Pablo Carmona (@pblcarmona),

concejal del Ayuntamiento por Ahora Madrid

Todos recordaremos los primeros coletazos de la crisis, allá por 2008. Pero quizás pocos recuerden que una de las primeras medidas que se tomaron en Europa, en relación a los manteros, tenía que ver con la inmigración. Con los votos a favor de PP y de la mayoría de los eurodiputados del PSOE salió adelante la Directiva de Retorno (2008/115/CE). La conocida como Directiva de la Vergüenza tenía por objetivo expulsar a más de ocho millones de personas de las fronteras de la Unión por estar en situación irregular. Los que habían alimentado con su trabajo (en negro y sin derechos) los años de crecimiento y prosperidad de la Unión, sobraban en la nueva coyuntura de crisis económica. Con aquella directiva se dio estatuto de legalidad a la segregación y persecución que ha tenido su último episodio en los recientes acuerdos de 2016 entre la Unión Europea, Grecia y Turquía sobre la cuestión de los refugiados de las guerras de Siria y Oriente Medio.

Las consecuencias de aquellos acuerdos se tradujeron rápidamente a España. En Madrid, las redadas a inmigrantes se convirtieron en un elemento corriente del paisaje urbano: sólo en 2009 cerca de medio millón de personas fueron retenidas e identificados. La persecución tuvo como consecuencia numerosos internamientos en los CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) y millares de deportaciones. Las “cacerías” del gobierno Rubalcaba se vieron respaldadas por la circular policial 1/2010 que daba estatuto de orden publicada a aquellas redadas. Muchos ciudadanos y ciudadanas, e incluso algunos sindicatos policiales, las denunciaron como racistas y desproporcionadas. Cualquiera puede recordar, entre los años 2009 y 2012, los retenes policiales que en cada esquina de los puntos neurálgicos de la ciudad identificaban a toda persona que presentase determinados rasgos étnicos. Aquellas políticas, que han continuado hasta hoy con otros medios, dieron un nuevo salto con el Real Decreto 16/2012. Con esta normativa, el Partido Popular tumbaba el Sistema Nacional de Salud dejando sin los derechos sanitarios más básicos a muchos grupos sociales. Este nuevo sistema de apartheid sanitario se cebó -con el aval del Tribunal Constitucional- sobre el colectivo más vulnerable, los sin papeles.

Con estos ejemplos, destacados de entre otros muchos, señalamos una terrible paradoja. Los últimos años han venido protagonizados por las palabras solidaridad, cooperación y sensibilidad con respecto a inmigrantes y refugiados. Y sin embargo es en estos años en los que se han implementado y legalizado las políticas más xenófobas que hayamos conocido en nuestra democracia, a expensas de la propia Ley de Extranjería. Todo ello ha venido sumado a un proceso de recortes y desmantelamiento de políticas públicas que en el caso de Madrid supuso el cierre o la reducción prespuestara de la mayoría de dispositivos públicos que atendían a la población migrante.

Y de repente: un mantero en nuestro Ayuntamiento

“Sobrevivir no es un delito”o “La manta no es mi sueño” fueron algunos de los lemas que hicieron famosa a la Asociación de Sin Papeles de Madrid (ASPM). Esta asociación que ha venido agrupando a numerosas personas migrantes, muchas de ellas manteras, ha sacado a la luz la contradicción que supone cargar todos los demonios de una sociedad contra las personas más débiles.

La lección más importante de la ASPM fue la enfocar correctamente la cuestión, y esta no tiene que ver con si las 200 0 300 personas que en Madrid venden en la Manta, cifra nimia por otra parte, son víctimas o culpables. La cuestión que planteó la ASPM sobre el Top Manta es que exigimos obligaciones a quienes no les reconocemos derechos. A lo largo de nuestra democracia, pero especialmente en los últimos diez años, los emigrantes sin regularizar fueron tratados como polizones a los que se intentaba tirar por la borda, unos yacen en el fondo del mar y otros muchos sobreviven al borde del precipicio trabajando en condiciones infrahumanas en el campo o sobreviviendo de la venta ambulante en la ciudad. Ante esta situación, que toca de lleno a los ayuntamientos del cambio, debemos saber marcar líneas de actuación que no pasen por la criminalización de los manteros, ni por el cierre en banda de la derecha. La misma derecha que ha negado en toda su labor de gobierno durante estos años los derechos que ahora exige en forma de obligaciones y compromisos ciudadanos.

Antes de nada, debemos entender que las medidas policiales no van más que a agravar el problema. Valga decir que lo que a una persona de nacionalidad española le puede suponer una multa o una sanción penal leve, a una persona sin papeles le inhabilita casi de por vida para poder regularizarse. La misma ley afecta de manera muy distinta a unos ciudadanos y a otros, y esto aparte de intolerable, es el principio que debe guiar cualquier intervención política.

Con relación al top manta abordamos una batalla política que va más allá del ámbito municipal. Se trata de apuntar de nuevo sobre la Ley de Extranjería, el sistema de deportaciones, los Centros de Internamiento para Extranjeros y la externalización de fronteras como uno de los grandes agujeros negros en materia de derechos humanos que existe en nuestro país y también en Europa. Para ello, debemos abandonar y rechazar el marco dominante que no aborda la cuestión de la desigualdad en el reconocimiento de derechos y que trabaja más en el campo de la construcción de enemigos y de potenciales sectores sociales marginalizables. Al mismo tiempo debemos entender que la venta ambulante es uno de tantos fenómenos que muestran la precarización social generalizada. Por eso, tenemos que acometer de forma urgente políticas y propuestas como la renta básica municipal, tomando como ejemplo la vía abierta por el consistorio de A Coruña; trabajar sobre los salarios mínimos municipales, en la línea de ayuntamientos como Cornellá; o de manera más transitoria y precaria, tenemos que implementar procesos de formación pagados que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía a través de un elemento vital para cualquiera de nosotros, como es la obtención de una renta mínima.

Sin medidas políticas, sociales y económicas de calado nunca podremos afrontar los problemas de fondo. Resulta necesario salirse del marco defensivo y sacar conclusiones de los últimos tiempos, siendo también muy sinceros. Las medidas policiales no van a resolver el problema, pero las medidas sociales parciales tampoco. Nuestro objetivo al llegar al gobierno fue invertir esta enorme maquinaria de desigualdad urbana que es Madrid, ese engranaje de acumulación de beneficios para sus oligarquías locales y ponerlo al servicio de la mayoría. Al fin y al cabo nuestro papel pasa por articular la ciudad en la que la riqueza se reparta en forma de derechos y de renta. No hay excusas para no hacerlo.