En la Asamblea General de la ONU, donde se desperdician tantas oportunidades de plantear ante el mundo cosas sensatas, el presidente colombiano Álvaro Uribe acaba de insistir una vez más en predicar una de las insensateces más notables de los últimos decenios: la guerra contra las drogas. Su país, Colombia, ha sido destruido física y moralmente por esa guerra. Y lo sigue siendo. Pero por lo visto él no se ha dado cuenta.

Su argumento es, en apariencia, impecable. Es absurdo, dice el presidente Uribe, que a la vez que se persiguen con ahínco la producción y el tráfico de drogas se esté siendo cada día más tolerante con su consumo. Así que propone que las leyes sean más duras, y no más blandas, con los consumidores y su llamada “dosis personal”, tal como lo ha propuesto él mismo en su país y tal como lo son (a escala federal, pues localmente hablando la cosa cambia) en los Estados Unidos, donde nada menos que un millón y medio de personas son encarceladas cada año por delitos relacionados con la droga: consumo o distribución de esquina (pues por alguna misteriosísima razón en los Estados Unidos, primer consumidor de drogas del mundo, nunca encuentran a los grandes narcotraficantes).

Argumento impecable el de Uribe, que sólo tiene el defecto de que plantea el problema al revés. Lo que hay que hacer es lo contrario: tolerar la producción y el tráfico de las drogas tal como se tolera su consumo. Porque, aunque es cierto que el uso y el abuso de las drogas prohibidas pueden ser perjudiciales para la salud de los consumidores, lo que destruye física y moralmente las sociedades es la prohibición. La cual, de paso, aumenta su uso y su abuso. Así lo ha probado de sobra la historia de casi 40 años de “guerra frontal contra la droga” en los países más diversos y con respecto a las drogas más variadas, incluyendo, en su momento, el alcohol. Después de tantas décadas de demostración práctica de que la guerra contra las drogas no disminuye ni su producción ni su consumo, sino que los promueve; y de que aumenta la rentabilidad del tráfico intermedio, y en consecuencia las ganancias y el poderío de las mafias que, por ser ilegal, lo controlan, resulta evidente que sólo a dos clases de personas se les puede ocurrir seguir abogando por la prohibición: a los tontos, y a los narcos. En Estados Unidos están los narcos: allá se lava y se queda el 90 por ciento de las utilidades generadas por el tráfico de las drogas prohibidas. Los demás son tontos.