Miles de personas se encuentran atrapadas en la frontera noroeste de Bosnia, alojadas en improvisados e insalubres campamentos o incluso en fábricas abandonadas, lo que ha convertido al pequeño país balcánico en un auténtico Estado tapón de Europa. Una situación de emergencia humanitaria que es producto directo de la UE y de su política de construcción de la Europa Fortaleza.

Y mientras, vemos cómo en la otra parte del mundo, el número de desplazados centroamericanos no ha dejado de crecer, a un año de que comenzaran las llamadas caravanas migrantes. Y como después de la entrada en vigor en EEUU del polémico Protocolo de Protección al Migrante, que devuelve al solicitante de protección a México mientras se resuelve su caso, tan solo a un insignificante 0,1% de los solicitantes de asilo se les ha concedido, de facto, dicho asilo. Una barrera que también convierte a México en un Estado tapón, en este caso de los EEUU.

Hoy, Día Internacional del Migrante, efeméride declarada por la Asamblea de la ONU en 1999, es importante recordar y denunciar que ni Bosnia ni México ni Centroamérica son hechos aislados, sino que son parte de una peligrosa tendencia internacional. Una tendencia que sin ambages podríamos titular como la extensión de una macabra necropolítica global. Que ante la crisis ecológica y el aumento exponencial de las migraciones climáticas solo se responda con esta política de muerte y violencia de fronteras, y que vaya de la mano de una deriva autoritaria y de involución democrática, no nos permite llamarlo de otra manera.

El Día del Migrante se creó, supuestamente, con el objetivo de reconocer la gran contribución, a menudo ignorada, que millones de emigrantes hacen a la economía y al desarrollo de los países en todo el mundo. Pero no solo se ignoran los beneficios y, sobre todo, los derechos de las personas migrantes, sino que estamos asistiendo en los últimos años a un peligroso proceso de criminalización de la migración y del propio migrante como sujeto de “derecho”. Una criminalización que se extiende también a las organizaciones sociales y de ayuda humanitaria que trabajan con la población migrante, como hemos podido comprobar en el Mediterráneo, en los Balcanes o en México, en una peligrosa tendencia de criminalización de la solidaridad.

Porque se está respondiendo a uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos globalmente con una combinación inédita de neoliberalismo y xenofobia, con un fortalecimiento de todas las políticas securitarias, y con una externalización de fronteras a menudo incluso en Estados fallidos, donde se vulneran sistemáticamente los derechos más básicos. Porque la criminalización de la población migrante no es solo producto de una extrema derecha en auge o de unos cuantos políticos irresponsables, sino que es la consecuencia de una política institucional, de guante blanco, consciente y planificada, que tiene como objetivo la simple y llana degradación de la protección jurídica y social del migrante.