En aquellos tiempos, dijo Aznar a sus discípulos: “Id y sentaos con los líderes del Movimiento de Liberación Nacional Vasco”. Sólo un año antes, esos líderes habían ordenado el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Para facilitar el diálogo, el Gobierno trasladó a más de un centenar de etarras a cárceles cercanas al País Vasco y puso en libertad a varias decenas de terroristas en una generosa aplicación de la legislación penitenciaria vigente. Uno de los beneficiados, Iñaki Bilbao, asesinó un par de años después al concejal socialista Juan Priedes. Lejos de criticar esas concesiones, la Conferencia Episcopal española alentó los contactos del Gobierno del PP con ETA, y llegó a describirlos en una nota oficial como “la búsqueda sincera de la paz”. El entonces obispo de Zamora, hoy de Guipúzcoa, monseñor Juan María Uriarte, hizo el papel de intermediario y árbitro de aquel diálogo.

No ha habido una sola tregua de ETA ni proceso de negociación desde 1976 en el que no haya participado la Iglesia católica. Representantes eclesiásticos vascos, franceses e irlandeses se han esforzado durante tres décadas por acabar con el terrorismo por la vía del diálogo. Siempre lo hicieron con el visto bueno de la cúpula episcopal y del Vaticano. Hace unos meses, el propio Uriarte hizo gestiones ante el ministro Rubalcaba para conseguir la excarcelación de Iñaki de Juana Chaos durante su polémica huelga de hambre. De modo que miente el actual portavoz de la Conferencia Episcopal y recién ascendido a obispo auxiliar de Madrid Martínez Camino cuando afirma que la Iglesia siempre ha rechazado que se considere “interlocutor político a una organización terrorista”.

No hay más que leer las actas de las reuniones mantenidas en Suiza por los “discípulos” de Aznar con la dirección de ETA y las intervenciones del árbitro y testigo de las mismas, monseñor Uriarte. Los obispos que firmaron anteayer la nota de diez puntos en la que implícitamente piden el voto para el PP en las próximas elecciones generales han hecho añicos el octavo mandamiento y por tanto han cometido pecado. Claro, la ventaja de su fe consiste en que toda cuenta pendiente con la recta moral queda liquidada si se confiesan al menos una vez al año y antes de comulgar.

Reincidentes

Una mentirijilla se le puede escapar a cualquiera, por muy obispo que sea, pero resulta más preocupante la reiteración en el pecado. Durante la concentración “en defensa de la familia” convocada por la Iglesia el pasado 30 de diciembre, se escucharon proclamas tan alejadas de la verdad como las consideraciones que ahora se lanzan sobre la política antiterrorista. El arzobispo de Valencia, García Gasco, proclamó la inminente “disolución de la democracia”, y el de Madrid, Rouco Varela, alma de hierro del Episcopado, afirmó sin sonrojarse que la España actual no respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No sólo han mentido en los conceptos, sino hasta en los números.

Sostienen que a la plaza madrileña de Colón acudieron dos millones de españoles. La medición del espacio ocupado en la concentración demuestra que para llegar a tal cifra habrían tenido que alzarse unos sobre otros hasta una altura de cuarenta cuerpos. Mayor milagro no se ha visto.

Para colmo, en el ejercicio de la hipocresía, un alto jerarca del núcleo duro de la Iglesia llamó por teléfono a un miembro del Gobierno al día siguiente de la concentración. ¿Motivo de la llamada? Monseñor quería expresar su consternación porque algunas de las intervenciones en el acto “se habían ido de las manos”. A saber a qué manos se refería, puesto que el discurso hípercrítico contra el Gobierno era tan múltiple como unívoco. Algo así como una santísima trinidad muy cabreada.

Que se presenten por el PP

La Iglesia tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano o asociación a expresar una opinión política. Es más, en lugar de tanto circunloquio en ese cóctel de moralidad y electoralismo que rezuma su último comunicado, haría bien en dar un paso más y pedir expresamente el voto para el Partido Popular, aunque lo consideren un “mal menor”, o incluso presentarse en alguna candidatura del partido, donde algunos obispos pueden encontrar más hueco que Ruiz-Gallardón. Desde dentro tendrían más posibilidades de conseguir lo que pretenden: la anulación de avances sociales como la ley de interrupción del embarazo, el matrimonio homosexual o la educación para la ciudadanía. Por defender, en su último “programa electoral” la Iglesia defiende a su peculiar manera hasta el Plan Hidrológico de Aznar. Háganlo, pero antes repitan cien veces el octavo mandamiento: “No dirás falso testimonio ni mentirás”.