“Ese interés abrumador por imputar a los anarquistas cualquier crimen con el fin de deteriorar la imagen del colectivo ha sido una constante en la historia de este país y de cualquier país". Esa frase del escritor Juan Madrid vendría al pelo a propósito de las llamadas Operación Pandora y Operación Piñata, que se han saldado con copiosas detenciones. Sin embargo, dicha percepción data de mucho antes y describe una secuencia que nos llevaría, al menos, desde la Mano Negra, a finales del siglo XIX, hasta el llamado Caso Scala, una centuria después.

El contexto histórico es diferente, desde luego, pero el propósito es el mismo: el de asociar el movimiento anarquista con la violencia y encontrar una coartada formidable para restringir libertades so pretexto de perseguir al terrorismo, un fenómeno desdibujado desde el abandono de la lucha armada por parte de ETA. Detenciones arbitrarias, redadas indiscriminadas, hallazgo de documentos pintorescos con que establecer la carga de la prueba podrían citarse como los condimentos del operativo policial contra el anarquismo que ha vivido España desde antes de Navidad, en un país donde las revueltas de dicho signo político no han alcanzado precisamente la crudeza de similares movilizaciones en Grecia, en Italia o en Francia,

De la Mano Negra al Caso Scala.-

Todo ese amasijo de indicios recuerda poderosamente a la gestación y disolución de la Mano Negra, en el bienio 1882-1883, durante el reinado de Alfonso XII. Entonces, el hallazgo de unos estatutos del Tribunal Popular que habría de constituirse contra los crímenes de la burguesía y la localización de unos papeles titulados «La Mano Negra. Reglamento de la Sociedad de Pobres, contra sus ladrones y verdugos. Andalucía», justificaron prisiones masivas y ejecuciones a granel, como escarmiento público y aviso a navegantes para quienes pretendieran rebelarse en una tierra fieramente castigada por el hambre y el latifundismo.

Ya Vicente Blasco Ibáñez, en su novela “La bodega”, casi veinticinco años después, dio a entender que todo había sido una bandera falsa del gobierno para machacar al movimiento anarcosindicalista antes de que cobrara fuerza. Con el trasfondo de tres crímenes de sangre, que sí fueron reales, lo cierto es que entre 3.000 y 5.000 anarquistas habrían de ser detenidos en las semanas siguientes y no por su pertenencia a la supuesta Mano Negra, que jamás registró actividad alguna, sino a la Federación de Trabajadores, que era una organización plenamente legal aunque terminó abrazando la clandestinidad en algunos municipios.

El miedo al anarquismo también fue explotado con harta frecuencia en la España del siglo XX, desde los sucesos de Casas Viejas en enero de 1933 al Caso Scala, en plena transición española. Y es que, en 1978 y en protesta por los Pactos de la Moncloa, la CNT y otros grupos anarquistas convocaron una manifestación en Barcelona que logró reunir a más de 10.000 personas. Al finalizar la marcha, algunos de los asistentes a la misma, a instancias de un misterioso confidente llamado Joaquín Gambín, lanzaron varios cócteles molotov contra la discoteca Scala. Cuatro trabajadores que permanecían en el interior del recinto y dos de los cuales estaban afiliados a CNT, murieron asfixiados. Más allá de las pesquisas policiales y del encausamiento judicial de los hechos, lo cierto fue que, a partir de entonces, el movimiento anarquista en Cataluña se desinfló en número de afiliados, antes incluso de que surgiera la CGT. La única diferencia entre dicho relato y lo que ocurre ahora es que las garantías democráticas están, hoy día, más asentadas. O debieran estarlo. Un estado de derecho no tendría que permitir, por ejemplo, que so pretexto de identificar y detener a los culpables de colocar un par de bombas caseras en la Basílica del Pilar de Zaragoza o en la Catedral de la Almudena de Madrid, se detenga a un ejército de sospechosos.

Entre Pandora y Piñata.-

Tras la Operación Pandora de diciembre, en marzo de 2015, la Operación Piñata arrojaba 51 detenciones en diversos puntos de España, con la imputación a trece personas de cargos relacionados con su pertenencia a “organización criminal con fines terroristas”, a partir de sus arrestos en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada. Formarían supuestamente parte de los llamados Grupos Anarquistas Coordinados, una organización que se dio a conocer en junio de 2012 y que reivindicaba la autogestión y el antiautoritarismo pero sólo preconizaba la intervención en conflictos ya generados. En sus documentos fundacionales, junto con la reivindicación de la vieja ética anarquista, aceptaban el sabotaje aunque no concretaban su significado. En cualquier caso y como recogieron los Mossos d´Esquadra tras las primeras detenciones, se trataría de un instrumento “valioso en sí mismo en nuestro camino de desestabilización, colapso y destrucción del sistema y al mismo tiempo como propaganda que incite a la lucha contra todas las estructuras de dominación y extensión de la agitación y la revuelta, la agitación de las conciencias, de la vida, de los conflictos contra el poder y sus representantes”. ¿Su propósito de extender la revuelta puede relacionarse con el envío de cartas bomba como le imputan las fuerzas y cuerpos de seguridad? En su manifiesto fundacional, si es que se le puede llamar así, afirman taxativamente: “Nuestros principios rechazan la violencia, no creemos en una sociedad violenta y el mundo ideal y de relaciones solidarias a las que aspiramos están exentas de ella. Sin embargo en la sociedad actual y dados los mecanismos de dominación que gobiernan nuestra vida consideramos indispensable la práctica de la autodefensa. Buscamos una sociedad en la que los conflictos se diriman sin imposiciones, aspiramos a vivir pacíficamente, pero porque valoramos nuestra libertad, cuando no nos es respetada, consideramos legítimo defenderla lo mejor que podamos”.

¿Qué se les atribuye, en principio? A partir de diciembre de aquel año y hasta febrero del siguiente, la colocación de un artefacto explosivo en una sucursal de Caixabank en el barrio del Clot de Barcelona, dos cartas bomba contra el arzobispo de Pamplona y el obispo de Tudela, contra el director de un colegio de los Legionarios de Cristo en Madrid y un ataque con bomba a la catedral de La Almudena, en dicha ciudad, aunque el explosivo colocado en un confesionario no llegara a estallar. En abril de 2013, vendrían otros ataques de menor calibre contra otra sucursal de CaixaBank en Barcelona y contra una del BBVA en Madrid, más nuevas cartas bomba contra empresas italianas con sucursales en Cataluña, un falso paquete explosivo dirigido a una empresa en Valencia o el suceso de la Basílica de Zaragoza.

Un año más tarde, la Operación Pandora, desarrollada el 17 de diciembre de 2014 en Madrid, Barcelona, Sabadell y Manresa, supondría teóricamente la desarticulación completa de este grupo, cuya biblia laica es un manifiesto titulado “Contra la democracia”, que puede consultarse en internet pero que en las diligencias judiciales parece jugar un rol similar a aquellos viejos papeles de “La Mano Negra”. Dentro del mismo saco, se intentaría relacionar a dichos Grupos con el llamado Comando Insurreccional Mateo Morral –en memoria del anarquista oportunamente asesinado tras lanzar una bomba contra Alfonso XIII y su esposa--, así como con la organización italiana Federazione Anarchica Informale-Fronte Rivoluzionario Internazionale (FAI-FRI), catalogada como terrorista por la Unión Europea y con la que los libertarios españoles niegan vinculación alguna. Cierto es que los GAC no llegaron a pedir su legalización, pero las Juventudes Libertarias tampoco. Y muchas otras organizaciones sin papeles que funcionan en cualquier Estado democrático.

El terrorismo anarquista se había implantado en España, pregonó unos meses antes, en junio, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, a sabiendas de que dicho eje del mal pasaba a ser considerado como una prioridad absoluta de sus agentes.“Nadie podría alterar la paz social en las calles”, añadió como si en lugar de terroristas se estuviera refiriendo a algún heredero punk del Cojo Manteca.

Las pruebas y las cargas.-

Las detenciones de la Operación Pandora y de la Operación Piñata desembocaron, sobre todo, en centros sociales como el de La Quimera y 13-14, ambos en Madrid: lejos de encontrar material adecuado para la fabricación de bombas, los registros se saldaron con la requisa de material informático y, al parecer, pequeñas sumas de dinero. Los cargos de muchas de estas detenciones se redujeron, de hecho, a imputaciones de resistencia, desobediencia y usurpación. De confirmarse que la policía no hubiera exhibido la orden judicial oportuna, dichas acusaciones podrían perder fuerza en un juicio oral. Cuando el juez Velasco dictó finalmente prisión incondicional contra cinco de los detenidos en la Operación Pandora -- Enrique Balaguer Pérez,Paul Jara Zevallos, Javier García Castro, Jorge Linares Izquierdo; y Javier Grijalbo Adan-- ya se les endosaba daños y estragos en 114 cajeros automáticos, que a sabiendas de que eran grabados por las cámaras de seguridad pretendían ser una “accion solidaria con los tres presos en huelga de hambre, Jose Antunez, Xabier Corporales y Javier guerrero”, en distintas prisiones españolas.

Entre las pruebas incautadas tanto en centros sociales ocupados como en viviendas privadas, figuraron según la información oficial difundida por los medios de comunicación “manuales para confeccionar explosivos y de táctica de guerrillas, fotos de policías y de comisarías como presuntos objetivos de sus ataques, reivindicación de actos con artefactos incendiarios, documentos de organización y financiación y proselitismo de jóvenes para realizar actos terroristas, manuales de autodefensa y de técnicas para evitar el seguimiento y la detención policial, así como dispositivos técnicos de acceso cifrado a WiFi para hacer anónima su navegación en Internet, ocultos en bolsas de aseo”.

Sin embargo, las pruebas que pesan sobre algunos de tales supuestos no sólo son circunstanciales sino que rozan lo pintoresco. Por ejemplo, el magistrado Eloy Velasco, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de los de Barcelona, al procesar a dos personas con motivo del la bomba del Pilar, que no causó heridos, les atribuye también un plan para atentar contra la Basílica de Monserrat en Barcelona, a la que ambos detenidos –Mónica y Francisco-- visitaron como millones de turistas: “Del abundante material intervenido a los imputados se deduce la ideología anarquista de los mismos, difícilmente compatible con las creencias de la fe católica o el interés por el arte sacro”, puede leerse en la causa, junto con una observación propia de Sherlock Holmes: “Tómese en consideración que, en las imágenes obtenidas delante de la Virgen de Montserrat, los acusados no muestran interés alguno en la figura de la Virgen, y sí en el resto del templo”. Si estas son las pruebas en su contra, hasta un pasante podría rebatirlas. Ahora también tocará demostrar que ambos encarcelados forman parte de los GAC. O viceversa.

Tras las detenciones de la Operación Pandora, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de los de la Audiencia Nacional, les considera como miembros de una plataforma que facilita “un punto de encuentro de grupos violentos con fines terroristas”. En su contra, un servidor de mail, algunas actas de asambleas, ejemplares del libro “Contra la democracia” , así como evidencias de haber lanzado bengalas y petardos o quemar contenedores. La fianza de tres mil euros fijada contra los detenidos tampoco hace pensar que piensen en aplicarles la prisión permanente revisable. Y, de hecho, en el auto correspondiente sólo se habla de que los investigadores parten de “decenas de indicios tanto de la unidad ideológica, como de la estrategia para desestabilizar el Estado y alterar gravemente la paz pública”. La descripción de su modus operandi e aproxima más al de las las algaradas que al de los atentados: “Actúan siempre de forma violenta, lanzando bengalas y petardos, incendiando contenedores, dañando el mobiliario urbano y la propiedad particular”, describe el juez.

La contundencia con que se ha reprimido las movilizaciones de protesta por estas detenciones no sólo apuntan a una nueva criminalización del anarquismo sino a una experiencia piloto de la Ley Mordaza, como algunos testigos presenciales denuncian de las cargas y detenciones practicadas e pasado 2 de abril en la madrileña plaza de Tirso de Molina. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial llegaron incluso a detener a personas que no habían participado en la concentración y que se limitaban a protestar por los golpes propinados a una de las manifestantes. Todos estos acontecimientos se producen, casualmente, en la misma geografía urbana donde se registraron veinte detenciones en protesta por los desahucios, a lo que cabe sumar las sentencias contra las protestas frente al Parlament de Cataluña y Can Vies, la Operación Pastor o las detenciones tras las Marchas de la Dignidad. La lucha contra cualquier tipo de terror es demasiado seria como para que un Gobierno autoritario la confunda con la represión de la disidencia.