A medida que se acerca el 24-M, los partidos políticos calientan su menú electoral precocinado. La primera en hacerlo ha sido Susana Díaz, que para lograr la investidura como presidenta de la Junta de Andalucía y evitar una nueva convocatoria electoral desgranó en su discurso de arranque una batería de propuestas de amplio espectro. Hasta el PP podría darse por satisfecho con la bajada de impuestos que ha puesto sobre la mesa la lideresa andaluza.

En cualquier caso, mucha tela marinera para lograr una investidura que, en teoría, no debería resultar tan cara. Los resultados electorales en sí mismos –el PSOE ganó claramente las elecciones, con 14 escaños de diferencia sobre el PP, segunda fuerza política- deberían facilitarla sin tanto cambalache.

Otra cuestión bien distinta es enjaretar un pacto de gobierno o de legislatura que favorezca la estabilidad que perseguía Susana Díaz cuando rompió amarras con IU y convocó elecciones.

Ahí, el PSOE tendrá que afinar más, porque dudo muy mucho que la reducción entre 2 y 3,5 puntos del tramo autonómico del IRPF, tan del gusto del PP pese al truco de los 1.235 millones de euros que debería abonar el Gobierno central, pueda sacarlo adelante con Podemos, que, pese al recorte de asesores, exigirá más gasto público.

De la misma forma, tampoco creo que Ciudadanos esté muy por la labor de apoyar la creación de una entidad pública de crédito, guiño de Susana Díaz a IU pero también a Podemos.

Pero, en fin, cabe también la posibilidad de que Susana Díaz opte por jugársela en alambre y busque unos pactos asimétricos –medidas económicas con Ciudadanos y PP y medidas sociales con Podemos e IU- que le permitan, al menos, llegar al ecuador de la legislatura, al objeto de cumplir su calendario de dar el salto mortal a Madrid con la pirueta inicial de hacerse con la secretaría general.

De todas formas, de las propuestas que formuló en la investidura, la que me parece más inoportuna es la reforma electoral, tal como la ha interpretado el PP, sobre todo si lo que se busca finalmente es reforzar a los grandes partidos en detrimento de los pequeños.

Como alternativa a este brusco cambio de terreno de juego, de normas y de árbitro, no estaría mal que el PP y el PSOE asumieran que tienen que enterrar el ordeno y mando y aprender a dialogar y a pactar. El mandato ciudadano es claro y no valen subterfugios reformistas para eludirlo.

Además, esta reforma, si tuviera que acometerse, debería formar parte de una reforma constitucional más amplia que persiga, con el consenso más extenso posible, zanjar definitivamente la crisis territorial que sufre España y atajar una corrupción que está debilitando el actual Estado de derecho. Dos problemas que, por cierto, son más perentorios que la inestabilidad que pueda provocar el actual sistema electoral.

Mermando previamente a los partidos minoritarios, entre los que estarían los nacionalistas, se abortaría ese gran consenso constitucional que necesita España para salir de una encrucijada que no superará ni dejando atrás totalmente la actual crisis económica.

Pero el furor propositivo no solo afecta a Susana Díaz. La lideresa madrileña del PP, Esperanza Aguirre, está que se sale. Después de plantear la retirada de mendigos de la vía pública por motivos turísticos, la candidata popular a la Alcaldía de Madrid ha prometido ahora rebajar el IBI un 50% si gana las elecciones.

Ya solo le falta convertir la impunidad en un derecho universal de todos los madrileños gracias a una acción judicial extremadamente amable y comprensiva. Es decir cómo salir limpia de polvo y paja, con una falta de nada, tras aparcar en el carril bus de la Gran Vía, ser multada por la Policía de Movilidad, darse a la fuga llevándose por delante una moto de la autoridad sin que medie un vulgar control de alcoholemia.

Si se compromete a implantar este nuevo derecho, no me cabe ningún tipo de duda de que se sentará a partir del 24-M en el sillón que ocupó Enrique Tierno Galván y conducirá los destinos de Madrid con la prudencia de un piloto suicida de Wacky Races.