Justo cuando el Gobierno reconocía que carece de un protocolo de actuación ante una eventual apocalipsis zombi, el fin del mundo llamaba a las puertas del Ejecutivo con la citación judicial para que Rajoy declare como testigo en el juicio del caso Gürtel. Se dirá que ambas situaciones son o eran altamente improbables, especialmente la segunda, pero siempre ha sido mejor echar a correr que fiarse de la Virgen por muchas medallas que los ministros del Interior le cuelguen en el manto. Disponer de un protocolo no es que vaya a salvarte la vida pero te da mucha tranquilidad, porque las instrucciones son como un relajante muscular ante el peligro.

Una guía semejante le hubiera servido al PP para no hacer el ridículo con un comunicado en el que, al tiempo que asegura respetar las decisiones judiciales, acusa a los magistrados que han obligado a testificar al presidente de abuso de derecho, de haberse saltado a la torera su propia doctrina y de haber dado alas a una petición sin interés jurídico para facilitar un linchamiento mediático tras el que estaría el PSOE a través de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, que ejerce la acusación popular. ¿Qué fue del “no existe la impunidad, quien la hace la paga, sea quien sea y se llame como se llame”?

La citación de Rajoy no es que fuera casi un imperativo a tenor de las responsabilidades que ejercía cuando el clan de la gomina recaudaba comisiones que, al menos en parte, acabaron nutriendo la caja B del partido y sirvieron tanto para financiar campañas electorales como para sufragar obras en la propia sede del PP. Lo inconcebible es que no hubiera prestado declaración al tiempo que lo hacían otros secretarios generales, aunque sólo fuera por el reiterado obstruccionismo con el que la organización que comanda ha tratado de impedir la acción de la justicia, tanto en los tribunales como a martillazos.

Por los comentarios públicos del presidente se sabe que no conocía a Correa aunque puede que alguna vez le diera la mano porque a cortés no le gana nadie, y ello a pesar de que siendo jefe de las campañas electorales de Aznar en 1996 y 2000 no hubo bien o servicio que no acabara siendo suministrado por las empresas de Don Vito. El caso es que, siendo para él un completo desconocido, fue Rajoy quien ordenó que el partido, en lo que respecta a su sede central, dejara de proporcionarle contratos, tras descubrir –o eso dijo- que era un mangante que tenía en nómina a varios alcaldes madrileños en cuyos municipios se hartaba de obtener adjudicaciones.

Se ignora por qué Rajoy, un hombre de indiscutible probidad, no corrió a poner estos hechos en conocimiento de la justicia y facilitó con su silencio que Correa emigrara a Valencia para seguir con sus manejos. No menos interesante será su explicación de cómo pudo concluir que Correa era un golfo apandador sin siquiera conocerle, una intuición al alcance de muy pocas personas. En su día se dijo que fue informado por el tesorero Álvaro Lapuerta, librado de la causa por una demencia sobrevenida que le impide ser consciente de los que le rodean, al estilo del propio Rajoy que, sin embargo, no tiene nada diagnosticado. También se afirmó que Rajoy había descubierto que Correa intentaba extorsionarle, lo que también es muy meritorio habida cuenta de que ignoraba su existencia.

Rajoy declarará por plasma, que es su medio natural, pero no es previsible que ponga luz sobre estas cuestiones por puro desconocimiento enciclopédico. Al presidente al que nada le consta no se le puede pedir que confirme si estaba al corriente de las donaciones ilegales que llegaban a la tesorería ni siquiera de si recibió sobresueldos, que además es un tema que no se juzga en esta causa, porque su relación con Bárcenas, que era el que llegaba a su despacho con los sobres tal y como él mismo ha confesado, sólo era de gimnasio: “Sé fuerte, Luis”.

El estado de la Justicia en este país es muy lamentable. Lo que se considera una prueba de independencia –la declaración como testigo de Rajoy- es la confirmación de su capitulación. Como se ha explicado aquí en alguna ocasión, resulta insostenible la ficción de que el máximo responsable de un partido sea ajeno a todas sus corruptelas o que la cabeza visible de una “organización criminal”, como se ha llegado a definir a algunas estructuras del PP, desconozca todos los detalles de sus presuntas transgresiones. Es racionalmente difícil de aceptar que las responsabilidades puedan descargarse en un simple tesorero, por mucha patilla de bandolero de Sierra Morena que luzca.

A Rajoy había que haberle preguntado mucho antes por su supuesta implicación en la financiación ilegal del PP y en el ocultamiento de pruebas, ya sea la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, la de las agendas de los tesoreros -todos ellos encausados por corrupción- o la eliminación del libro de visitas de Génova, reiteradamente solicitadas por los tribunales. Se habla de la responsabilidad política porque no ha habido ningún juez que se haya planteado la criminal, exigible mediante suplicatorio ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una cosa es la ficción y otra la ciencia ficción.