Francisco Alburquerque Llorens

Especialista y asesor internacional en desarrollo y desarrollo local

Cualquier reflexión acerca del cambio de modelo productivo debe tener en cuenta el cambio de modelo energético así como los impactos que las actividades productivas provocan en el medioambiente, toda vez que la actividad productiva requiere siempre de la utilización de una fuente de energía originando, asimismo, residuos y contaminación en todo ello. El análisis sobre el modelo productivo conlleva, igualmente, la reflexión sobre el modelo de consumo, siendo ambos en la actualidad muy intensivos en la utilización de combustibles fósiles, y basados en la absurda ilusión de un tipo de crecimiento económico indefinido como objetivo principal del funcionamiento de las economías.

Igualmente, la reflexión sobre el nuevo modelo productivo debe cuestionar el contenido del producto interior bruto, ya que no es lo mismo la producción de armamentos o el incremento de operaciones especulativas financieras, que el gasto en educación, sanidad o investigación y desarrollo para la incorporación de innovaciones sostenibles, por citar sólo algunos ejemplos. De igual importancia es también tener en cuenta cómo tiene lugar la actividad productiva, tanto desde el punto de vista laboral y social como desde el plano técnico y medioambiental, con el fin de asegurar las condiciones de trabajo decente y de sostenibilidad de los procesos productivos y de consumo.

Por último, es también muy importante aludir al tipo de distribución del ingreso que explica la forma en que se reparte lo obtenido con la actividad productiva, ya que una distribución concentrada del ingreso en los grupos de población más ricos, alienta las inversiones de carácter especulativo y de consumo de lujo, en lugar de las formas de distribución del ingreso más equitativas, que constituyen un poderoso impulso de demanda de las actividades vinculadas al consumo básico, que afecta favorablemente al colectivo de microempresas y pequeñas y medianas empresas locales y la generación de empleo.

Pero hay otro aspecto más que la reflexión sobre el cambio productivo debe resaltar, y es que todas las actividades productivas y de consumo tienen lugar en escenarios concretos y no abstractos, lo cual obliga a introducir el tema territorial en el diseño de las políticas públicas. Gran parte de las políticas de desarrollo productivo (tanto industrial como agrario o de servicios, y tanto rural como urbano), dependen de un diseño que es esencialmente territorial. Las empresas no pueden funcionar sin una red de infraestructuras y bienes comunes de carácter colectivo, lo cual hace posible el adecuado funcionamiento de las empresas desde los diferentes territorios donde se localizan. Por ello, es fundamental avanzar en una fuerte presencia de los niveles gubernamentales más próximos a los territorios y la ciudadanía, esto es, los niveles municipal y regional, ya que políticas decisivas como las de innovación, fomento del empleo, promoción empresarial, y desarrollo medioambiental, entre otras, sólo se diseñan bien desde los distintos ámbitos territoriales.

Pero la reflexión sobre el cambio de modelo productivo debe insertarse, igualmente, en el contexto de la importante crisis climática, económica, social y financiera actual. En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía advierte que si no se logran controlar las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2017, la economía basada en combustibles fósiles habrá convertido para entonces en inevitable un nivel de calentamiento extremadamente peligroso.

Por otra parte, los gobiernos de los diferentes países y los principales grandes grupos empresariales y financieros han logrado imponer hasta el momento una reglamentación del derecho comercial internacional que trata de asegurar los intereses de los inversionistas internacionales ante los riesgos que supone la toma de decisiones por parte de los gobiernos nacionales en defensa de los intereses de su industria local, o frente a los impactos desfavorables sobre la salud o el medioambiente que puedan darse como consecuencia de las actividades de inversión foráneas. De este modo, las grandes empresas transnacionales suelen presentar demandas contra los gobiernos nacionales ante tribunales privados internacionales, en el caso de que sus intereses se vean lesionados. Muchos programas y políticas de promoción de energías verdes son así impugnados y denunciados por los grandes grupos empresariales apelando a los acuerdos comerciales internacionales y, en especial, a las normas de la Organización Mundial de Comercio. De este modo, la supuesta bondad del actual sistema de “libre comercio internacional” debe ser puesta en entredicho ya que, detrás de ella se oculta uno de los mitos principales de sustentación del paradigma de desarrollo predominante.

En los países desarrollados, así como en los segmentos de poder adquisitivo medio y alto de los países en desarrollo se trata, fundamentalmente, de alterar el modelo de consumo, reduciendo el uso del transporte a larga distancia, intensivo en energía y una de las actividades con mayores emisiones de dióxido de carbono, reservándolo solamente para aquellos productos que no pueden producirse localmente o en los que la producción local sea más intensiva en carbono. Asimismo, hay que fomentar la agricultura local y la proximidad de la producción alimentaria a los mercados de consumo, con el fin de enfrentar la expansión de las exportaciones mundiales de la agricultura industrial y la globalización de los sistemas agrícolas, que constituyen una de las causas más importantes del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. De este modo, necesitamos impulsar una agricultura local de bajo consumo energético, incentivando el consumo de productos locales y de temporada mediante estrategias de “producción kilómetro cero”, es decir, producción de proximidad para el consumo local cuando ello es posible.

Situar el cambio climático en el centro de los programas políticos de cambio por una democracia verdaderamente participativa exige, pues, la devolución de la condición de bienes comunes al agua, el aire limpio, la electricidad, las energías renovables, la salud, el acceso a los medicamentos básicos, la sanidad, y la vivienda, entre otros derechos fundamentales de las personas, que han sido objeto de privatización y mercantilización durante estas décadas pasadas con el avance del capitalismo desregulado.

Es hora de comenzar en serio una campaña mundial para hacer pagar a las grandes empresas extractivas por sus actividades contaminantes, que nos empujan hacia un escenario catastrófico de crisis climática, económica y social. Hay que imponer gravámenes más elevados por la emisión de gases de efecto invernadero, eliminar los subsidios de los que dichas empresas se benefician, y crear un fondo fiduciario de protección del patrimonio colectivo, que se debe dedicar a construir un futuro sostenible, impulsando la creación de empleos verdes, y fortaleciendo a las comunidades locales para hacer las adaptaciones que todo ello conlleva en los sistemas productivos locales y en los vigentes modelos de consumo insostenible.