Por alguna extraña razón, mucho de lo que nos rodea tiene tendencia a resquebrajarse. Todo se rompe o eso se nos dice, desde España, a la que no hay pegamento que arregle, a la convivencia, que es como una oda a la escayola. Deberíamos concluir que somos muy manazas o que los materiales de estos grandes asuntos son de pichiglás o 'made in China', donde lo único que no se programa es la obsolescencia porque ya viene incluida en la placa base. No es normal tanto destrozo ni en los juguetes de los niños y, por eso, hay que presuponer que se miente bastante y se exagera otro tanto a cuenta de estos estropicios. Mal que bien y aun a trompicones, el mecanismo funciona y, de fallar algo, ha de ser cosa de las pilas o del servicio de mantenimiento, que siempre ha sido muy deficiente.

Lo que va camino de no tener arreglo es la decencia, una pequeña pieza de la maquinaria que nos hace mejores como personas y como sociedad, un extra que algunos ni siquiera echan en falta y cuyo hueco aprovechan para acumular allí la basura que no les cabe bajo las alfombras. La decencia en política es un estorbo, sobre todo en crisis como la que vivimos, porque activa la dignidad, el respeto al otro y la propia conciencia, porque provoca un cuestionamiento constante de actos y declaraciones y porque hace imposible que todo valga sin hacer frente a absurdos remordimientos. En definitiva, es un apéndice molesto y extirpable.

De ahí que la indecencia esté siendo la norma y en lo alto de la montaña, coronándola, la acusación de que el Gobierno, criticable por muchas otras cosas, es el responsable directo de la muerte de miles de españoles por haber alentado las marchas del 8-M, sabiendo de antemano que el coronavirus, con su predilección por el color morado, iniciaría allí su escabechina. La prueba de cargo definitiva se ha conocido este lunes: una conversación privada previa a una entrevista a la Eitb, realizada el 9 de marzo, en la que la ministra de Igualdad reconoce que el coronavirus restó afluencia a las concentraciones.

Ni siquiera merece la pena detenerse en la difusión del off the record y en cómo este acabó siendo publicado por el diario ABC, porque la decencia, que en el periodismo se llama deontología, también está en paradero desconocido y, aun siendo una canallada eso de saltarse las normas básicas de la profesión, podría justificarse en el supuesto interés público de las revelaciones.

La única responsabilidad criminal que se aprecia en la grabación es la de quienes han estrangulado la ética con el único objetivo de derribar al Gobierno y ni siquiera dudan en tergiversar lo que allí se dice. ¿Que Irene Montero conocía entonces la existencia de un bichito contagioso? Pues como todo el mundo con ojos y oídos. Pero como no bastaba con eso, había que manipular el sentido de sus palabras. La ministra no dice que sintió temor por los besos y abrazos que tuvo repartir ese día sino que lo hubiera tenido si ella y el Gobierno se estuvieran dejando llevar “por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay”. Es más, ensalza la gestión del Ejecutivo y su comunicación basada en datos médicos: “Siempre priorizar la salud”, afirma, al tiempo que recela ingenuamente de las medidas drásticas tomadas en otros países. A Montero se le puede acusar de no haber previsto la dimensión posterior de la epidemia pero confirma lo que hasta ahora ha mantenido el Gobierno, esto es, que el 8-M desconocía lo que supo días después cuando decretó el estado de alarma.

Los que ahora exigen la cabeza de Montero, piden que sea citada por la Fiscalía y no han dejado de atribuir al Ejecutivo haber perpetrado una suerte de genocidio por motivos ideológicos, es decir el PP y su primo ultra de Zumosol, son los mismos que consentían en ese mismo momento aglomeraciones masivas en los transportes urbanos de su competencia, los que repartían besos y abrazos en sus cónclaves y los que establecían protocolos para que no se trasladara a los hospitales y se dejara morir en las residencias a miles de ancianos a los que se negó el tratamiento por su grado de dependencia y ni siquiera se les dio la oportunidad de salvarse medicalizando sus geriátricos.

Esto último es lo que ha denunciado el consejero de Políticas Sociales de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos), partidario de que una comisión de investigación depure responsabilidades. Reyero ha demostrado que, incluso en la derecha, es posible encontrar algo de decencia si se observa al microscopio pero es altamente improbable que continúe mucho tiempo más en el cargo con la presidenta de las suites del todo incluido al frente. Sostener, como ha hecho, que se ha privado a los ancianos del derecho a la sanidad pública por el mero hecho de vivir en una residencia, le hace merecedor del castigo correspondiente.

Se nos ha roto la decencia y se hace ostentación de sus desgarros. Era fundamental en estos tiempos en los que era exigible anteponer el bien común al beneficio propio. En su lugar, se ha optado por usar a los muertos para alcanzar el poder y liquidar la dignidad a precio de saldo. Ni siquiera dan miedo sino una pena infinita.