Hay varios hechos de las últimas semanas que invitan a concluir que vivimos malos tiempos para el laicismo. Esta semana el PSOE tumbó varios avances propuestos por IU-ICV. Ayer mismo, el vicepapa, remató en Madrid un viaje de Estado con las esperadas críticas a todas las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno de Zapatero para comportarse como el Ejecutivo progresista que es, desde la reforma de la ley del aborto, a la legalización de las parejas homosexuales o la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Los reproches de Tarcisio Bertone pueden parecer para muchos un desaire al Gobierno, sobre todo después de que lo recibieran con honores Zapatero y la vicepresidenta De la Vega. Sin embargo, el Ejecutivo los ha asimilado con la tranquilidad que da conocer un guión antes de que se represente. Esas críticas del número dos del Vaticano, respetuosas y respetables, son para el Gobierno la concreción de una “discrepancia doctrinaria” que refuerza su voluntad laicista, en la medida en que demuestra que ha puesto en marcha una legislación progresista a sabiendas de que contaría con la desaprobación de la jerarquía católica.

¿Ha logrado el Gobierno de Zapatero la relación con la Iglesia a la que aspiraba? Un repaso a la estrategia que ha venido ejecutando la vicepresidenta De la Vega desde finales de 2007 permite concluir que sí.

La jerarquía de la Iglesia española estaba entonces en pleno apogeo de su enfrentamiento con el Gobierno, alimentado a diario por las homilías matinales de la Cope y llevado hasta el éxtasis en la numerosa manifestación de la plaza de Colón convocada por la Conferencia Episcopal para salvar a la familia de los peligros del matrimonio gay. Con ser duro, no fue ese el peor momento para el Gobierno. El peligro fue mayor tres meses después. En plena campaña electoral esos mismos mandatarios invitaron a sus fieles a no votar al PSOE. Nunca había ocurrido nada semejante y los socialistas no tenían ni idea de cuántos de sus votantes podían quedarse en casa para no tener que decidir entre sus creencias y su ideología.

El Gobierno se volcó entonces en cortar de raíz ese peligro para el futuro. Zapatero encomendó la labor a Teresa Fernández de la Vega, que ya se había ganado en Roma a los jefes de los obispos españoles con mucha mano izquierda y una baza que siempre funciona: la pasta. El acuerdo de renovación de la financiación de la Iglesia en España establece ventajas para la institución que el Vaticano ha sabido apreciar y agradecer (el primer ejercicio sobre el que se ha aplicado el aumento del 0,52% al 0,7% del IRPF, el de 2007, supuso para la Iglesia una mejora de sus ingresos de 30 millones de euros).

La diplomacia de guante blanco y cartera llena ha dado sus frutos en esta visita de Bertone. Es el número dos del Papa el que dejó ayer patente en Madrid que desaprueba la beligerancia con la que Rouco Varela responde desde la fe a los avances legislativos de Zapatero. Estableció que respeta el laicismo del Estado (en su acepción de la RAE, sin la beligerancia antirreligiosa que atribuyen al término algunos católicos). Y selló el pacto Madrid-Roma según el cual las relaciones serán de Estado (español) a Estado (Vaticano), lo que reduce significativamente la capacidad movilizadora del presidente de los obispos españoles.

Calmada la Iglesia, ¿qué peligros acechan al laicismo? Los que se derivan de constatar que el Gobierno prefiere amarrar los votos de los progresistas católicos a encabezar la reivindicación de los sectores laicistas de su electorado.

Los primeros dejan de votar si se agrede su fe. Los segundos se lamentan, pero votan aunque se prorrogue su ambición laicista. Al fin y al cabo, llevan 70 años esperando. Ese es el análisis que hacen los socialistas. Si la crisis se despeja y nos permite ver más allá, el veredicto lo darán las urnas... pero para eso faltan la friolera de tres años. Mientras, podemos consolarnos: comparados con Italia, somos un ejemplo de separación Iglesia-Estado.