El artículo 1 de la Constitución marroquí de 2011 reza que "Marruecos es una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social". "El régimen constitucional del Reino –añade- está fundado sobre la separación, el equilibrio y la colaboración de poderes, así como sobre la democracia ciudadana y participativa, y los principios del buen gobierno y de la correlación entre las responsabilidades y la rendición de cuentas". Y continúa: "La Nación se apoya en su vida colectiva sobre unas constantes federadotas, que son la religión musulmana moderada, la unidad de afluentes múltiples, la monarquía constitucional y la decisión de optar por la democracia". "La organización territorial del Reino está descentralizada, fundada sobre una regionalización avanzada", concluye.

El arranque de esta Constitución sitúa a Marruecos aparentemente entre los regímenes democráticos.

Sin embargo, el resto del articulado va a contramano de esa letra y de ese espíritu, y el monarca está por encima de la Carta Magna. Aparte de poder elegir al primer ministro, que pasó a llamarse presidente del Gobierno, del seno de la mayoría parlamentaria –éste nombra a ministros, altos funcionarios, directores de empresas públicas y embajadores, aunque algunos de estos cargos necesitan el visto bueno del soberano-, y de presidir el Consejo de Ministros, el rey tiene la potestad de legislar a través de decretos reales y preside el Consejo Superior del Poder Judicial, un órgano con amplísimas competencias.

Asimismo, preside las Fuerzas Armadas y la Política Exterior.

En el ámbito religioso es el jefe espiritual de los musulmanes al ostentar el título de Comendador de los Creyentes. Bajo su autoridad existe libertad de culto pero no libertad de conciencia; es decir, un musulmán no puede cambiar de religión.

A decir verdad, Mohamed VI, el monarca agraciado por esta Constitución, gobierna un Marruecos con un corto y dudoso recorrido democrático. El último informe de Amnistía Internacional está plagado de vulneraciones de derechos humanos en todos los frentes: represión de disidentes, ataques continuos contra la libertad de expresión, penas crueles, inhumanas o degradantes (existe la pena de muerte, aunque no se ha ejecutado a nadie desde 1993), inacción contra los ataques a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros o intersexuales, indefensión de mujeres y niñas, falta de libertad religiosa, etc.

En definitiva, Marruecos es un país donde las oligarquías que rodean al monarca son cada vez más ricas y el pueblo llano, cada vez más pobre.

Si en 2019, el Banco Mundial cifraba en 9 millones los marroquíes que viven bajo el umbral de la pobreza (el 79,4% procedía del mundo rural). En 2021, fruto de la pandemia, la tasa de pobreza se ha multiplicado por siete.

Oxfam Intermón destaca que la "desigualdad en Marruecos continúa en niveles desorbitados y está fuera de control", fruto de un modelo económico que incentiva la concentración de riqueza en manos del Palacio Real (Majzén).

Para que nos hagamos una idea de la realidad tan cruda que viven los marroquíes, decir que Mohamed VI acumula una fortuna de 8.200 millones de euros, y acabar con la pobreza extrema de aquí a 2030 costaría solo 750 millones de euros. Es decir, con apenas un 10% de las riquezas del sátrapa, millones de personas serían rescatadas de la más absoluta de las miserias en los próximos nueve años.

Los pobres de solemnidad de las poblaciones marroquíes cercanas a Ceuta y Melilla han crecido hasta el infinito tras el cierre de fronteras por la Covid-19. Ese ejército es el que ha utilizado Marruecos, con la excusa del acto humanitario hostil (¿?) con el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, como una especie de estrategia militar que consiste en usar a la población civil como escudo o arma arrojadiza. Un proceder que retrata a los países dictatoriales en general y a una monarquía autoritaria como es la alauita en este caso.

Así las cosas, estamos ante un acto de represalia diplomática, una especie de émulo desorganizado y vandálico de la Marcha Verde de 1975, que ha generado una crisis migratoria. Primero una cosa y después la otra.

Pero de la escaramuza subyace una crisis humanitaria que no cesa y que, en este caso, dejó como botón de muestra a 720 menores no acompañados, los denostados ‘menas’.

Como era de esperar, las derechas más extremas, una vez más, no han estado a la altura del desafío. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado más que bien con un viaje relámpago a Ceuta y Melilla y unas contundentes manifestaciones advirtiéndole a Marruecos, Vox y el PP, tan patriotas, han vuelto a desbarrar en rojigualda.

Abascal se puso la mascarilla de camuflaje y se paseó por las trincheras norteafricanas echando gasolina a la crisis. Los abucheos contra el presidente del Gobierno tenían el sello de odio que esta tropa fascista y malencarada va sembrado en los corazones de demasiadas personas. Y eso de criticar a las comunidades autónomas que han acogidos a estos ‘menas’, es de algo peor que malas personas.

Casado se elevó de nuevo para comparecer en el Congreso como el líder de la oposición más desleal que se recuerda después de José María Aznar. Le quedan cuatro telediarios para entonar: “Váyase, señor Sánchez”.

Por cierto, en los calurosos días de Poniente en los primeros días de agosto de 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, con José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y admirador del filonazi Fernando María de Castiella (canciller español que cerró la Verja en 1969), como comandante del despropósito, utilizó a 14.000 trabajadores transfronterizos (10.000 eran españoles) para bloquear el paso fronterizo con Gibraltar. Las colas de sufrimiento duraron demasiados días de aquel caluroso verano y se prologaron hasta siete horas durante varias jornadas.

Quizás, en ese episodio de uso de la población civil, resida parte de la deslealtad de Casado y la tibieza del PP con la agresión que ha cometido el Reino de Marruecos contra España y contra los ciudadanos marroquíes más pobres y desesperados.