La Educación Pública Infantil agoniza en Madrid. Perseguida por el Ayuntamiento y la Comunidad, cae ahora en manos de grandes empresas sin especialización que logran concesiones con ofertas a la baja, a costa de deteriorar la educación del alumnado y las condiciones laborales de sus trabajadores. El coste de la escolarización, además, es cada vez más prohibitivo para muchas familias. Mientras, el sector privado vive tiempos felices.

Texto: Juan Luis Gallego. Ilustración: Elena Hormiga.

La conversación transcurre en un despacho de la sede del entonces consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral. Difícil concretar la fecha, en cualquier caso, entre 2003 y 2007, los años en que Peral ocupó el cargo. Frente a él, una representación de la asociación en defensa de la Educación Infantil, que comienza a ver amenazado un sistema hasta entonces modélico.

Es lo que quieren trasladarle a las autoridades aquellas mujeres, esas “viejas locas rojas” como comienzan entonces a ser conocidas en ciertos sectores de la derecha: su inquietud por una deriva que pretende resituar de nuevo la educación pública infantil, la que se ocupa de los niños y niñas de entre 0 y 6 años, como un sistema asistencial, tirando por tierra los años de lucha que habían dado como fruto su integración en el sistema educativo.

Tras minutos de discusión, los argumentos chocan, por fin, contra el muro ideológico: “Sí, os entiendo –contesta Luis Peral-. Pero tened en cuenta que yo pertenezco a un partido que tiene como objetivo dar salida a la iniciativa privada”. Es la versión que de aquella charla ofrece a Números Rojos una de las participantes, María López, de la Junta de Portavoces 0-6. Peral, ahora senador por el Partido Popular, consultado por esta revista, duda haber dicho esas palabras. Y añade que, en cualquier caso, no se corresponden con su actuación política: “Los hechos son tozudos”, afirma antes de asegurar que durante su mandato se crearon 72 nuevas escuelas infantiles en la Comunidad. “Otra cosa –concede al final- es que yo no solo no esté en contra, sino que me parezca bien la presencia de la iniciativa privada en la Educación”.

Independientemente de la literalidad de la charla, lo que parece claro es que unos años después, y con la inestimable ayuda de Lucía Figar -la mujer que sustituyó a Peral en la Consejería de Educación y que hasta la fecha sigue en el cargo- el objetivo ha sido por fin conseguido. El negocio está más que encarrilado. La Educación Infantil se ha convertido en la Comunidad de Madrid, y por supuesto en su capital, en el nuevo nicho de mercado por el que pululan todo tipo de empresas que, a base de ofertar sus servicios a la baja, han desplazado a las antiguas cooperativas de profesores sin ánimo de lucro que construyeron, desde la nada, un sistema educativo público digno de estudio en otros países europeos.

Las bases de este negocio se pusieron en 2008, con la modificación de los pliegos de condiciones que definían los requisitos para optar a gestionar una escuela infantil pública. No solo se suavizaron exigencias que redundan directamente en la calidad de la enseñanza y en el bienestar de los niños –subiendo las ratios alumnos/profesor; bajando el número de profesores de apoyo; disminuyendo los metros cuadrados por niño; suprimiendo la exigencia de un espacio exterior…-, sino que se abrió por primera vez la posibilidad de que las empresas optaran a la gestión de la escuela, antes reservada a cooperativas de profesores. Y, además, se cambiaron los criterios de valoración de cada oferta, de forma que la propuesta económica pasó a cobrar un papel protagonista por encima del programa educativo. Es decir, la puja más barata tiene todas las de ganar.

Es lo que ha ocurrido -en lo que podríamos considerar un ejemplo paradigmático- en la escuela infantil La Hiedra, en el barrio madrileño de San Blas, propiedad del Ayuntamiento de Madrid y hasta el curso pasado y desde muchos años atrás gestionada por una cooperativa de profesores. Las condiciones de la adjudicación firmadas en su día permitían prorrogar un año más esta situación, pero las autoridades esgrimieron el argumento del ahorro para volver a sacarla a concurso. Por primera vez con las nuevas condiciones, las que priman los criterios económicos sobre los educativos. ¿El resultado? Este curso La Hiedra ha comenzado a ser gestionada por Clece, una empresa multiservicios que los mismo se dedica a la seguridad privada, que al marketing, al mantenimiento o te monta una red de teleoperadores. Cosas de la vida, Clece es propiedad del grupo ACS, el holding de la construcción que preside el omnipresente Florentino Pérez.

No ofrecía el mejor proyecto educativo: según los datos que obran en poder de Números Rojos su propuesta obtuvo una puntuación de 36,20 (sobre 45) frente al 38,50 de la cooperativa saliente. Tampoco sus recursos humanos eran los más idóneos: fueron valorados con un 4 (sobre 10) frente al 4,7 de su rival. Pero le bastaban 209 euros por alumno al mes frente a los 231 que decía necesitar el anterior equipo. Los 24,62 puntos (sobre 45) que le otorga esta rebaja, frente a los 8,75 de su rival, inclinaron definitivamente la balanza. Pocos días después, los profesores de La Hiedra tuvieron que dejar las aulas y sus puestos de trabajo, a pesar de que, en su esfuerzo por acomodarse a las severas condiciones municipales, llegaron a bajarse los sueldos para intentar mejorar su oferta económica.

A raíz de lo ocurrido, algunos padres y madres han sacado a sus niños y niñas de la escuela y otros han trasladado al equipo anterior su malestar por lo que se han encontrado en este nuevo curso: ausencia de proyecto, falta de material, aulas frías y sin vida y un equipo descoordinado cuyos componentes no se conocen entre sí. Números Rojos ha intentado que Clece diera su versión al respecto, sobre esta escuela y sobre su interés en este sector, pero el cuestionario que se le hizo llegar a su gabinete de prensa nunca fue contestado.

“El proyecto educativo ha dejado de ser lo más importante –explica María López, de la Junta de Portavoces 0-6- y los pliegos se han convertido en una subasta a la que acuden empresas con ofertas económicas que podrían calificarse de temerarias, lo que se traduce en equipos educativos con sueldos de 750 euros, y en número tan reducido y con tan escasos materiales que solo pueden dedicarse a evitar que los niños y niñas se peleen, sacrificando enseñanzas tan importantes a esa edad como las relacionadas con el desarrollo del lenguaje, la motricidad o la educación plástica y visual”.

Empresas afines

Blanca Azanza, portavoz de Ameigi (Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta), va más allá al afirmar que el ahorro –poco más de 20.000 euros en el caso de La Hiedra- “es una mera excusa del PP en su afán de privatizar cuanto más mejor las escuelas infantiles y facilitar la entrada de las empresas próximas a ellos y a su ideología”. Lo que subyace es su “temor” al modelo de escuela implantado por las cooperativas de profesores y una apuesta por otro “donde los derechos de los niños y niñas son algo secundario, donde se prima la competitividad por encima de la solidaridad, donde las condiciones de trabajadores dan lo mismo y donde las familias no juegan ningún papel”, añade Azanza.

De las aproximadamente 350 escuelas de Educación Infantil existentes en la Comunidad de Madrid, algo más de 90 son de gestión directa, es decir, en manos del Ayuntamiento o la Comunidad con personal contratado directamente por una u otra administración. Difícil que esa cifra crezca: hace años que este modelo se dejó de lado en aras del ahorro. Las otras, las de gestión indirecta, son las afectadas por los recortes del PP. De ellas, según datos de Ameigi, el 70% están ya en manos de grupos empresariales, como el mencionado Clece, Eulen o Grupo Norte, también emporios multiservicios.

Ameigi calcula que, en esa apuesta por el ahorro de las autoridades madrileñas, los concursos han salido a licitación con presupuestos inferiores en una media del 12% a los del curso pasado. Si a eso se une que las empresas aspirantes ofrecen aún más baratos sus servicios para ganar la adjudicación, esta asociación denuncia que las escuelas están funcionando este año con un 30% menos de dinero que en el ejercicio anterior.

Pero ¿y las familias? Al margen de la reducción de calidad de la enseñanza que la aparición de estas grandes empresas con ánimo de lucro parece implicar, ¿cómo afecta a sus bolsillos el ‘austericidio’ de la Comunidad y el Ayuntamiento madrileños? Pues sobre todas ellas, especialmente sobre las más débiles, recaen las consecuencias del tarifazo aplicado por la Comunidad en 2013, que encareció las mensualidades de las escuelas públicas infantiles respecto a 2012 entre un 21% y un 56% según los tramos de renta.

De acuerdo con los precios actuales, las familias más pobres, las que tienen una renta per cápita de 5.644 euros al año –si solo trabaja uno, quiere decir que percibe 470 euros brutos al mes-, tienen que pagar 80 euros al mes. El precio para los niños y niñas del siguiente tramo, hasta 7.656 euros, es de 130 euros. De 180 para quienes ganan hasta 25.725 euros. Y a partir de esa cantidad, y hasta el infinito, la tasa de escolaridad es de 260 euros. La consecuencia ha sido una espectacular caída en la demanda de plazas. Ayuntamiento y Comunidad pueden sacar pecho por haber acabado con las tradicionales listas de espera en esta etapa educativa. Y, de hecho, el curso 2014-2015 empezó con 4.500 plazas vacantes, según el recuento de la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública, lo que supone entre el 10 y el 12% del total de la red. Lo malo es que, como dice María López, “esos niños y niñas están en casa, cuidados por sus familias, o en guarderías clandestinas porque sus padres y madres no pueden afrontar los pagos”.

La combinación de tarifazo con reducción del presupuesto público implica que este año serán las familias las que carguen con la mayor parte de la financiación de la red pública. En un centro modelo de ocho aulas, el porcentaje que soportan, sumando las cuotas mensuales y los precios de comedor, supera el 70% de los aproximadamente 450.000 euros que cuesta mantener un centro durante un curso escolar. El porcentaje se ha duplicado en 10 años, desde que en 2004 las familias asumían un 33% del coste del servicio.

Millones para la privada

Todo por el ahorro, cabría pensar. Pero no. Un dato parece avalar la sospecha de que lo que se pretende es incentivar la iniciativa privada y abrir el sector a las empresas. Se trata del cheque-guardería, una beca creada en 2002 por el Gobierno regional del PP y a la que los presupuestos destinarán este curso 34 millones de euros. ¿Para quién? Para cualquier familia que matricule directamente a sus hijos en una escuela privada. Sin mayores requisitos, salvo el de solicitar esa ayuda, de entre 100 y 160 euros al mes, antes de que se abra el plazo de matriculación en la red pública, es decir, que sea la primera opción de los padres y madres. Es tan atractiva que hasta la propia consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, la disfruta, por tener a un hijo de dos años en un centro completamente privado y ser familia numerosa, a pesar de que los ingresos entre ella y su pareja superan los 120.000 euros.

Esta es la realidad desde hace años, pero solo ahora, cuando Ayuntamiento y Comunidad decidieron no prorrogar la concesión a cooperativas de profesores de ocho escuelas infantiles, ha saltado al primer plano de la actualidad. Es una de las quejas de “esas viajas rojas locas”: que han estado solas en la batalla durante muchos años, entre otras razones, por falta de conciencia social sobre la importancia de una etapa educativa que no es obligatoria en España. Mientras apoyaban las movilizaciones de la Marea Verde por la educación pública, han protagonizado prácticamente en solitario siete huelgas en tres años y han recogido 190.000 firmas para su causa.

Lucía Figar nunca las ha recibido. Por cierto, de este batallador colectivo, al menos las que dan la cara son todas mujeres. Durante la elaboración de este reportaje, el único hombre que ha intervenido es Luis Peral, el anterior consejero de Educación. En opinión de Blanca Azanza, esta escasez de hombres “refleja el sentir de la sociedad sobre la Educación Infantil: la falta de valoración, la poca o nula conciencia de que es una etapa educativa y que además es la más importante en la vida de una persona. Y mientras ‘mayoritariamente’ se siga creyendo que la educación infantil es meramente asistencial, los hombres no entrarán porque esa tarea, por desgracia, se identifica con el género femenino”.

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