JOSÉ MANUEL NAREDO

Economista y estadístico

Por fin se empieza a aclarar oficialmente uno de los misterios que para la opinión pública venía albergando la banca española, al atribuírsele perfiles contradictorios. Por una parte, el Banco de Pagos Internacionales había advertido ya, en su informe anual de 2007, que la exposición de la banca española al riesgo inmobiliario superaba a la de todos los otros países de nuestro entorno, incluido Estados Unidos. Sin embargo, por otra, la banca no parecía afectada por la crisis hasta el punto de que el presidente Zapatero llegó a alardear de que España disponía del “sistema financiero más sólido del mundo”.

¿Cómo era posible que la banca de un país con una economía tan solvente como Alemania se viera afectada por la crisis, mientras que la banca española parecía escapar de ella? Porque la banca alemana invirtió una parte significativa del pujante ahorro de ese país en la compra de títulos que se revelaron de mala calidad, sufriendo así los reveses de la crisis financiera internacional. Sin embargo, la banca española, en vez de invertir, tuvo que buscar financiación en el exterior para seguir alimentando la burbuja inmobiliaria. No compró, así, las famosas hipotecas subprime estadounidenses porque se dedicó a generar y vender las suyas propias hasta que los mercados financieros empezaron a percibir el riesgo, lo que acarreó la consabida sequía de créditos y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, la banca española no sufrió la crisis desatada por las hipotecas subprime en agosto de 2007, sino los riesgos de sus propios créditos inmobiliarios, que se evidenciaron más tarde. El reciente Informe sobre la Estabilidad Financiera del Banco de España analiza estos riesgos y, como no podía ser menos, concluye que “su exposición al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria supone un riesgo relevante para el sistema bancario español”. Para hacer frente a estos riesgos se dotó un fondo con 9.000 millones de euros y líneas de crédito adicionales, que se añaden a los 50.000 millones de ayudas a la banca y los 100.000 de avales, anteriormente acordados por el Estado. Tan enormes inyecciones de dinero público dicen poco de la solidez del sistema que tratan de apuntalar. Lo razonable hubiera sido reconocer de entrada los problemas que se avecinaban, en vez de esconderlos, y establecer un plan de saneamiento encuadrando las posibles ayudas y no al revés.