RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

Gustaba José Luis López Aranguren de recordar que el negocio es el nec-otium, el no-ocio, el estar siempre ocupado. Y de ahí le viene en parte la mala fama, que no todo ha de ser la ojeriza que el cristianismo tiene al comercio desde que Cristo la emprendió a zurriagazos con los mercaderes en el templo. El negocio, en la tradición reciamente española, es casi expresión peyorativa.

A su vez los partidos son asociaciones políticas, organizaciones desinteresadas al servicio de la comunidad. Los partidos no pueden ser un negocio ni siquiera en el sentido del business porque la política tampoco puede serlo. No es extraño que algunos políticos prominentes se enriquezcan tras haber abandonado el cargo. Y están en su derecho. Lo que es extraño y claramente reprobable e incriminable es enriquecerse en el ejercicio de la política valiéndose de ella. Porque esa es la esencia de la corrupción, el valerse de los bienes públicos en beneficio privado.

Los cargos descollantes de los partidos, los concejales, alcaldes, consejeros, presidentes de comunidades autónomas no pueden estar incursos en procesos judiciales penales. Los cargos políticos imputados judicialmente que no dimiten ipso facto de sus responsabilidades, de cuyo peso político pudieran valerse para intentar torcer el curso de la justicia, pierden toda legitimidad de ejercicio. Cuando Aznar consiguió que Demetrio Madrid, presidente de Castilla y León, fuera procesado, este dimitió y aquel consiguió la Presidencia. Tres años después la Justicia absolvía a Demetrio Madrid. Es lo que tiene la dimisión temprana: se pierde el puesto, pero se mantiene el honor.

La noticia de este periódico antea-

yer de que se destapaba una “nueva trama urbanística” vinculada al PP, que podía titularse la “enésima trama”, dibujó el habitual panorama de influencias, recalificaciones, ayuntamientos, chanchullos, comisiones y enriquecimientos relacionado con este partido. En él abundan cargos locales y autonómicos implicados en estas tramas que consideran que la política es un negocio.

No es de extrañar que María Dolores de Cospedal insista en que España está sometida a un “Estado policial”. La “policía nos tiene manía”, como dicen los habitantes del hampa. Entre tanto, el PP se dedicará no a refutar las acusaciones, sino a bloquear los procedimientos judiciales mediante prescripciones o triquiñuelas legales.