Escrito por Manuela Bergerot, del Área Estatal de Memoria Democrática de Podemos, y Pablo Padilla, diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid

El pasado 12 de Mayo en la Asamblea de Madrid debatimos la propuesta, presentada por Podemos, de colocar una placa en Sol para honrar a las víctimas de la dictadura torturadas en la antigua Dirección General de Seguridad (DGS), actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Dicha iniciativa forma parte de nuestro compromiso electoral sobre políticas para garantizar el derecho a la verdad, como es la señalización de los Lugares de Memoria. Lamentablemente no fue aprobada por los votos en contra de PP y Ciudadanos.

En unos días se cumple el 80 aniversario del golpe de Estado perpetrado por un grupo de militares que, con Francisco Franco a la cabeza y apoyado por el nazismo alemán y el fascismo italiano, atacaron violentamente al orden democrático y legítimo provocando una guerra civil y una dictadura donde se cometieron crímenes de lesa humanidad y que a día de hoy todavía están impunes.

Ante el aniversario de esta fecha, que supuso el inicio de la persecución, el hostigamiento, la tortura y el asesinato de miles de personas, desde Podemos hemos propuesto a todos los grupos parlamentarios la lectura de una Declaración Institucional condenando el golpe de Estado y la sistemática violación de Derechos Humanos que generó. Entendíamos que, la Asamblea de Madrid, como espacio institucional, tenía de nuevo la oportunidad de contribuir en la construcción de una cultura de los derechos humanos frente a la cultura de la impunidad, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

No pretendemos, en esta materia, ser pioneros ni hacer nada extraordinario. En marzo de este año, en Catalunya, el Parlament, condenó el franquismo por unanimidad; en Aragón, el mes pasado, se condenó el golpe de Estado y la dictadura franquista con los votos del PP; este mismo mes, el pleno del Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado una moción de condena a la dictadura franquista con la ausencia del PP; ayer mismo, la Diputación de Soria secundaba una declaración rechazando el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 y la represión que supuso la dictadura… Estos son solo algunos ejemplos de cómo, desde las instituciones, se puede marcar la diferencia.

De nuevo, el PP y Ciudadanos impiden con su rechazo, garantizar los Derechos Humanos con actitudes y prácticas que serían inconcebibles en cualquier país democrático.

La fortaleza de nuestras instituciones no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar y ocultar parte de su historia, sino por su capacidad de afrontarla cumpliendo los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es deber de nuestras instituciones mostrar explícitamente el rechazo de una dictadura que negó la libertad y vulneró derechos que hoy son fundamentales e irrenunciables en el ejercicio de nuestra convivencia.

Por ello, seguiremos trabajando en los parlamentos, de diferentes escalas administrativas, guiados por los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.