ZARAGOZA.- Las Cortes de Aragón han aprobado por unaminidad la primera resolución en la que la cámara condena de manera explícita el “golpe de Estado” y el “régimen de dictadura militar” de Franco. La resolución, defendida por el diputado de Cha Gregorio Briz –profesor de historia-, incluye la reivindicación del proyecto de estatuto de autonomía de Caspe de 1936 y el Consejo de Defensa de Aragón, la inclusión de referencias a este último en el currículum educativo aragonés y un llamamiento al Gobierno autonómico para que lleve a la cámara el proyecto de “ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista y de dignificación de las fosas comunes”.

Briz pidió a los grupos “generosidad para lograr de una vez por todas lo que nunca se ha logrado: una condena que dignificaría la posición institucional” de las Cortes. “No se trata de hablar de ajustes de cuentas, sino de cerrar las heridas y reconocer el papel de los que lucharon por la democracia”.

El PP, a pesar de votar finalmente a favor, intentó descafeinar la resolución con una enmienda que proponía ampliar la condena a “todo tipo de violencia y represión política en los años previos a la guerra”. Briz la rechazó: “Es complicado. ¿Vamos a 1830? ¿A las guerras carlistas?”.

El PP intentó maquillar las atrocidades del franquismo señalando que “hace 41 años que acabó y desembocó en el periodo más próspero de la historia de España”

Los conservadores, cuyo diputado Fernando Galve intentó maquillar las atrocidades del franquismo señalando que “hace 41 años que acabó y desembocó en el periodo más próspero de la historia de España”, acabaron apoyando la propuesta inicial de Cha, aunque acusando a la izquierda de “querer seguir alimentando el frentismo”.

“España ya no está partida. Hoy lo hemos demostrado”, ironizó el nacionalista, mientras Darío Villagrasa, del PSOE, denunciaba las posiciones de “falsa neutralidad” con las cuestiones memorialistas. “Hay una diferencia entre los que están enterrados en cementerios y los que siguen en cunetas y sus familiares continúan buscándolos”, recordó.

La historia de Francisco Serrano, comandante de uno de los batallones de la Agrupación Guerrillera de Levante, del maquis, ha puesto sobre la mesa una de las lagunas de la Ley de Memoria Histórica: la dificultad, o más bien imposibilidad, de que las familias de víctimas de la guerra civil y la dictadura puedan rescatar sus restos para darles sepultura.

Las Cortes de Aragón han aprobado este miércoles una resolución por la que mandatan al Gobierno autonómico para que coordine con las comunidades autónomas “en los que se tenga constancia de que existan restos localizados de aragoneses asesinados” durante la guerra civil y la dictadura “a fin de facilitar su regreso a Aragón en caso de ser solicitado”. La resolución, aprobada por unanimidad a propuesta de C’s, reclama también al Gobierno central a que impulse la Ley de Memoria Histórica “con dotación presupuestaria suficiente”, tras su recorte a cero a partir de 2013.

Las Cortes piden que el Gobierno coordine con otras comunidades la exhumación y regreso de aragoneses asesinados durante la Guerra en otros territoriso

La propuesta, impulsada por el su coordinador autonómico de C’s, el historiador turolense Ramiro Domínguez, que ha realizado varias investigaciones sobre el maquis, tiene su origen en la historia de Lidia Serrano, hija de Francisco –alias El Rubio y El Pitarquino-. Su padre dejó la casa familiar cuando ella, nacida en 1936, tenía 10 años. Volvió a verlo dos veces antes de que muriera la madrugada del 3 de agosto de 1954 cerca de Tortosa (Tarragona).

Lleva desde entonces enterrado en una tumba sin nombre de esa localidad tarraconense. Sin embargo, todas las gestiones y esfuerzos que su hija ha realizado para poder trasladar sus restos a Castellote (Teruel) han resultado infructuosos al no existir medios ni órganos de coordinación entre comunidades autónomas en asuntos de Memoria Histórica. “Lo que pretendo es que pueda tener sus restos antes de que ella muera”, explica Domínguez.

La familia Serrano vivía y trabajaba en la masía Vallibona, a la que su padre regresó poco después de acabar la guerra tras haber luchado en el bando republicano. Su tío Miguel tardó algo más, ya que pasó un tiempo en un campo de concentración. Al regresar, se vio obligado a pasar cada pocos días por el cuartelillo. Hasta que se hartó de esa situación y decidió ocultarse y vivir como un topo en la casa. Así estuvo durante cinco años, hasta que, a mediados de 1946, fue visto por un grupo de vecinos que acompañaban a unos topógrafos. Huyó a la mañana siguiente, antes de que la Guardia Civil fuera a buscarle.

Los agentes se llevaron a su hermano y a su padre Isidro, en lo que fue el inicio de un calvario familiar con frecuentes hostigamientos, detenciones y torturas. Francisco, que llegó a perder las uñas en uno de esos episodios, y su padre decidieron unirse al maquis, que tenía unidades desplegadas por el Maestrazgo y los Puertos de Beceite –a caballo entre Teruel, Tarragona y Castellón- desde la fallida invasión del valle de Arán en 1944.

Francisco participó en varias acciones armadas como miembro del grupo de La Pastora, Teresa Pla Messeguer, uno de los miembros del maquis más buscados y que sufrieron penas de prisión más largas –salió en 1977-, en Fortanete, Fes o Las Parras de Castellote antes de abandonar la agrupación guerrillera en 1950, desencantado por su politización. Siguieron subsistiendo a base de golpes y viviendo en el monte, con episodios como la noche que llegaron a compartir techo –pero no piso- con una patrulla de la Guardia Civil en una masía del barranco de Zoticos cuyos habitantes, tras darles cobijo, les ayudaron a huir.

Francisco Serrano murió como consecuencia de los balazos que recibió durante un tiroteo en la masía de El Reguer, en el Baix Ebre, en la que vivían los dueños de Arroces Nomen. Calcularon que podían obtener un botín para tirar un tiempo, aunque no contaban con que uno de los ocupantes de la casa guardaba la pistola que había utilizado durante la guerra. Salió con vida de la casa, pero murió desangrado esa misma noche. Cuando la familia recibió la noticia de su muerte, sus compañeros ya le habían enterrado en una tumba sin lápida ni símbolos en el cementerio de Tortosa en la que años después, entre finales de los años 70 y principios de los 90, alguien depositaba flores varias veces al año.

Fue identificado hace menos de cinco años, cuando una de las asociaciones de Memoria Histórica que trabajan en Catalunya contactó con un anciano que, casi seis décadas antes, había ayudado a los guerrilleros a trasladar el cadáver a lomos de su mulo hasta el cementerio. “Lo conoció y lo vio marchar”, explica Domínguez, que se ha marcado como meta que Lidia pueda sepultar en el cementerio de su pueblo los restos de su padre.

“Quiere enterrarlo en un lugar en el que pronto estará ella”, añade. Con 80 años y después de una azarosa vida –tuvo que hacerse cargo de su hermana menor por la enfermedad de su madre antes de que les quemaran la masía-, ella espera poder cumplir ese anhelo “después de mil trabas y mil historias”, anota el diputado.

La proposición fue apoyada por los seis grupos de la cámara, incluidos el PP y el Par, cuya diputada, María Herrero, recordó que en España “hay gente que sigue teniendo una huella emocional porque no sabe dónde están los restos de sus familiares o no puede tenerlos cerca”.