CARMEN MAGALLÓN

Hoy se cumple un año del comienzo del ataque de Israel a Gaza. En aquellos 23 días de ataque, según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, hubo 1.414 muertos y 5.300 heridos, más de un cuarto de ellos, niños y niñas; 13 israelíes murieron también. Veinte mil casas fueron total o parcialmente destruidas, e incluso escuelas, edificios de Naciones Unidas y hospitales fueron bombardeados.

Hoy, en Gaza, la vida sigue siendo muy dura. La población afronta el invierno sin que la reconstrucción haya sido posible debido al mantenimiento del bloqueo por parte de Israel, que impide la llegada de los materiales necesarios –madera de construcción, cemento o cristales para los edificios– bajo la alegación de que se utilizarán para agredirle. Las restricciones sobre las actividades agrícolas y de pesca tienen también graves repercusiones en la vida cotidiana.

El pasado octubre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sesión especial, aprobaba el informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en Palestina y otros territorios ocupados”, resultado de la misión de investigación llevada a cabo sobre el ataque a Gaza y sus consecuencias. Conocido por el nombre del jurista sudafricano que lo dirigió, Richard Goldstone, el informe recoge la existencia de hechos susceptibles de ser considerados crímenes de guerra.

En el párrafo 1891, el informe señala que “las pruebas obtenidas por la Misión demuestran que la destrucción de instalaciones de aprovisionamiento de alimentos, sistemas de saneamiento de agua, fábricas de hormigón y viviendas fue el resultado de una política deliberada y sistemática de las fuerzas armadas israelíes. Esta destrucción no se ocasionó porque esos objetivos presentaran una amenaza o una oportunidad militar, sino con el fin de hacer más difícil para la población civil la vida cotidiana y las condiciones de vida dignas”. Si ya de por sí cualquier guerra en la que mueren los combatientes es inhumana, ante la tendencia a colocar a la población civil en el objetivo, de tomarla como rehén de guerra, no habríamos de cejar en la reafirmación de la convicción y la denuncia de la perversión que supone este hecho, suceda donde suceda.

En el conflicto de Palestina-Israel, la reanudación de las conversaciones de paz está siendo torpedeada por la continuación de los asentamientos, y la división de los palestinos aleja la solución. Pero existe una responsabilidad común para la preservación de la vida cotidiana de la gente en condiciones de dignidad. Los países donantes son ahora remisos a la ayuda porque los fondos dedicados en el pasado en la reconstrucción de escuelas y hospitales fueron volatilizados por los misiles y las bombas. Habrá que buscar garantías internacionales para que no vuelva a suceder. Y plantar cara a Israel. No veo ningún líder capaz de hacerlo. Pero puede ejercer presión la sociedad civil del mundo. Un año más tarde, no podemos olvidar a Gaza, abandonando a su suerte a una población traumatizada por los ataques y por la incertidumbre del futuro. El bloqueo ha de ser levantado.

Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz