Jesús Alonso

“Circulé a la velocidad reglamentaria todo el tramo señalizado. Los conductores me adelantaban tocando el claxon y propinándome feroces insultos”. Este triste testimonio es real, y ocurre todos los días en cualquier carretera de España. Según un artículo recientemente publicado en ABC, solamente en la ciudad de Madrid, se presentaron 159.657 denuncias por exceso de velocidad en solo cinco meses, de enero a mayo de este año. Esta increíble cifra supone un ritmo de 44 denuncias por hora, una por cada 70 segundos.

Es evidente que no se trata de despistes ni de averías mecánicas. Es una cuestión cultural: la conductora y el conductor español en general y madrileño en particular considera que tiene derecho a conducir a la velocidad que le dé la gana, que para eso se compró un coche que puede ir a doscientos por hora. Aunque usted no lo crea, el conductor hispano-madrileño necesita tener miedo a la multa para levantar el pie del acelerador.

Puesto que siempre circula a velocidad excesiva, el ayuntamiento lo tiene fácil: no tiene más que tender sus redes y recoger la cosecha de infractores. Bastan unos cuantos radares bien colocados para pillar a infinidad de infractores y abastecer las arcas municipales, a un ritmo de más de 3.000 euros por hora, dos millones al mes, sólo en la ciudad de Madrid.

Aquí todos ganan: los conductores satisfacen su gusto por conducir a altas velocidades y el Ayuntamiento se lleva un dinerillo (en realidad no tanto; descontando lo que cuesta el sistema de radares, personal incluido, no se gana casi nada).

Esta lucrativa situación sería imposible si los conductores respetaran los límites de velocidad, cosa que casi nadie se le ocurre. Como diría Donald Trump, respetar los límites de velocidad es de blandos y cobardes. Para terminar: todos los años mueren del orden de cincuenta peatones atropellados, solo en la ciudad de Madrid.