Profesor de Health & Public Policy en The School of Public Health y en The Johns Hopkins University. También es Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, por la Universitat Pompeu Fabra.

Una consecuencia de haber vivido un largo exilio en varios países (Suecia, Reino Unido y EEUU) es que tengo por costumbre leer (en este orden) prensa sueca, británica, estadounidense y española cada mañana. Y me preocupan los graves déficits de cobertura informativa que existen en nuestro país. Ni que decir tiene que hay programas interesantes en algunas cadenas de televisión y que algunos periodistas son profesionales de gran valía. Pero, además de que la mayoría de los grandes medios tienen un sesgo conservador, su cobertura informativa es limitada, al menos en términos comparativos con la prensa de otros países que conozco y cuyos medios escritos leo cada mañana. Soy consciente de que esta declaración puede contribuir a que continúe estando vetado en los principales medios españoles, ya que no es la primera vez que hago estos comentarios. Pero hay que explicar por qué las encuestas confirman que los medios de información españoles están entre los que cuentan con menor confianza y apoyo popular en la Europa Occidental. Según el Digital News Report 2020 de Reuters Institute, que pregunta a los ciudadanos de numerosos países sobre si pueden “confiar en la mayoría de noticias la mayoría de las veces”, España queda por debajo de la media de los países que conformaban la UE-15 (a excepción de Luxemburgo, que no presenta datos).

El gran silencio mediático sobre las consecuencias de mantener las patentes de las vacunas anti COVID-19 durante la pandemia

Hago esta observación a raíz de la cobertura informativa de la pandemia y el retraso existente en la provisión de vacunas hoy en la Unión Europea, retraso que es incluso mucho más acentuado en buena parte de los países en vías de desarrollo a nivel mundial. Hay actualmente un gran debate en los principales medios de información del continente europeo sobre por qué hoy uno de los mayores problemas existentes en el control de la pandemia de COVID-19 es la escasez de vacunas contra tal enfermedad. Y, paradójicamente, este gran debate es de los temas más silenciados por los medios españoles. Una de las razones de este silencio ensordecedor parece ser que tal déficit de vacunas muestra claramente la incompatibilidad del modus operandi económico y empresarial actualmente dominante en el mundo occidental con la urgente y necesaria vacunación de la población mundial. Veamos los datos.

Hoy, el dominio a nivel global de los sectores farmacéuticos privados responsables de la producción y distribución de estas vacunas anti COVID-19 (cuyo objetivo principal es la optimización de sus beneficios empresariales, que están alcanzando dimensiones sin precedentes) y su lucha para defender las patentes de sus fórmulas para producirlas (que han sido altamente subsidiadas con fondos públicos) son responsables de que no haya vacunas suficientes para todo el mundo. De ahí se deriva la propuesta hecha por gran número de asociaciones científicas de profesionales de salud pública, de suspender las patentes mientras dure la pandemia permitiendo a muchísimos países fabricarlas y no tener que estar esperando durante años (aproximadamente hasta 2024) a que les lleguen las vacunas monopolizadas por tales empresas farmacéuticas, tal y como se prevé que ocurra de mantenerse las patentes.

Debería terminarse con el monopolio de producción de vacunas que está enlenteciendo la producción y distribución de vacunas

Ni que decir tiene que las empresas productoras de las principales vacunas señalan que son las únicas capaces de producirlas y distribuirlas, alegando que son ellas las que tienen el conocimiento, las materias primas y los medios de transporte necesarios. Ahora bien, cada uno de tales argumentos ha sido respondido con evidencia y claridad por instituciones y asociaciones, demostrando su falsedad. En realidad, la mayoría del conocimiento científico básico sobre el cual tales vacunas se han desarrollado ha sido financiado con dinero público como he señalado y mostrado en artículos anteriores (“Por qué la Unión Europea tiene un grave problema de falta de vacunas”, Público, 10.03.21; “Sabemos cómo controlar la pandemia, pero los dogmas neoliberales dificultan hacerlo”, Público, 25.02.21; “Cómo los dogmas neoliberales están obstaculizando la resolución de la pandemia”, Público, 03.02.21).

Esto ha sido reconocido incluso por el director general de la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, Thomas Cueni, que escribió en un reciente artículo publicado en The New York Times el 10.12.20, “Es cierto que sin los fondos públicos de agencias como la US Biomedical Advanced Research and Development Authority o el Ministerio de Educación e Investigación del gobierno federal alemán, las multinacionales farmacéuticas podrían no haber desarrollado las vacunas contra el COVID-19 tal como lo han hecho”. Es más, han sido los gobiernos los que, como compradores de las vacunas, eliminaron cualquier riesgo de falta de demanda del producto, habiéndose alcanzado, con el COVID-19, el mayor número de infecciones que jamás haya habido en un año por cualquier otra enfermedad infecciosa: 121.319.246 personas.

Otro argumento utilizado es la escasez de materias primas, que limita las posibilidades de expansión de su producción. Médicos Sin Fronteras ha documentado la falta de credibilidad de este argumento, siendo prueba de ello el propio comportamiento de los tres productores más importantes de las vacunas COVID-19, que han aumentado espectacularmente su producción en respuesta al crecimiento tan notable de la demanda. Y un tanto igual en cuanto a la ausencia del equipamiento de transporte que, incluso Pfizer, ha admitido que puede reducirse y simplificarse significativamente, habiéndose desarrollado un sistema de mantenimiento y refrigeración mucho más sencillo.

El control de la pandemia en los países desarrollados requiere, para ser eficaz, que se controle también a nivel mundial. La aparición constante de variantes del coronavirus muestra la gran urgencia de la solidaridad internacional, permitiendo a los países que tengan la capacidad y recursos para fabricar tales vacunas (y otros elementos necesarios) que lo hagan. Los costos de las vacunas en tiempos de pandemia no deberían estar condicionadas por las leyes del mercado ni por los intereses particulares de lucro. Dar el poder a corporaciones privadas de determinar los destinos de las poblaciones, secuestra a la humanidad a los designios particulares de tales empresas. En una guerra mundial contra el virus (que está ganando este último), no se puede dejar la producción y distribución del armamento (vacunas y otro material), en manos del afán de lucro y de las leyes del mercado.

El ignorado debate en el Parlamento Europeo

Este debate ha llegado ya al Parlamento Europeo, sin que los medios españoles hayan prácticamente informado sobre ello. 115 eurodiputados y eurodiputadas han propuesto a la Comisión Europea y a los Estados miembros del ADPIC (el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que en la reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio apoyen la medida que permita a todos los países producir vacunas mediante su propia industria farmacéutica, acabando con la actual monopolización de su producción por parte de un número reducido de empresas farmacéuticas (establecidas en el mundo occidental, en general, y en EEUU y la Unión Europea, en particular) que se sirven de la propiedad privada de los medios de producción de tales vacunas para impedir su difusión. Sin lugar a duda, la suspensión de estas patentes no reduciría la producción de vacunas en EEUU y en la UE, sino que la aumentaría tanto en esta parte del mundo como en el resto, sin ningún perjuicio para las poblaciones en los países desarrollados (que también tienen, por cierto, gran escasez de vacunas).

Esta suspensión del copyright durante la duración de la pandemia permitiría que muchas empresas manufactureras, tanto en EEUU como en la UE, así como en otros países desarrollaos y en vías de desarrollo pudieran producir y distribuir estas vacunas. Esta propuesta ha sido liderada por de los partidos que integran la Izquierda Europea (GUE/NGL) y apoyada por los partidos verdes (The Greens/EFA) y un amplio abanico de parlamentarios progresistas de otras sensibilidades políticas, incluyendo partidos socialistas. No apoyando tal medida encontramos, ya sea absteniéndose o votando en contra, a partidos de centroderecha (liberales), derecha (conservadores) y ultraderecha que anteponen la defensa de los beneficios empresariales a la vida de las clases populares de sus propios países y de los países en vías de desarrollo. Este debate, que debería estar en la primera página de los rotativos, no aparece ni en la última. Una excepción (a aplaudir) fue el programa del 14 de marzo último de Jordi Évole en la Sexta.

El debate de Évole en La Sexta

La importancia de este debate sobre las patentes apareció indirectamente en el reciente programa de Jordi Évole, emitido el domingo 14 de marzo, en el que entrevistó a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la persona del Ministerio de Sanidad responsable de informar a la población sobre la situación de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno español. Antes de comentar lo ocurrido durante el programa, siento la necesidad de hacer algunas observaciones personales. Una es que me gustan los programas de Évole (ya antes de que me entrevistara a raíz de mi activa participación en el 15M, y al que considero una de las pocas voces críticas en el panorama mediático español). También me gustó que intentara tocar este tema, invitando a una enfermera que trabaja en Mozambique como coordinadora de Médicos del Mundo, Neus Peracaula, la cual indicó la necesidad precisamente de anular las patentes. Quiero aclarar también que valoro positivamente la labor realizada por el Sr. Simón en el Ministerio de Sanidad, pero no me satisfizo su ambivalencia frente a la propuesta de la Sra. Peracaula. Un experto en salud pública de tan merecido prestigio como el Sr. Simón debería apoyar sin ninguna reserva la medida propuesta por una enfermera que estaba viendo morir a su gente por todas partes en un país muy pobre. Y, por cierto, añado también que las mascarillas han sido siempre útiles y han protegido también al que las utiliza, y no solo a los demás. Évole estaba en lo cierto cuando acusó tanto a la OMS como al Ministerio de Sanidad del gobierno español de haber infravalorado la utilidad de las mascarillas para, posiblemente, calmar a la población al no haber suficientes al inicio de la pandemia. La versión vertida por la OMS, por el Ministerio de Sanidad y por Fernando Simón al inicio de la pandemia (que las mascarillas tenían escaso valor para la población), fue un error, y así se debería reconocer. La evidencia científica en este sentido no deja lugar a dudas, y muchas instituciones, incluyendo The Johns Hopkins University, ya indicaron que el principal medio de transmisión del coronavirus era el aéreo, y que las mascarillas protegían tanto a las personas que las utilizaban como a las demás. Celebro que el Ministerio y el Sr. Simón hayan cambiado de opinión y que, en general, hayan tomado las medidas que se requerían en respuesta a la pandemia. El gran problema fue el fin del estado de alarma, cuando se disparó en Madrid y en Catalunya, cuyos gobiernos no fueron suficientemente sensibles o competentes, responsables del enorme incremento de las infecciones. De nuevo, la crispación política, alentada por los medios, demonizó al gobierno de coalición de izquierdas, contribuyendo al empeoramiento de la situación. Se debería analizar los medios no solo por sus silencios ensordecedores, sino también por sus estridencias y ánimo de crispar la vida política del país, convirtiendo la política en un espectáculo, como hacen muchas cadenas de televisión, empobreciendo así la democracia española. En realidad, tengo plena fe en la población española y estoy seguro de que la gran mayoría favorecerían el anteponer el bien común (facilitando una producción masiva de vacunas anti COVID-19, eliminando provisionalmente el monopolio que garantizan las patentes durante la pandemia) a costa de disminuir los enormes beneficios empresariales de un número reducido de empresas farmacéuticas productoras de tales vacunas que además se han beneficiado de abundantes fondos públicos, es decir, de fondos obtenidos por los autoridades públicas de la mayoría de la ciudadanía.