por un acuerdo cerrado y sin posibilidad de discusión.

¿Qué había pasado para que se diese tal viraje en apenas un año? Lo ininteligible de la estrategia municipal (no tiene ningún sentido prometer en 2016 una serie de cosas a las que vas a renunciar un año después) hace pensar que realmente no hubo tal estrategia sino que se fueron cambiando las posiciones a medida que fue pasando el tiempo y aumentaba la presión desde el entramado al servicio del BBVA (que combinó la presión política directa desde Fomento y Comunidad de Madrid, la compra de amplísimos espacios mediáticos e incluso innovadoras estrategias de legitimación del proyecto sobre el terreno, con apertura de oficinas en los barrios y creación de un simulacro de frente vecinal regado con dinero del banco).

La rumorología dice que en un momento dado desde las altas instancias municipales se dio la orden de llegar a un acuerdo en un plazo muy corto, sorteando incluso al equipo del Área de Desarrollo Urbano Sostenible. Eso explicaría el carácter más financiero que urbanístico del acuerdo alcanzado este año, que apenas tiene esbozadas las soluciones técnicas y de ordenación que harían viable los compromisos de edificabilidad adquiridos con la empresa.

Pese a las fechas veraniegas y a que no se esperaba un desenlace de estas características, el pasado mes de julio se multiplicaron los pronunciamientos en contra del acuerdo por parte de importantes actores sociales e incluso organizaciones políticas que forman parte de Ahora Madrid: la FRAVM y la Plataforma Zona Norte, Ecologistas en Acción, CCOO Madrid, Anticapitalistas o Izquierda Unida emitieron comunicados muy críticos en los días siguientes al acuerdo. También la plataforma Ganemos Madrid se mostró crítica, así como diputados autonómicos de Podemos.

Se puede decir que nadie “ha comprado” el acuerdo más allá del disciplinado núcleo de concejales en torno a Carmena y la previsible solidaridad del Podemos 'oficial', pese a las crecientes voces críticas en su interior -en especial en el ámbito autonómico-. Obviamente, han jaleado el acuerdo BBVA y sus brazos políticos (PP, C's) y mediáticos (en especial el grupo PRISA). En cuanto al PSOE, un pacto por arriba con la nueva dirección federal ha obligado a un cierre de filas del grupo municipal en torno a un proyecto en el que ni siquiera cree, que la 'vieja guardia' urbanística del partido considera una aberración y sobre el que necesitará provocar alguna mínima modificación que haga más tragable el apoyo. Por otro lado, asistimos a un reinicio de curso en el que se están reactivando las plataformas e iniciativas contrarias a la Operación (y al acuerdo de julio), escenificándose así la ruptura radical entre tejido social y Ayuntamiento en la Mesa Social del pasado 21 de septiembre.

El contenido del acuerdo

Hay que tener en cuenta que la información disponible es muy limitada: el texto del acuerdo son apenas cinco páginas y no hay planos oficiales.. Además existen unas infografías que se publicaron brevemente en la web de DCN para ser borradas después, llegando incluso el Área de urbanismo a negar su existencia en la mesa del 21 de diciembre, pese a que han circulado ampliamente. Esta extraña anécdota muestra dos cosas: la necesidad de “dejar algo” sin cerrar del todo para discutir en las mesas programadas para este otoño y el miedo a que el acuerdo pueda considerarse un convenio de planeamiento, algo prohibido por la ley. Por eso nadie firma el acuerdo, que aparece escrito sin ni siquiera los logotipos oficiales del consistorio.

Pese a la limitada información, en el acuerdo se fijan los números básicos de la operación, lo que permite hacer una comparativa con todos aquellos proyectos que no llegaron a buen término: PGOU de 1997; Modificación del PGOU de 2002, Plan Parcial de 2011 (anulado por los tribunales), Plan Parcial aprobado inicialmente en 2015 y desestimado en 2016, proyecto Madrid Puerta Norte de 2016 y, finalmente, acuerdo del proyecto Madrid Nuevo Norte de 2017.

¿Control público de la operación?

Desde el Ayuntamiento se está jugando a la confusión con el concepto de “control público de la operación”. No es lo mismo que la iniciativa de planeamiento sea pública a que lo sea también la gestión. En teoría, que sea el ayuntamiento quien redacta el plan y no sólo quien lo tramita, facilitaría la integración de las demandas y propuestas sociales y posibilitaría la primacía del interés general sobre el particular. La gestión pública (mediante consorcio u otra figura) permitiría además a la administración tener el control de la ejecución, decidir los plazos, etc.

Es cierto que se mantiene la iniciativa de planeamiento pública, pero mientras la gestión de los ámbitos al sur de la M-30 iba a ser pública, ahora será privada. Al menos en el ámbito clave que es el distrito financiero. Si examinamos la cuestión del planeamiento con frialdad, tampoco las decisiones fundamentales de la operación (los parámetros básicos de edificabilidad, usos, costes, etc) las va a tomar libremente el municipio de acuerdo con el interés general, sino que se han prefijado en un acuerdo negociado con DCN, por lo que los técnicos municipales se limitarán a dibujar la ordenación y tratar de encajar sobre el terreno las edificabilidades pactadas, tarea nada sencilla por cierto.

Profundizando el desequilibrio territorial

La insistencia en la construcción masiva de oficinas de alto nivel en el norte de Madrid, destinadas a atraer sedes de grandes empresas (especialmente financieras, tras el Brexit) y de viviendas libres contribuye a profundizar su especialización funcional, coherente con la tendencia a la segregación espacial Noroeste-Sureste (que divide la región en dos mitades, una al norte de esa línea donde se localizan las áreas residenciales de clase media-alta y las sedes empresariales, otra al sur donde se localizan los barrios de clase trabajadora, los polígonos industriales o logísticos y las infraestructuras indeseables como cementeras o incineradoras).

La construcción de 4.100 viviendas públicas, que se ofrece como el contrapunto reequilibrador a la operación ni es suficiente cuantitativamente para compensar la histórica concentración de la vivienda social en el sur, ni ofrece garantías reales de materialización a medio plazo. La operación supone una oportunidad perdida para el reequilibrio de la ciudad, sobre todo si tenemos en cuenta la propiedad pública mayoritaria de los terrenos. La exclusión de los usos industriales, incluso los ya existentes en el ámbito, a los que se conmina a marcharse de tan privilegiada ubicación, tampoco contribuye al reequilibrio territorial.

Movimiento ciudadano que detenga la operación financiera

Afirmaba el diputado autonómico de Podemos Isidro López en una intervención en la reciente Universidad de Verano de Anticapitalistas que “la Operación Chamartín significa en términos políticos entregarle el norte de la ciudad al BBVA”. No es ninguna exageración, ya que nos encontramos probablemente ante el momento de la verdad para el gobierno municipal de Ahora Madrid, en el que se juega su potencialidad transformadora e impugnadora del status quo o su rápida asimilación e integración en los márgenes del juego político permitidos por el que sigue siendo el verdadero gobierno de la ciudad: las grandes empresas financieras, inmobiliarias y constructoras con sus divisiones de servicios incluidas (a las que hasta ahora apenas se han tocado sus multimillonarios contratos).

Se abre una batalla dura en los próximos meses en la que el resultado no está escrito de antemano. La Operación Chamartín lleva casi un cuarto de siglo planeando sobre nuestras cabezas, y a poco que se estructurase un cierto movimiento social de oposición a la misma no debería resultar difícil doblarle la mano a un Ayuntamiento en el que una buena parte de sus integrantes se oponen a la Operación y otra la acepta con resignación pero sin ningún entusiasmo.