La megaminería desangra los Andes

La minería a cielo abierto pone en peligro los ecosistemas y la forma de vida de los pueblos latinoamericanos, pero estos han decidido no resignarse ante un modelo extractivista que actualiza el saqueo colonizador con la complicidad de las clases gobernantes. Argentina es un caso de libro.

Texto: Nazaret Castro* (Buenos Aires). Fotos: David Alves, Alisson da Paz y Silvana Fattori.

"Eso anhelan con gran sed. Se les ensancha el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos ansían el oro”. Así describe un texto náhuatl, citado por Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, la codicia que despertó la fiebre del oro entre los conquistadores que llegaron al continente americano cinco siglos atrás.

Aquel oro, cuenta el propio Galeano, financió la revolución industrial inglesa y consolidó la hegemonía europea, al tiempo que condenaba a la pobreza a los pueblos latinoamericanos, cuya “derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena”.

Quinientos años después, muchas cosas han cambiado; otras, no tanto. Las venas de América Latina, una tierra muy rica con muchos pobres, siguen abiertas mientras los grandes capitales locales o extranjeros expolian la riqueza de unos pueblos originarios condenados a desplazarse o desaparecer. Con una diferencia: el oro y la plata se agotan. Ya no es rentable explotar los socavones mineros.

Así que la lógica del sistema impone un nuevo modelo de explotación: la minería a cielo abierto (‘open pit’). A saber: mediante colosales explosiones, se detonan los cerros; a continuación, la roca se sumerge en una mezcla de agua y cianuro, para separar el oro de la piedra: es el llamado proceso de lixiviación. Ahora que, con la crisis financiera, el valor del oro ha aumentado exponencialmente, se estima que basta obtener 0,35 gramos de oro por tonelada de piedra para que el negocio sea rentable.

Las consecuencias para el medio ambiente son más que alarmantes, comenzando por los daños al paisaje y la biodiversidad que producen esas brutales detonaciones. Algunas de ellas se dan en regiones supuestamente protegidas, como la Biosfera de San Guillermo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su diversidad, y que hoy alberga el emprendimiento de Veladero, una de las mayores minas de Argentina, explotada por la canadiense Barrick Gold, ubicada en la provincia de San Juan. Está también el uso del cianuro, un metal que contamina el agua y tiene consecuencias sobre la salud de las poblaciones locales. Por no hablar de la lluvia ácida que provocan los metales que guardaba la montaña, al quedar expuestos a la luz y el agua.

“El cianuro es lo de menos: como es muy caro, lo aprovechan todo. El problema es todo el agua que se desperdicia”, explica José Leiva, operador perforista en la mina de Veladero, en una entrevista a la revista Mu. “La cantidad que se consume es inimaginable. Acá no hay caudalímetro a propósito, para que nadie sepa cuánta usan. Lo que es seguro es que no alcanza el agua en Veladero: están secando totalmente los ríos y las fuentes de agua”, añade José, y concluye: “Barrick Gold es la que gobierna en San Juan”.

El gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, es uno de los más firmes defensores del modelo megaminero. Sostiene que el proceso de lixiviación es inofensivo para el medio ambiente. Cabe preguntarse entonces por qué muchos países –como Turquía, Australia, Costa Rica o Alemania– y varias provincias argentinas han prohibido este tipo de minería.

En su documental "Tierra sublevada. Oro impuro" (2009), el diputado y cineasta Fernando 'Pino' Solanas calcula que proyectos como La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, y Veladero consumen diariamente entre 80 y 100 millones de litros de agua potable. Ambos emprendimientos están ubicados en el Noroeste argentino, una región semidesértica. No solo eso: la minería a cielo abierto amenaza los glaciares argentinos, su mayor reserva de agua dulce.

Connivencia estatal

La megaminería es una de las metáforas más tristes del absurdo de un sistema económico que confunde desarrollo con crecimiento del PIB, y beneficio con dinero. Sin embargo, las empresas mineras, muchas de ellas canadienses, han conseguido que los gobernantes latinoamericanos, sin excepción, sean sus mejores aliados. “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones”, sostiene un informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

En 2012, Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación de Repsol YPF a bombo y platillo, como un símbolo incontestable de la renacionalización de las riquezas argentinas; nada dijo del saqueo minero. Unos años antes había vetado la Ley de Glaciares, salvaguardando así los intereses de la Barrick Gold. La ley acabó aprobándose, pero se incumple sistemáticamente.

Los gobiernos brindan a las empresas mineras un marco legislativo de ensueño. Argentina es un caso de libro: en los años 90, la década del neoliberalismo salvaje en América Latina, Carlos Menem promovió leyes que garantizan a las empresas mineras exenciones fiscales, variopintos subsidios –por ejemplo, a los combustibles-, estabilidad jurídica por 30 años, regalías de apenas un 3%, cuando no menos, y el derecho a llevarse al extranjero el 100% de las divisas obtenidas.

Además, pueden exportar los metales con una simple declaración jurada y sin control estatal, por lo que, según denuncian los movimientos sociales, a menudo registran menos de lo que exportan, y junto con el oro y la plata se llevan otros muchos metales, algunos tan valiosos como el cadmio. El Estado se hace cargo del riesgo ambiental y de una parte de los costes de transporte y flete. Pino Solanas denuncia que, en algunos casos, se llega al absurdo de que Argentina pague a las mineras para que se lleven sus recursos. No es de extrañar, entonces, que los emprendimientos mineros hayan aumentado en un 740% desde el año 2003, según datos del OCMAL. Ya en 2007 había un total de 336 proyectos.

Los argumentos a favor de la megaminería son los de siempre: empresarios y gobiernos aseguran que llevará empleo y desarrollo a regiones empobrecidas, como el Noroeste y el Norte de Argentina. Pero la megaminería es una actividad muy intensiva en capital y muy poco en fuerza de trabajo: apenas un 0,7% de los asalariados argentinos trabajan en la minería. Por aportar un dato, el emprendimiento de La Alumbrera prometió 10.000 empleos; tras las obras, quedaron apenas 1.400 trabajadores fijos. Por el camino, las actividades económicas locales experimentaron un profundo deterioro.

Ocurre que, mientras países como Perú, Bolivia o Chile tienen una prolongada trayectoria minera, en Argentina es una actividad reciente. El país del tango tiene un potencial extractivo que lo sitúa en el sexto lugar del ranking mundial, y el 75% de las áreas atractivas para la minería todavía no han sido sometidas a prospección. Esto ayuda a crear una “visión eldoradista que ciega el debate sobre las consecuencias sociales y ambientales de la megaminería”, en palabras de la investigadora Maristella Svampa, profesora de la Universidad de La Plata.

Una “ilusión desarrollista” que se ve favorecida por los altos precios internacionales de las 'commodities', pero que lleva a una reprimarización de la economía. “Si fuese verdad que la minería trae riqueza y desarrollo, países como Bolivia y Sudáfrica serían grandes potencias mundiales”, ironizaba un asambleísta de la Patagonia durante una reciente intervención en el Senado de la Nación.

La legislación garantiza el derecho de las comunidades a ser consultadas, pero esos preceptos se incumplen sistemáticamente. El Estado oculta los graves impactos de esta actividad y articula, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación, un discurso en que el enemigo se encarna en la figura del ecologista, descrito como un fundamentalista, como advierte Svampa. Pero la realidad es tozuda, y el avance de la megaminería deja a su paso un reguero de contaminación y escombros, así que ese discurso no cala.

Aunque en algunas regiones los vecinos están divididos, cada vez más argentinos son conscientes de que no se trata de unos pocos ecologistas, sino de comunidades enteras, articuladas en asambleas vecinales, que se organizaron espontáneamente a lo largo y ancho del país –y de todo el continente–cuando apreciaron los efectos devastadores de la minería a cielo abierto sobre su salud y sus economías locales.

No a la Mina

“Mina es muerte”. “El agua vale más que el oro”. “No a la Mina. Sí a la Vida”. Lemas como estos se repiten en las calles y las carreteras al atravesar las provincias de San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta o Jujuy. La megaminería se ha convertido en el principal foco de las resistencias sociales no solo en Argentina, sino en toda la región. Por eso este “modelo de mal desarrollo” lleva aparejado el conflicto social de manera inherente. Según recientes estudios del OCMAL, habría actualmente unos 120 conflictos sociales activos contra la megaminería en América Latina.

Cuando falla la propaganda, se hace necesaria la represión. El Estado criminaliza los movimientos sociales y detiene a sus referentes; la ley antiterrorista pende sobre los activistas argentinos como una espada de Damocles. Pero las luchas no cesan: desde 2003 han surgido organizaciones de “vecinos autoconvocados” en 15 provincias argentinas. Son 70 asambleas de base organizadas en torno a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), verdaderos núcleos de resistencia que se articulan junto a las comunidades campesinas e indígenas afectadas.

Su lucha ha dado frutos: en nueve provincias las movilizaciones consiguieron que se aprobasen leyes que prohíben la minería a cielo abierto, aunque en dos de ellas –La Rioja y Río Negro– fueron derogadas. Pionera fue la batalla que dieron en 2003 los vecinos de Esquel, en la provincia de Chubut. Con sus movilizaciones lograron evitar la instalación de una explotación minera, y aún hoy siguen resistiendo a las presiones para que se suavice la legislación que protege el medio ambiente.

“El modelo de la megaminería plantea un conflicto territorial: compite por recursos, como la tierra y el agua, y reestructura e influye en la forma de vida de las poblaciones locales”, resume Svampa. En muchas regiones, optar por la actividad minera exportadora conlleva renunciar a la agricultura o al turismo. Por eso la investigadora plantea la necesidad de una discusión sobre los bienes comunes –la tierra, el agua- y sobre el propio modelo de democracia que se construye cuando los intereses económicos de grupos transnacionales condenan al despojo presente y futuro de pueblos enteros.

El tiempo de la montaña

Pese a las protestas sociales y los cuestionamientos jurídicos, avanzan las obras de ejecución del emprendimiento de Pascua-Lama, de la Barrick Gold, en la frontera andina entre Chile y Argentina, un megaemprendimiento que dejará pequeña la mismísima mina de Veladero. “Pocos argentinos están al tanto de que la actividad minera proyecta extenderse por toda la larga franja cordillerana y precordillerana”, advierten Maristella Svampa y Mirta Antonelli en su ensayo Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales (2009). Pascua-Lama es solo el comienzo. Y otros peligros menos conocidos acechan a los ricos ecosistemas argentinos, como la extracción de gas no convencional con el método de la fractura hidráulica.

La montaña impone sus tiempos y su silencio. La cordillera andina, la espina dorsal de una América Latina con las venas todavía abiertas, se alza majestuosa, con sus cerros de mil colores, atravesando el continente suramericano. En el Paso de Agua Negra, que comunica Chile con la provincia argentina de San Juan, a 5.000 kilómetros de altura, hace frío y calor al mismo tiempo.

Basta permanecer allí un instante para entender, siquiera un poco, esa idiosincrasia andina que resiste silenciosa, que conecta con la tierra, que venera por encima de todo su montaña. Basta presenciar una sola vez el espectáculo inefable de la luz del amanecer sobre los cerros multicolores de Jujuy para escandalizarse ante la sola idea de que se esté pulverizando la montaña para extraer las sobras del oro que aún guarda en sus entrañas.

Potosí, en Bolivia, es el símbolo del despojo. De donde brotaban ríos de plata, solo quedan ruinas que se alzan como una acusación. “La perpetuación del actual orden de cosas es la perpetuación del crimen”, escribió Galeano hace 40 años. Sus palabras son hoy más oportunas que nunca. Y el oro sigue siendo la más triste metáfora de la codicia del hombre blanco, que, cinco siglos después, sigue sin entender que el oro no se come.

El avance sobre los pueblos originarios

Aunque la Constitución argentina avala el derecho de las comunidades indígenas a preservar sus territorios ancestrales, la ley no se cumple, y a menudo “la justicia termina siendo una herramienta muy eficiente” para los intereses de los grupos transnacionales, como ha denunciado el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Dos son los principales peligros a los que se enfrentan: la megaminería y el avance del monocultivo sojero. El saqueo es el fin; el medio, el desalojo violento, que, incumpliendo leyes, deja a las familias afectadas desamparadas.

En Argentina, como en toda la región, buena parte de las tierras no están regularizadas, y esto deja a las comunidades indígenas y campesinas en una situación muy vulnerable. Desconocen sus derechos y se ven amenazados y amedrentados, como ha advertido Amnistía Internacional. En algunas regiones se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares y mercenarios a sueldo de los empresarios, con la connivencia de las autoridades locales y provinciales.

De cuando en cuando, esta violencia es noticia, como cuando mataron a Cristian Ferreyra, militante del Movimiento Campesino en una de las provincias más afectadas por los desalojos, Santiago del Estero. La noticia pasa y todo sigue igual, mientras desde hace un año un proyecto de ley para proteger a estas comunidades espera el sueño de los justos guardado en algún cajón del Congreso de los Diputados.

*Nazaret Castro es periodista, corresponsal para América Latina y asentada en Buenos Aires. Colabora para medios como 'El Mundo' y 'Le Monde diplomatique' y es cofundadora del proyecto Carro de Combate (www.carrodecombate.com). Alimenta el blog sambaytango.blogspot.com.

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