La intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) y del Banco de Madrid, su filial española, ha vuelto a demostrar que en lo que a vigilancia financiera se refiere somos la pera limonera. Tal es el pánico que la diligencia de nuestras autoridades ha extendido entre evasores fiscales, traficantes de divisas y blanqueadores de capitales, que sus temblores permiten distinguirles fácilmente por la calle. Los espasmódicos delincuentes de cuello blanco tienen los días contados.

Para el Banco de España habría sido fácil colgar todas las medallas de la operación en la pechera de su gobernador, pero se ve que Luis María Linde es un hombre discreto al que no le gusta pitar en los arcos detectores de metales de los aeropuertos. De ahí que haya tenido que ser el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que denunciara que la entidad andorrana se lo hacía con todo tipo de mafias a cambio de comisiones por sus trabajos de lavandería de dinero negro.

El informe estadounidense que ha desencadenado la intervención de la BPA por parte de Andorra detalla operaciones que ya eran conocidas desde hace dos años por la Justicia española, hasta el punto de que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco llegó a enviar en enero de 2013 una comisión rogatoria para solicitar la intervención de los teléfonos de dos directivos de la entidad. Los investigados –hay que ponerse a la moda— pasaban más tiempo en Moscú que Putin y en sus viajes se reunían con la cúpula de la mafia rusa para decidir dónde colocar sus ahorros, ya fuera en las islas Seychelles o en las Vírgenes.

Lo normal hubiera sido que el Banco de España hubiese actuado, al menos sobre la filial española, el Banco de Madrid, cuyo consejero delegado ahora detenido, Joan Pau Miquel, era el mismo que el de la matriz, y comprobar así el alcance de las acusaciones. Eso, como se ha explicado, habría sido lo sencillo. En su lugar, se facilitó a la Banca Privada de Andorra quedarse con fondos de inversión de varias entidades –Banco de Valencia, BMN y Liberbank—, rescatadas por el FROB con dinero público. El Banco de Madrid presumía de ser una de las entidades con mayor número de sicav gestionadas. Una jugada maestra.

Como cuatro ojos ven más que dos, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del superdiligente ministro De Guindos, ya había tomado cartas en el asunto. Desde abril del pasado año había empezado a trabajar en un informe en el que, con el rigor que le caracteriza, había detectado varias infracciones administrativas, que no todo van a ser delitos. Ese mismo informe, concluido al parecer el pasado mes de febrero, es el que ha servido ahora de base a la denuncia por blanqueo presentada por el Sepblac a la Fiscalía Anticorrupción, posterior a la advertencia estadounidense.

En resumidas cuentas, ha tenido que llegar el tío Sam a decirnos lo que ya sabíamos. De no haber mediado su amenaza de prohibir a todas las entidades de EEUU operar con la BPA y sus filiales, no hubiese habido intervención alguna y el lavado de dinero habría proseguido con centrifugado incluido. Economía y el Banco de España pueden sentirse orgullosos de su concienzudo trabajo. Han hecho un Rajoy y no han movido un dedo. Los malos no es que tiemblen; es que les ha dado el baile de San Vito.