El Medio Rural y Marino ¡¡¡Vamos!!! Contra la pobreza y la exclusión.

Consejo del Medio Rural y Marino

PODEMOS

17 de octubre. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El 34,8% de las personas de las zonas rurales de España viven en riesgo de exclusión. El 30 de Mayo de 2016, EUROESTAT publicó un informe con la actualización de los datos de la pobreza y la exclusión en Europa. Después de tres décadas en las cuales las cifras de la exclusión en España aumentaban en las ciudades, y se reducían en el medio rural, de pronto Europa nos sorprendía con estos datos. Sin embargo, y de manera sorprendente, los titulares de la prensa escrita y la televisión pública ponían el foco de nuevo en las ciudades. “El 26,2% de los españoles que viven en las ciudades están en riesgo de pobreza según Euroestat” [2]. Curioso titular que muestra el olvido permanente de los medios de comunicación hacia el medio rural.

Se trata de una exclusión silenciosa, muy silenciosa. La exclusión es un proceso complejo en el que no solo se tiene en cuenta la carencia material de bienes, sino también las condiciones o circunstancias que dificultan el acceso y ejercicio de derechos, la dificultad para poder participar y vivir de una manera autónoma, y las condiciones en las que viven las personas y que existen en el entorno para poder salir adelante. La combinación de todos estos factores, carencia – dependencia – falta de participación, es lo que retroalimenta el círculo de la exclusión.

La primera reflexión que deberíamos de introducir en el debate es la consideración, de que además de grupos o colectivos en riesgo de exclusión, y de personas en condiciones de pobreza, existe también una exclusión territorial. Es decir, existe una desigualdad patente que se concreta entre el medio rural y el medio urbano y que condiciona la vida de todos los habitantes que viven en el medio rural. La lejanía de los hospitales, la dificultad para acceder a la cultura o a la formación especializada, la ausencia de recursos públicos sitúan a las zonas rurales, y en especial a aquellas más alejadas y de montaña, en esta situación de desventaja.

Con estas circunstancias, las personas que vivimos en el medio rural sabemos explicar cuáles son las causas del aumento del riesgo de pobreza: el despoblamiento y la soledad, que llevan al aislamiento; la reducción del gasto social, la concentración y reducción de los servicios públicos, que dificultan el ejercicio de nuestros derechos sociales, económicos y culturales; una tasa de actividad del 58%, es decir 8 puntos más baja que en las ciudades, lo que significa que hay menos empresas, menos empleo, y por lo tanto, menos inversión; unas tasas de paro que en muchas zonas rurales de Castilla La Mancha, Extremadura o Andalucía están en torno al 35%; y por último, la propia estructura económica que existe en el medio rural, que hace que el empleo sea más estacional y menos cualificado, y los salarios sean más bajos. Sabemos además, que las mujeres tienen mayores dificultades para salir adelante y hacer valer sus derechos.

En este contexto social de envejecimiento y de falta de oportunidades, la emigración rural de los y las jóvenes continúa, y en los pueblos cada vez hay más gente cuya principal fuente de ingresos es una pensión contributiva o no contributiva. Ya sabemos que las cotizaciones sociales en el campo siempre han sido más bajas y que la seguridad social agraria no equipara los derechos a las prestaciones en otros sectores económicos. Por ello existen en los pueblos muchos jubilados cuyas pensiones son realmente bajas, por no decir los miles de mujeres en edad de jubilación que se vieron excluidas de la posibilidad de conseguir pensiones contributivas.

No podemos pensar que la pobreza cae del cielo. Las causas están en unas políticas que no han contemplado las circunstancias especiales del medio rural para abordar de manera estratégica el desarrollo sostenible y en otras políticas como la propia Política Agraria Común que ha consolidado las injusticias ya existentes.

En el medio rural viven unos 750.000 jornaleros o trabajadores y trabajadoras agrícolas por cuenta ajena, de los cuales la mayoría en Extremadura y Andalucía, con 550.000. La ausencia de una política justa con la tierra y una política de desarrollo rural profunda ha consolidado esta realidad en el campo. Las condiciones de trabajo y las condiciones para obtener el subsidio agrario condenan de manera permanente a la precariedad social. Los de pequeños agricultores y agricultoras que ven cómo su renta agraria disminuye de manera constante todos los años por unos precios que no cubren los costes de producción, atrapados por la agroindustria y la gran distribución y unos insumos cada vez más caros. Más de 2 millones de jubilados que residen en el medio rural con pensiones mínimas muy por debajo de la media. Además, las mujeres empleadas que residen en el medio rural, y cuyo salario medio es de 800 euros, un 22% menos que en las ciudades, y así podríamos hablar de otros muchos grupos de personas, como el de las personas dependientes y sin recursos accesibles en el entorno, o el de los y las inmigrantes atrapadas en las temporadas infernales de la agricultura industrial. Todos ellos son personas con rostro que viven estas situaciones de exclusión en el campo.

Hay mucho por hacer, mucho que cambiar, y mientras tanto, si estas cifras del todo intolerables permanecen ocultas, es precisamente porque en el medio rural, sabemos que las redes de solidaridad y vecindad primarias son mucho más tupidas que en otros contextos. Las personas nos conocemos, y siempre es mucho más fácil hacernos cargo de las situaciones de los demás. Reivindiquemos estos valores sin olvidarnos permanentemente de la denuncia constante y de las propuestas para solucionar las causas estructurales.