En estas ya casi cuatro semanas que llevamos de encierro hogareño se ha instalado entre las certezas patrias indiscutibles la estúpida idea de que mientras dure la crisis del coronavirus, la oposición no puede criticar al gobierno sin caer en felonía, deslealtad e incluso traición.

En una especie de consenso orquestado y borreguil, tertulianos y opinadores se rasgan las vestiduras al escuchar la más pequeña crítica al aspecto más lateral de la acción del gobierno, y expulsan a las tinieblas exteriores a quienes las profieren.

Como si del mantra de una secta suicida que administran estos nuevos sacerdotes del consenso se tratase, la más mínima duda sobre las medidas tomadas por el gobierno, ya sean estas sanitarias, estratégicas, económicas o meramente de transporte de mercancías son contestadas por estos nuevos inquisidores con condenas de pública infamia, paseo vistiendo el preceptivo sambenito y hoguera liberadora tras la oportuna confesión de los pecados; emulando en cierto modo a Salvatore, el hereje dulcinista que tan magistralmente dibujó Umberto Eco en El nombre de la rosa con su “¡Penitenciagite!”.

En algún punto de nuestra educación para la ciudadanía hemos fallado para que alguien llegue siquiera a pensar ( he visto incluso a algunos defenderlo en los medios) que un gobierno en estado de alarma no es susceptible de crítica política y de fiscalización parlamentaria. Lo es, y además lo es en grado sumo.

Cuando el legislador introdujo en la constitución los artículos del 162 al 165, posteriormente desarrollados por ley orgánica en 1981, lo hizo equilibrando las capacidades extraordinarias que podía el gobierno de turno asumir en determinadas circunstancias (también extraordinarias) introduciendo la muy constitucional capacidad de control ex-post por parte de la oposición.

Es decir, en el estado de alarma no se suspende nuestra democracia, no se suspende la libertad de prensa y por supuesto no se suspende el papel central del Congreso de los Diputados, que como órgano en el que reside la soberanía nacional es quien ha de convalidar estas medidas excepcionales en su pleno precedidas por el preceptivo debate.

En política el consenso no es un estado del alma, ni siquiera en medio de un estado de alarma, es una gimnasia. Una gimnasia que ha de ejercitarse cada día moviendo los músculos del diálogo, la corresponsabilidad y el pacto. Y son músculos muy difíciles de mover si el presidente del gobierno no llama al líder de la oposición durante 12 días.

Miren, en una democracia, el papel de la oposición, y más en circunstancias en las que se ha otorgado poderes extraordinarios al gobierno, es ejercer su papel fiscalizador de mismo, cuestionando sus decisiones cuando les parezca oportuno e incluso votando contra las que consideren perniciosas para el país, que para eso les han votado libremente varios millones de españoles.

Y no se preocupen, la oposición, si no mide bien, también deberá responder ante su electorado en las siguientes elecciones. Tal es la belleza de la democracia.

Basta ya, por tanto, de acusaciones, anatemas y reconvenciones, necesitamos una oposición responsable, es decir, una oposición que cuestione, critique, debata, y si procede, consensue y si no, censure. No una oposición que calle mansamente.

Ese es el rol que le otorgó el legislador a la oposición, el de vigilancia permanente del gobierno, y más aún de un gobierno que posee los extraordinarios poderes que le otorga estado de Alarma.

Nuestra libertad depende de ello.