Marta Chordá Pérez y Diana Sánchez Gracia

Vivimos inmersos en una cultura urbana que lo invade todo. Lo rural es como si no existiera. Pero junto con esa España moderna y urbanita existe otra olvidada, rural, con un gran potencial agrícola, forestal, cultural, patrimonial y social que se debate entre el ser y no ser y a la que no se puede esconder ni silenciar por más tiempo.

El Gobierno, consciente de que había desajustes territoriales que había que paliar, comenzó en los años noventa a destinar Fondos de Compensación Interterritorial a las CCAA, pero la falta de políticas de Estado y de fiscalización de esos fondos ha favorecido que los desequilibrios aumenten, siendo en la actualidad prácticamente inviable la vida en la “periferia interior” (no hay servicios básicos, no hay infraestructuras, no se protege el patrimonio cultural y natural, no hay creación de empleo en actividades productivas, de transformación o servicios). El éxodo se ha convertido en el mal endémico de muchas de nuestras comarcas, convertidas en verdaderos desiertos demográficos (densidades por debajo de los 8 hab/km², población envejecida con problemas de dependencia), lo cual parece imposibilitar la recuperación de las estructuras mínimas.

En este contexto surgen movimientos sociales y plataformas contra la despoblación como herramienta para el empoderamiento ciudadano, y los diversos sectores relacionados con el medio rural se ponen a trabajar en la elaboración de propuestas sensatas para nuestros políticos, con el fin de llegar a revertir –no sin esfuerzo- la situación de la España Rural, o deberíamos decir sencillamente de España. No se trata de que al campo lleguen ayudas, estatales o comunitarias, o parches que justifiquen una mínima sensibilidad política, como quien da una limosna en la puerta de una iglesia. Se trata de que se reconozca el derecho de un pueblo a existir, a reivindicarse como depositario de un saber ancestral y cultural que fue la identidad del país hasta hace sólo 50 años. En ningún otro país la modernidad riñe con la identidad rural, en ningún otro se plantea desmantelar el Medio Rural –desproteger sus recursos, abandonar su capacidad productiva, eliminar su representatividad política- sino fortalecerlo y ponerlo en la vanguardia, tomarlo como eje estratégico del Estado.

Plantear estas cuestiones de empoderamiento rural es imposible sin abrir serios debates sobre instituciones del Estado que nos llevarían inevitablemente a un nuevo “proceso constituyente”, ya que la mala gestión y el despilfarro de fondos no viene de los municipios pequeños como se nos quiere hacer creer, sino de las instituciones que el bipartidismo ha pervertido en su continuado ejercicio del poder y afectan directamente a la situación de desatención actual del Medio Rural. Existen tres niveles de Administración pública por los que hay que apostar: El Estado, las CCAA y los Ayuntamientos y a los que exigir soluciones como ciudadanos. Las Diputaciones, con elección no directamente democrática, fagocitan e intentan suplantar la soberanía municipal que reconoce la Constitución Española y la Ley de Régimen Local a los Ayuntamientos. Hace años que dejó de dar un servicio público de apoyo a lo local para convertirse en un instrumento de poder autonómico, extrapolitizado y de dudoso valor añadido. El Senado, que se ideó como cámara de representación territorial, es a día de hoy un organismo inútil en el que los partidos mayoritarios colocan–mediante la cuota autonómica, que no mediante elecciones- a políticos que los ciudadanos jubilan y cuando hay que votar lo hacen con disciplina de partido y no por intereses del territorio.

En esta línea de reconocimiento y emancipación del Campo y de los Pueblos tienen que ir las políticas, concebidas como un marco para la diversidad de nuestras regiones hispanas que permita la regeneración sostenible en cada lugar atendiendo a su propia idiosincrasia. No hay fórmulas magistrales, no hay que inventar nada, sino aplicar la ley vigente y exigir responsabilidad al partido que gobierne. No se requiere mayor presupuesto de la AGE (administración general del Estado) ni de las CCAA, sino sentido común y estrategia de Estado: Mejores repartos económicos y de competencias, menor dependencia de las coyunturas partidistas, mayor amplitud de miras como país hacia Europa. Entendemos el Medio Rural no como problema o rémora de la sociedad –urbanita- española del siglo XXI, sino como solución a buena parte de su problemática actual. Las acciones políticas para el Medio Rural han de tener una doble vertiente: por un lado específicas (medidas legislativas), y por otro transversales porque afectan a toda la sociedad en su conjunto. En la mayoría de los casos es simplemente reconocer la igualdad de derechos (acceso a sanidad, educación, servicios), en otros es la protección de los recursos productivos para la generación de empleo (ganadería, agricultura, silvicultura, gestión de montes, patrimonio, cultura) y en otros se relacionan con la transformación y el valor añadido. Para una buena implementación de estas medidas, deberían reconocerse en las áreas de Sanidad, Educación, Dependencia, Vivienda, Cultura, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Soberanía Alimentaria, Garantías democráticas, etc…

CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO RURAL.

El Medio Rural ocupa el 90% del territorio estatal, y representa el 20-35% de la población española. Así pues, la mayor concentración demográfica del país se distribuye en las grandes ciudades y en la zona del litoral Mediterráneo. En el resto del Estado, nos encontramos con una densidad de población extremadamente baja y cada vez más envejecida, y un crecimiento vegetativo negativo desde los años 50 del siglo pasado. Históricamente, se ha atribuido este crecimiento vegetativo negativo en las áreas rurales a la problemática de la orografía y la climatología pero, aunque esto se pueda aplicar a ciertas zonas muy concretas, lo cierto es que este paulatino abandono del campo por parte de la población se debe más a la voluntad política que a otras cosas.

Desde finales de la década de los ochenta Europa ha intentado potenciar políticas de desarrollo rural sostenible para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales e invertir este decrecimiento y el envejecimiento de su población. Dichas políticas se plasmaron en documentos oficiales, como el Libro Blanco del Informe sobre el Futuro del Mundo Rural (1988), la Declaración Final de la Conferencia de Cork (1996), o la Estrategia Territorial Europea (1999). E incluso se ha intentado hacer frente a esta situación a través de la Reforma de la PAC de 2003, creando un segundo pilar de ayudas destinadas al Desarrollo Rural y fomentando los principios de flexibilidad, descentralización, subsidiariedad y simplificación operativa, pero lo cierto es que la voluntad de los Gobiernos estatales que lo han tenido que implementar ha sido escasa, por no decir nula. Más sangrante todavía es saber que hemos tenido legislación a nivel estatal de gran calidad para implementar políticas beneficiosas para el Mundo Rural, pero o nunca han llegado a aprobarse, o han caído en el olvido, o han sido derogadas, como el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local (2005), la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, o el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, que aprueba el primer programa de Desarrollo Rural Sostenible para el periodo 2010-2014. Todos ellos documentos que buscaban un giro de 180º para revertir la cada vez más insostenible situación de la gente que habita esas zonas y que se traduce en una calidad de vida cada vez menor, una falta abrumadora de servicios básicos, y una carencia absoluta de posibilidades de futuro. Todos esos documentos están cogiendo polvo en un cajón por culpa de la voluntad política: pocos votos hay para ganar en las zonas rurales y además están demasiado dispersos como para hacer el esfuerzo.

España necesita dotarse de una legislación adecuada para el fomento del desarrollo de su Medio Rural, que ha de tener como referente las políticas comunes europeas y las orientaciones comunitarias, como la Estrategia de Lisboa de 2000 en relación con el empleo y la competitividad o la Declaración de Gotemburgo de 2001 en relación con el logro de un desarrollo sostenible. Pero, al mismo tiempo, es necesario establecer una política rural propia, plenamente adaptada a nuestras condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares. El Estado debe plantear herramientas marco para atender la diversidad rural existente en España, y favorecer que las áreas rurales desarrollen sus propias estrategias de mejora para su supervivencia.

La política en el pasado desmanteló y despobló España Interior y solo la política de hoy puede volver a hacer la vida digna en nuestros territorios y mirar al Mundo Rural como un sector estratégico para el país, nuestras sierras con sus bosques son nacederos de agua y bienes de interés vital, factorías de oxígeno, vida, lluvia, sumideros de dióxido de carbono y depositarios de la cultura tradicional.