Salvo por pequeños contratiempos rápidamente acallados -presumiblemente a golpe de talonario-, lo de Monsanto era el negocio perfecto. Fabrica Roundup, el herbicida más vendido en el mundo, y a la vez las semillas genéticamente modificadas que resisten a su veneno. Todo cambió el 20 de marzo de 2015, cuando 17 expertos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, establecieron que el glifosato, el principal componente de ese pesticida “más inofensivo que la sal de mesa” según la multinacional, daña el ADN y provoca cáncer en animales y “probablemente” en humanos. A partir de ese momento, Monsanto desencadenó todo tipo de presiones y campañas de difamación contra ambas instituciones y sus científicos, tal y como viene desvelando el diario Le Monde.

Desde hace una década un aluvión de denuncias sugería que Monsanto no era trigo limpio. En marzo de este año, tras la denuncia de la familia de un agricultor que había desarrollado un extraño linfoma y murió de un derrame cerebral masivo por la supuesta exposición al glifosato, un tribunal de California obligó a la empresa a incluir en el etiquetado que su herbicida era potencialmente cancerígeno. En abril, el llamado Tribunal Internacional Monsanto, una magistratura extraordinaria formada por cinco juristas de prestigio internacional con sede en La Haya, fueron más allá y determinaron que las actividades de la compañía encajaban en un delito aún no tipificado por el Derecho Penal Internacional: el ecocidio.

Sus conclusiones eran demoledoras. Se consideró probado que Monsanto pagó sobornos para que terceros presentaran falsos informes de investigación exculpatorios, que esos sobornos se habían dirigido también a distintos gobiernos para que sus productos pudieran comercializarse y que, en definitiva, la empresa había distribuido agentes nocivos para la salud y el medio ambiente a escala mundial. A ello podrían deberse las controversias acerca de sus potenciales riesgos en las últimas décadas. Hasta el dictamen del IARC de 2015, el glifosato pasó de ser “posiblemente carcinogénico” en 1985 a “no carcinogénico” en 2011.

Le Monde ha manejado correspondencia interna de la multinacional donde se pondría de manifiesto sus relaciones con los académicos que han venido certificando que el Roundup es inofensivo, así como el supuesto soborno a funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU para que evitaran un análisis a fondo del glifosato. Sus revelaciones tienen especial trascendencia en este momento. Por un lado, está pendiente de culminar la oferta de compra de Bayer, que ha puesto sobre la mesa 59.000 millones de euros para hacerse con la estadounidense; por otro, la Comisión Europea debe pronunciarse sobre si autoriza o no la venta del pesticida, tras la prórroga temporal de 18 meses decidida a mediados de 2016.

Bruselas ha venido ignorando hasta el momento todas las denuncias, incluidas las de Christopher Portier, un toxicólogo de fama mundial que desde hace tiempo viene alertando del carácter nocivo del glifosato. A finales del pasado mes, y tras tener acceso a estudios confidenciales internos que Monsanto entregó a las autoridades europeas, Portier remitió una carta al presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, en el que cuestiona los estudios de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y de la Agencia Europea de Productos Químicos, y describe ochos casos que ambos organismos ignoraron y que tendrían que ver con tumores asociados a cánceres de pulmón, riñón, hígado, de piel, de mama y de tiroides relacionados con el pesticida.

El glifosato no es inocuo. Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Malta tienen prohibido su uso en lugares públicos, una decisión no aplicada en España pero en sí en más de 40 ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Tarragona, Toledo, Sevilla o Zaragoza, y en comunidades autónomas como Aragón, Extremadura y La Rioja. En ello influye el hecho de que nuestro país es el único de Europa en el que Monsanto ha logrado imponer de manera significativa sus cultivos, que en 2016 ocupaban más de 129.000 hectáreas de maíz y que representaban el 95% de todos los transgénicos del continente. El 5% restante se repartía entre Portugal, Eslovaquia y República Checa.

La historia de Monsanto es tan truculenta como inquietante. Fundada en 1901, lo más inocente que ha protagonizado es la construcción de la Casa del Futuro de Disneylandia por eso de que el hijo del fundador y el padre de Mickey Mousse eran amigos. De sus inicios con la sacarina y la vainilla, pasó a fabricar ácido sulfúrico y bifenilos policlorados, que durante 40 años se usaron como refrigerantes de equipos eléctricos antes de ser prohibidos por sus efectos cancerígenos y contaminantes.

Participó en el proyecto Manhattan de fabricación de las primeras bombas atómicas y fue el principal fabricante, junto a Dow Chemical, del agente naranja con el que EEUU arrasó con selvas enteras en Vietnam. En 1994 consiguió el visto bueno para su comercialización de una hormona para el crecimiento bovino (rBGH) a la que muchos ganaderos atribuyen la muerte espontánea de sus reses, cuya leche algunos científicos han vinculado al desarrollo del cáncer de próstata. En su intento por borrar este tenebroso pasado, Monsanto ha querido presentarse como una compañía dedicada a “las ciencias de la vida”. Va por buen camino.