Nuevos aires políticos de libertad ante la muerte

Fernando Pedrós

Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

No se le ha dado tan apenas importancia, pero sí que la tiene: desde comienzo de verano hasta hoy han sido siete parlamentos autonómicos los que han urgido al Gobierno a que se den pasos para la legalización de las conductas eutanásicas prohibidas y penadas por el art. 143 del Código Penal. El camino lo inició el Parlamento Vasco aprobando una iniciativa del Partido Socialista de Euskadi que solo tuvo en contra los votos de PP. Se instaba al Gobierno de España a modificar el artículo 143 del Código Penal. En noviembre le seguía Navarra y después se han unido al mismo proceder Asturias, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia.

En mi opinión, estas noticias si hubieran sido conocidas debidamente habrían ayudado a recuperar la autoestima de la ciudadanía al sentirse escuchada por los políticos que en el tema de la eutanasia por primera vez estaban en sintonía con la calle. No hay que olvidar que en la encuesta del CIS de 2006 casi el 80% de la población española reclamaba al gobierno y al Congreso una ley que legalizase el ejercicio de la eutanasia por enfermos en situación trágica de salud. En los últimos meses, los parlamentarios autonómicos han reconocido que el enfermo en España no es libre para disponer de su vida, cuando el ciudadano ha de ser libre con su vida sin tener que ser tutelado por el Estado, por la religión o por un médico.

La excepción madrileña

Pero en todo tiene que haber alguna excepción. Y en este caso se ha producido en la Asamblea de Madrid donde no se pudo aprobar la Propuesta No de Ley (PNL) inicial que había sido promovida por el Grupo Podemos y en la que el parlamento madrileño instaba “al Gobierno de la nación a la reforma del artículo 143.4 del Código Penal legislando la exención de pena para quien mediante actos necesarios o de cooperación activa facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables”. Pero por este párrafo hubiera sido sin duda rechazada por los votos de PP y Ciudadanos. De ahí que la PNL fue el resultado de una enmienda transaccional realizada por el Grupo de Podemos y el socialista. El texto por fin aprobado no era una novedad en su contenido. Como explicaba Carmen San José, portavoz de Sanidad de Podemos, lo que se aprobó por todos los grupos fue que se “cumpla la legislación en la Comunidad de Madrid”.

El miedo conservador incluso a que se estudie y debata en su momento este asunto en el Congreso de los Diputados, y a que se reforme el Código Penal en su art. 143 provocó el recorte de la propuesta de Podemos. No hubo ni estridencias ni tensiones en la sesión, pero se vio claramente el enfrentamiento ideológico que no debiera existir, pues con una legalización de las conductas eutanásicas a nadie se le obliga a morir; todo depende de la percepción que el ciudadano tiene de su existencia y de la opción que libremente pueda tomar.

Sensación agridulce

Al terminar la sesión la sensación de muchos parlamentarios y la de muchos ciudadanos asistentes en las tribunas era un tanto agridulce. Se había aprobado una propuesta, pero sentían vergüenza política pues no se había logrado abrir camino al deseo de la mayoría de la opinión pública ciudadana. Fue una vergüenza en cierta manera superada por el aplauso que se dedicó al médico Luis Montes, presente en la zona de invitados, encausado en el triste caso del hospital Severo Ochoa de Leganés en 2005. Era una alegría que la Asamblea recompensase al Dr. Montes de la infamia del consejero de Sanidad Lamela en uno de los gobiernos de Esperanza Aguirre, que dio por verdadera una denuncia anónima en que se incriminaba al Dr. Montes de 400 asesinatos en el departamento de Urgencias que el dirigía.

Los tribunales dieron la razón a Luis Montes reconociendo su correcta praxis médica, pero el gobierno de Esperanza Aguirre nunca reconoció su terrible error y mala -por no decir intencionada- gestión en el caso. Por ello el aplauso, aunque distante en el tiempo, no dejaba de ser un reconocimiento y un desagravio institucional al Dr. Montes y a su equipo de Urgencias.